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Opinión

  • | 2003/01/12 00:00

    Sin lugar donde esconderse

    La captura de 'Simón Trinidad' en suelo ecuatoriano ha hecho que el rumor sobre la estadía de otros importantes jefes guerrilleros en territorio extranjero sea más fuerte. El senador Jimmy Chamorro sostiene que el Gobierno tiene pruebas que así lo demuestran y escribe sobre las soluciones que se le pueden dar a este problema diplomático.

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La captura en Ecuador de Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, para muchos puede significar una gran sorpresa, no sólo por ser un miembro importante de la cúpula de las FARC sino por el lugar donde se efectuó su detención; sin embargo, el hecho de que haya sido en el exterior y no en Colombia, no es en realidad algo sui géneris. Nuestros vecinos y muchos otros países del mundo se han vuelto el principal refugio para ese grupo de delincuentes y violadores de los Derechos Humanos. Causan los estragos y las barbaries en nuestro territorio y se esconden de la justicia tras las fronteras de otras naciones, logrando pasar impunes y más aun, desarrollando toda una empresa del crimen con compra de armas, manejo de dineros, apoyos diplomáticos, relaciones con la prensa internacional etc., lo que nos deja a los colombianos maniatados con el problema. Han sido muy sonadas las apariciones entre otras de Olga Marín, Andrés París y Raúl Reyes, con oficinas en muchos países del mundo, participando de encuentros y actos internacionales, como grandes diplomáticos, protegidos y apoyados para desarrollar su gestión, sin que se tenga en cuenta su vínculo con violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Otro caso que ha sido materia de preocupación es lo ya denunciado con respecto al refugio seguro en que se ha convertido Venezuela para muchos miembros de la cúpula de las FARC y también lo permeable que se ha vuelto la frontera de los países limítrofes con Colombia para los grupos armados. Así mismo, se había denunciado que, como si se tratara de una poderosa multinacional, las FARC están adelantando un proceso de expansión de sus operaciones, ya no sólo hacia los países vecinos, sino también hasta otros tan distantes como Argentina y Chile. Como trascendió en la cumbre de los países del Grupo de Río realizada en Cuzco, Perú, donde el mismo presidente Álvaro Uribe reveló los resultados de algunas investigaciones de organismos de seguridad, donde quedan demostradas las actividades de ese grupo terrorista: la agitación política, el adoctrinamiento y el entrenamiento de grupos clandestinos en Ecuador y Perú, sumado al reclutamiento de indígenas en Brasil, las actividades de narcotráfico y extorsión en estos mismos países, además de Panamá y Venezuela, y el proselitismo de izquierda en Paraguay, Chile y Argentina. ¿Qué está haciendo Colombia? Ante todas estas circunstancias, llama la atención que el gobierno de nuestro país no ha pasado de meros planteamientos frente a la necesidad de cerrar filas en materia de cooperación internacional. El Presidente señaló que iniciaría una ofensiva diplomática contra el terrorismo luego del atentado al Club El Nogal, el año anterior, en la ciudad de Bogotá; sin embargo son muchos los vacíos que ha dejado esta intención, que pareciera quedarse en sólo eso. Fue así como el gobierno consiguió el respaldo de la comunidad internacional en varios comunicados, declaraciones e incluso posiciones como la del gobierno de Canadá, señalando como terroristas a los miembros de la FARC, el ELN y los grupos paramilitares, e incluso se aumentaron los apoyos militares y económicos, pero con grandes deficiencias en materia de cooperación, que no se pueden olvidar con la decidida acción del gobierno ecuatoriano en el caso de Palmera. Sin lugar a dudas un efectivo y decidido compromiso para perseguir, capturar, enjuiciar, sancionar y, cuando corresponda, acelerar la extradición de los perpetradores, organizadores y patrocinadores de actos terroristas, es mucho más importante que los fusiles y las balas aportadas como ayudas por otras naciones. Si lo que se quiere es dar captura a los guerrilleros rasos o jefes de frentes o de finanzas, lo que se viene realizando es más que suficiente; pero si en realidad lo que se busca es eliminar el mal de raíz, llegando a los cabecillas de estos grupos al margen de la ley, a los autores intelectuales, a los que en realidad dan las directrices que otros ejecutan, la vía debe ser la de liderar todo un completo programa de apoyo internacional, en una unión sin precedentes que cierre todo camino a la impunidad y a la posibilidad de refugio clandestino cómplice del terrorismo. No nos podemos quedar en las buenas intenciones y en los rechazos, debemos llegar a la acción, siendo éste un momento muy oportuno para llevar a nuestros aliados en esta lucha a un compromiso febril, utilizando las mismas herramientas del Derecho Internacional que, incluso, ya están dispuestas. Una gran oportunidad No se trata de inventarse nada nuevo; La Convención Interamericana contra el Terrorismo y la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son herramientas fundamentales, pero que lamentablemente no se han empleado a fondo. La Convención Interamericana contra el Terrorismo o Acuerdo de Barbados es el primer tratado internacional contra el terrorismo adoptado desde los atentados del 11 de septiembre. Arrancó en la Asamblea General de junio de 2002 de los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde todos los estados, excepto uno (Dominica) firmaron la convención; siendo Canadá el primero en ratificarla, a finales de 2002. Esta Convención, instrumento legal obligatorio, establece mecanismos para la acción coordinada de los estados de las Américas para prevenir y combatir el terrorismo, incluyendo la extradición de terroristas, la información financiera, el traslado de personas, el intercambio judicial y el no permitir que se concedan estatus de refugiado o asilado a quien cometa actos terroristas. La resolución 1373 del 28 de septiembre de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y firmada por Colombia, cuando hacía parte de dicho Consejo, comprende aspectos tan definitivos para la lucha contra este flagelo como: el control del financiamiento de los terroristas; limitación en la circulación por los países miembros de las N.U. de los autores materiales e intelectuales de actos terroristas; y que no habrán territorios, a manera de santuarios, para los grupos terroristas. Si queremos que los demás países del continente trabajen mancomunadamente con nosotros en la lucha contra el terrorismo, lo que debemos hacer es liderar la ratificación de la Convención Interamericana Contra el Terrorismo que Colombia firmó junto con los 34 países de la OEA y que todavía no comienza a regir y cuyo proceso de ratificación para nuestro país apenas está superando el Senado de la República. Así mismo el ejecutivo debe reconocer ésta como una oportunidad para que también Colombia lidere un tratado multilateral de lucha contra el terrorismo, fundamentado en la resolución 1373. No nos cabe duda que el gobierno quiere combatir el terrorismo, pero no hay una visión clara, ni mucho menos una agenda precisa, hay urgencias para muchas cosas, pero no para la efectiva cooperación internacional. Sea como sea Colombia no se puede quedar esperando más golpes de suerte como el de Ecuador, si los anteriores instrumentos no son suficientes, debe pensarse en el desarrollo de acuerdos bilaterales con otros países que aseguren el buen futuro de la lucha a los crímenes contra la humanidad. No puede haber más espacio en el mundo para los violentos. *Senador de la República
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