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Opinión

  • | 2007/10/27 00:00

    Sin educación ni pío

    Gina Cabarcas analiza las nefastas consecuencias para la sociedad el hecho de no contar con unas políticas responsables de sexualidad por parte del Estado

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Según el último informe sobre aborto en América Latina, en Colombia sólo el 37 por ciento de las mujeres en edad reproductiva utilizan métodos anticonceptivos, a pesar del interés generalizado de tener familias con menos hijos. La investigación también muestra que la responsabilidad sobre esta materia recae principalmente en las mujeres y que, aunque de las mujeres entrevistadas y encuestadas el 90 por ciento conoce de la existencia de métodos anticonceptivos, el 80 por ciento no los sabe utilizar adecuadamente. Con respecto a las cifras sobre maternidades precoces, Profamilia estableció que de cada 1.000 jóvenes colombianas entre los 10 y los 18 años, 90 se ven obligadas a enfrentar la gran responsabilidad de ser madres. La alarmante cifra, que ha venido en ascenso en los últimos años y que casi dobla el promedio mundial (49,7 por cada mil), ha desembocado en un debate profundo sobre la necesidad de fortalecer la educación sexual como política pública.

En medio de este debate algunos miembros de la Iglesia han dicho que la educación sexual impartida por el Estado incita a la promiscuidad y al pecado, y sólo debe ser transmitida por los padres de acuerdo con sus convicciones religiosas y filosóficas. El Ministerio de Educación, a través de la viceministra, Juana Inés Díaz, considera que el Estado únicamente puede intervenir sugiriendo la realización de charlas ocasionales en los colegios. Por su parte, los representantes a la Cámara, Simón Gaviria y Diego Luna, defienden acertadamente la idea de que la educación sexual es obligación del Estado en conjunto con los padres, y proponen que en todos los colegios, públicos y privados, se establezca una materia obligatoria desde preescolar que trate el tema.

No obstante, estas tres posiciones no comprenden la educación sexual como una política pública integral. Mientras las dos primeras defienden la tesis de que la educación sexual no debe ser una prioridad del Estado, la tercera aunque reconoce el papel protagónico del Estado, olvida que ésta debe ser concebida como una política pública dirigida a todos los hombres y mujeres desde su temprana edad hasta la vejez. En este sentido, una adecuada política sobre educación sexual no sólo debe ser concebida como obligación del Estado, sino que además debe considerar la sexualidad como parte fundamental del ser humano en todas las etapas de su vida. Debe entonces contemplar campañas que tengan en cuenta las necesidades y particularidades de la sexualidad en las diferentes edades y proveer los medios necesarios para llevar una vida sexual placentera, sana y segura.

Lejos de promover la promiscuidad, la educación sexual está orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos titulares de derechos y deberes sexuales. En este sentido, una educación sexual adecuada busca que los individuos reconozcan su sexualidad y el papel central que ésta juega en su vida. De igual forma, aboga por el respeto de la sexualidad, y no por el exceso, como argumentan algunos miembros de la Iglesia.

Por otra parte, la educación sexual no puede ser obligación únicamente de los padres o relegarse al ámbito de la intimidad. Como política pública, la educación sexual se sustenta en la idea de la construcción de una sociedad conciente de la diversidad sexual de sus individuos, así como de la importancia de proteger los planes de buen vivir de sus miembros, en especial de los niños y adolescentes. Una estudiante de bachillerato debe cambiar su plan de buen vivir si a muy temprana edad debe decidir sobre tener un hijo, darlo en adopción o abortar.

La educación sexual debe ser una política de salud pública y una forma de promover del derecho al libre desarrollo de la personalidad. No puede ser un factor o elemento marginal del plan de gobierno como parecería afirmarlo la viceministra. Debe ser un plan integral al que se le asigne un presupuesto adecuado, no lo equivalente a pagar una cuantas charlas al año desprovistas de previa construcción pedagógica y teórica.

Por último la educación sexual debe, además, ser una política que incluya a todas las generaciones, no sólo a los niños y adolescentes, como lo propone el proyecto de ley presentado por los representantes a la cámara, Gaviria y Luna. En tanto que la sexualidad es un elemento primordial en la vida de todos los hombres y mujeres sin importar su edad, la educación sexual debería estar dirigida tanto a la población infantil como a la población adulta. El Estado debe garantizarles a todos la posibilidad de comprender su sexualidad, tener herramientas para hacer respetar su cuerpo, conocer las formas de planificación existentes, así como los medios para prevenir enfermedades sexuales. Es más, debería proveer los instrumentos adecuados para planificar y proteger a las personas de estas enfermedades.

Las posiciones que llevan a que la discusión sobre la educación sexual se centre en los valores religiosos y morales detrás de la sexualidad, o que conciben esta discusión como un tema marginal en la construcción de políticas públicas, o las que simplemente no tienen en cuenta la integración generacional que supone el tema de la sexualidad, dan pie para que en Colombia sigan existiendo índices preocupantes de embarazos indeseados tanto en mujeres adultas como en niñas y adolescentes –lo que a su vez resulta en altas tasas de aborto o en maternidades irresponsables–.

En este contexto, para pensar en una política de educación sexual integral habría que, primero, jugársela por la idea de que el Estado debe tener un papel central en la construcción de una política adecuada y, segundo, habría que convencerse de la centralidad que tiene la sexualidad en el derecho a la vida y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de todos los hombres y mujeres sin importar su edad. Para empezar una discusión pública sobre la materia se podría debatir, por ejemplo, la plausibilidad de incluir los condones en el POS –no sólo para prevenir el contagio del VIH, sino también como un método de planificación familiar o si se deben incluir en el POS los métodos anticonceptivos– no sólo las pastillas poscoitales con efectos secundarios graves, sino también aquellos métodos de carácter rutinario que permiten una planificación sana y más segura.

La autora es miembros del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes.
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