Silencio y miedo en el norte de Urabá

Silencio y miedo: eso es lo que se siente en el norte de Urabá ante temas como la restitución de tierras. Los municipios de Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá padecen el férreo control de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’. Esta estructura armada, surgida a mediados del 2006 como prolongación de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), domina la vida cotidiana de sus habitantes, tanto en áreas urbanas como rurales.

Los ‘Gaitanistas’, que también se conocen en la zona como ‘Los Urabeños’ o ‘Águilas Negras’, le han impuesto a las víctimas del paramilitarismo una regla con graves implicaciones para sus derechos: tienen prohibido reclamar tierras. Sólo les permiten solicitar la reparación administrativa, en los casos de tener algún muerto entre sus familias, y las ayudas humanitarias que les entregan a aquellos que se han declarado como desplazados.

En esas localidades, otrora la puerta de entrada de las autodefensas de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, al departamento de Antioquia, expertos estiman que hay numerosos casos de abandono y despojo de predios, pero no hay un volumen de reclamación significativo. A través de diversos mecanismos ilegales, las expropiaciones de fincas comenzaron en esta subregión en 1994 y se prolongaron hasta entrada la década del dos mil. Al frente de ese proceso estuvieron facciones paramilitares que venían avanzando desde Córdoba, acompañadas por inescrupulosos empresarios y terratenientes. Pero hoy nadie habla de ello, el miedo se ha impuesto entre los afectados y, más grave aún, entre los funcionarios locales.

Las pistas de la dimensión del despojo en algunos municipios del norte de Urabá las dio hace varios meses ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz Ever Veloza García, alias ‘HH’, excomandante del Bloque Bananero de las AUC, desde una celda en Estados Unidos. Según él, a los campesinos que llegaban a San Pedro de Urabá huyendo de la confrontación armada que se daba en las áreas rurales a mediados de los noventa les adquirían sus predios a bajo precio. Y señaló a Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, como uno de los mayores compradores de tierra para los hermanos Castaño Gil: “Imagínese, esos campesinos desplazados aguantando hambre y llegaba él con sus escoltas y le decía ‘venda su tierra, le vamos a pagar a 50 mil pesos’. Ante eso el campesino tenía que vender. Siempre estaba el temor a los fusiles de las autodefensas. Esas tierras fueron prácticamente robadas”.  

Los ‘Gaitanistas’ alcanzaron la hegemonía en Urabá a mediados de 2012, luego de cruentos enfrentamientos con ‘Los Rastrojos’ en algunos de los municipios del Eje Bananero. Hoy dominan el territorio y cuentan con dispositivos de control de vías entre los municipios de Mutatá, en el sur, hasta Arboletes, en el norte. Además, según cuentan en Apartadó, su dominio se extiende hasta la administración pública, particularmente sobre algunas dependencias que, por ley, deben velar por los derechos de las víctimas. Tal estado de coacción ha impedido que se adelanten procesos organizativos fuertes alrededor del tema de la reclamación de tierras.

Palabras como “zona vedada” e “inexpugnable” son constantes entre funcionarios estatales y de organismos internacionales que tienen entre sus funciones adelantar trabajos en el norte de Urabá. Todos ellos coinciden en resaltar el silencio de las víctimas como un factor preocupante, porque dificulta el diagnóstico de la situación e impide la satisfacción plena de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con algunas versiones que escuché recientemente en la región, la mayoría de los despojados atienden las indicaciones de ‘Los Gaitanistas’, y prefieren vivir a morir asesinados por solicitar la restitución de sus predios. Las pocas solicitudes instauradas fueron presentadas por víctimas que están en otras zonas del país. En la actualidad, los municipios de Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá están entre los más complejos en el país para alcanzar una restitución plena de predios, tanto jurídica como material. En esas localidades, el Estado se demorará para hacer una radiografía del despojo. Allá la autoridad la tienen otros.

Los ‘Gaitanistas’ tienen extorsionado a todo el comercio, controlan salidas estratégicas hacia el mar Caribe a través de las cuales hacen sus despachos de cocaína a los mercados internacionales y casi que de manera permanente reclutan nuevos miembros, tanto en sectores rurales como urbanos. Aquellos que se resisten son asesinados.  

Uno de los casos más dolorosos es el de Juan Pablo Atahualpa Gómez Ruiz, de 28 años de edad, acribillado el 14 de agosto de 2009 en Arboletes. Sobre él, su padre el periodista Luis Eduardo Gómez Cubillos escribió en su libreta de apuntes: “Mí hijo fue en su totalidad bueno. No hizo daños. Nadie, ni los mismos que lo mandaron asesinar pueden hablar mal de él. Todo por no hacerles caso y que aceptara lo del grupo y porque no quiso ni se dejó ‘robar’ la moto  de su propiedad empezó el rencor y la envidia”.  El 30 de junio de 2011, y tras investigar de manera exhaustiva el crimen de su hijo y los fenómenos de violencia en la región, fue asesinado el comunicador. Hoy, sus archivos, de los cuales tengo una copia, son una prueba irrefutable de los padecimientos de una región pujante, pero sometida a la ilegalidad.

El Estado está en la obligación de crear las condiciones de seguridad necesarias para que los reclamantes recuperen sus predios, regresen a ellos, trabajen y produzcan de manera rentable. Esa es la única vía para reparar el daño que produjeron aquellos que se concertaron, con la protección de sectores del Estado, para robar tierras aprovechándose del poder paramilitar. Si ello no se logra, de nada valdrá tanto esfuerzo.

* Periodista y docente universitario.