Sábado, 21 de enero de 2017

| 2008/03/01 00:00

Sin MIO a la vista

Alejandra Azuero analiza por qué la puesta en marcha del MIO en Cali pasará a la historia como uno de los más lamentables ejemplos de improvisación en el diseño y la ejecución de una obra pública en el nivel nacional.

Sin MIO a la vista

Hace algunos días se celebró en Bogotá una importante conferencia sobre movilidad y transporte urbano. Entre los invitados se encontraba Mauricio Carvajal, actual presidente de Metro Cali S. A., empresa que tiene a su cargo la gestión y la ejecución del proyecto que prevé la puesta en marcha de un sistema integrado de transporte masivo para Cali –también conocido como MIO–. Sin embargo, cabe preguntarse qué podría decir acerca del proyecto el señor Carvajal, si se tiene en cuenta que –a pesar de que las obras comenzaron en 2004– Metro Cali acaba de anunciar públicamente que este año tampoco habrá MIO para la capital del Valle.

Lo más probable es que no haya mencionado que el caso de MIO pasará a la historia como uno de los más lamentables ejemplos de improvisación en el diseño y la ejecución de una obra pública en el nivel nacional. La prolongación de los trabajos, producto de la falta de planificación que ha caracterizado al proyecto desde sus inicios, tiene sumida a la ciudad en un caos de movilidad, del cual podemos dar crédito todos aquellos que hemos tenido la desventura de transitar por las calles de Cali en los últimos meses. Sin duda, la improvisación en todas y cada una de las fases de la obra –desde el diseño hasta la selección del tipo de combustible que utilizarán los buses– es una de las causas que explican por qué todavía no ha entrado en funcionamiento el sistema, aun cuando estaba previsto que así sucediera a partir del año 2006.

Un primer aspecto que demuestra la ausencia de planeación tiene que ver con el hecho de que Metro Cali haya iniciado las obras sin contar de antemano con los diseños definitivos del proyecto. Sin diseños no era posible saber cuánto iba a costarles a la Nación y al municipio poner a funcionar el MIO y, por lo tanto, tampoco era posible saber si Metro Cali dispondría o no del 100 por ciento de los recursos requeridos para finalizar los trabajos. Por tal razón, no resulta sorprendente que el año pasado, el alcalde de Cali haya reconocido públicamente ante el Concejo de la ciudad, que “hacían falta 100.000 millones de pesos para las obras complementarias”. Como tampoco es de sorprender que, a finales de 2007, el gobierno nacional haya tenido que aportar cerca de 300.000 millones de pesos, que no estaban previstos en el presupuesto inicial, para la financiación de obras adicionales de infraestructura. Por su parte, la municipalidad debió desembolsar 127.000 millones para sufragar el sobrecosto de la obra, que en algunos tramos alcanza el 22 por ciento.

La falta de un diseño adecuado también ha tenido implicaciones además de las presupuestales. De hecho, sin que haya comenzado a operar el sistema, desde ya se anticipa que uno de los más graves desaciertos en el diseño del MIO tiene que ver con el diseño de calzadas de un solo carril para el tránsito de los buses. Esto quiere decir que, de presentarse un accidente o un inconveniente mecánico dentro del sistema que obligue al conductor a detenerse, todos los demás autobuses de la ruta quedarían atrapados detrás. Por otro lado, el deterioro ambiental ha sido otra de las grandes controversias suscitadas por el trazado de las rutas. A pesar de que Metro Cali sostiene que la contaminación de la ciudad se reducirá en un 20 por ciento, solamente en uno de los tramos del proyecto fueron talados alrededor de 700 árboles, entre ellos, muchos de los que se encontraban en el emblemático parque de Santa Librada.

En lo que respecta a la ejecución de las obras, ha sido tal el grado de improvisación, que los caleños fueron testigos de la demolición de un puente vehicular que fue construido al revés. Así lo informó el diario El País en su edición del 15 de julio de 2006, al señalar que “el puente de la calle quinta que desemboca a la Avenida Roosevelt y que fue reconstruido en desarrollo de las obras del MIO, quedó al revés y está siendo demolido parcialmente para su rectificación”. Infortunadamente, quienes están pagando el precio por los errores de Metro Cali y de la administración municipal son precisamente los ciudadanos. Tal y como agudamente lo señaló recientemente un columnista de un diario local “los caleños tenemos que pagar la improvisación, la falta de planificación [así como] la falta de estudios oportunos del trabajo que se iba a desarrollar”.

Lo cierto es que, aun cuando las obras arrancaron en 2004, hoy todavía no ha circulado el primer bus del MIO por la ciudad. Y esto se debe, en gran parte, a que los tramos del sistema de transporte han sido construidos de manera desordenada, sin seguir estrategia alguna. De hecho, hay estaciones que están completamente listas y acabadas, mientras otros tramos no han sido iniciados por problemas que van desde la falta de recursos, hasta dificultades en la compra de los predios. Sin embargo, en vez de estar prestando sus servicios a la comunidad, la Policía comunitaria de Cali ha tenido que encomendar a sus agentes la vigilancia de las estaciones vacías, pues el deterioro y el vandalismo ya se comienzan a ver.

Peor aun, la cosa no termina ahí. Las repercusiones que ha tenido la prolongación de las obras sobre el sector comercial son incalculables. Se estima que alrededor de unas 100 empresas que operaban en las zonas aledañas a la obra han debido cerrar, y han dejado como resultado más de 1.200 desempleados. Y como si esto fuera poco, Metro Cali ha decidido que –ante la falta de recursos– la mejor alternativa para construir las avenidas por donde transitarán las rutas alimentadoras es cobrar un impuesto de valorización a los propietarios de los inmuebles del sector.

A estas alturas, la opinión pública caleña, la Cámara de Comercio de Cali –encargada de la veeduría de las obras– y los medios de comunicación locales coinciden en señalar el desorden y la falta de una adecuada gestión como la causa directa del descalabro del MIO. Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Otras ciudades del país –entre ellas Bogotá, Cartagena y Bucaramanga– han tenido que enfrentar situaciones similares, debido a errores en la planeación y puesta en marcha de sistemas de transporte masivo. Sin duda, el transporte urbano es una condición necesaria para el desarrollo económico y social de nuestras ciudades, no obstante, la materialización de este objetivo ha terminado –en más ocasiones que las deseadas– en que el remedio sea peor que la enfermedad.

*Asesora legal del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes (G-DIP) El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad. http://gdip.uniandes.edu.co

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