20 noviembre 2012

Enviar a un amigo

Email destino:

Nombre remitente:

Email remitente:

Sobre el derecho a la rebelión contra la in-justicia internacional

Por Camilo Enciso

OPINIÓNAsí como la tradición contractualista de John Locke afirma que los ciudadanos tienen el derecho a la rebelión contra el soberano cuando éste ha infringido su mandato, los Estados tienen derecho a rebelarse contra el orden internacional cuando sus órganos exceden las competencias que les fueron otorgadas.

El Presidente Santos hizo bien en rechazar categóricamente el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) leído en La Haya el día de ayer, 19 de noviembre de 2012, que pretende resolver el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Seis razones llevan a esa conclusión:

Primero, el
fallo de la CIJ viola el mandato del artículo 38 del Estatuto de la CIJ, que le exige a dicho tribunal “decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas”.

La decisión aludida es claramente arbitraria, antijurídica y contra-factual, y por lo tanto abiertamente incompatible con el derecho internacional, con los tratados suscritos por Colombia y Nicaragua, y con la jurisprudencia previa de ese tribunal relativa a las pretensiones de Nicaragua sobre San Andrés y Providencia, en la cual Colombia resultó victoriosa.

Al desconocer el mandato del artículo 38 del Estatuto la CIJ infringió las reglas que regulan su funcionamiento y que sirven como base legitimadora del acatamiento de sus decisiones por los países que han aceptado su competencia.

Por lo tanto, su sentencia – en el caso que nos ocupa – es nula de pleno derecho. No es necesario que ningún tribunal u órgano internacional declare la nulidad del fallo o revoque la decisión. Eso no es posible, debido a que bajo la arquitectura institucional de la Organización de Naciones Unidas la CIJ es la instancia suprema en materia jurisdiccional.

Sin embargo, como dije arriba, la sentencia es nula. Piénsese – a modo de ejemplo – en un caso en el que la CIJ tome una decisión en contra de un Estado que no ratificó la Carta de Naciones Unidas ni el Estatuto de la CIJ, o con base en normas, convenciones o principios diferentes a los descritos por el artículo 38 del Estatuto. En esos casos, una vez proferida la sentencia por la CIJ no habrá ningún recurso a disposición del país perjudicado con la decisión, y sin embargo, es evidente que la decisión de la CIJ en esos casos es nula de pleno derecho. La CIJ tomó una decisión que desborda el derecho y los hechos del caso, por lo cual carece de toda legitimidad y eficacia jurídica.

Segundo, las decisiones de los tribunales internacionales deben acatarse, sí. Pero cuando las decisiones de esos tribunales nadan en un mar de éter y arbitrariedad, entonces las víctimas de tal arbitrariedad están en el pleno derecho de rebelarse frente a esa perversión del derecho y a ejercer el derecho de resistencia.

Así como la tradición contractualista de John Locke afirma que los ciudadanos tienen un último derecho a la rebelión contra el soberano cuando éste ha infringido su mandato, los Estados tienen el derecho de rebelarse contra el orden internacional cuando sus órganos exceden las competencias que les fueron otorgadas.

Insisto, cuando la decisión de un tribunal es abiertamente arbitraria, la víctima de tal arbitrariedad tiene el derecho a oponerse a esa decisión ilegítima. El hecho de que la decisión sea proferida por una bancada de magistrados togados no otorga legitimidad a sus sentencias sin más. Las decisiones judiciales deben ser ante todo legítimas, justas y basadas en el derecho y en los hechos del caso concreto.

El obedecimiento ciego de las decisiones de un tribunal, puede conducir a excesos tales como el ocasionado con la legitimación que hizo la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de los campos de concentración de japoneses-americanos creados por Roosevelt durante la segunda guerra mundial, que sin juicio ni sentencia previa albergaron más de 120,000 personas inocentes durante varios años.

En casos como ese, el derecho natural reina sobre el derecho positivo; y los hombres, así como ahora el Estado colombiano, pueden invocar al primero para justificar su derecho a la rebelión y a la resistencia como último recurso.

Tercero, la decisión de la CIJ pone a Colombia un estado de necesidad internacional. La supervivencia de los habitantes de las islas está en juego debido a las restricciones que tendrían que enfrentar para ejercer las actividades necesarias para su alimentación en la porción de mar territorial que le fue concedido a Nicaragua por la CIJ. El deber de todo Estado es garantizar la supervivencia y seguridad alimentaria de sus habitantes, y este caso no es la excepción.

Cuarto, en el plano de la geopolítica debe observarse que en caso de que Colombia continúe ejerciendo sus derechos soberanos sobre el mar territorial que le fue otorgado por la CIJ a Nicaragua, es dudoso que la comunidad internacional o sus organismos internacionales vayan a intervenir en contra de Colombia. Nicaragua es un país paria en el hemisferio y las potencias occidentales no permitirán ni avalarán ninguna acción militar de dicho país sobre el territorio marítimo que durante siglos ha sido de Colombia.

Ni la OTAN ni las potencias occidentales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, empezando por los Estados Unidos e Inglaterra, impulsarían o respaldarían una acción bélica, de bloqueo económico o de ningún otro tipo contra Colombia, uno de sus más importantes aliados de la región, especialmente cuando el otro país es una de las “ovejas negras” de la región y uno de los – pequeños – grandes aliados de Venezuela e Irán.

El derecho al veto que tienen Estados Unidos e Inglaterra en el Consejo de Seguridad se haría sentir en caso de que el asunto llegase a esa instancia, no sólo por lo que acabo de señalar, sino porque al tradicional “excepcionalismo” estadounidense en materia de derecho internacional le conviene que Colombia y otros países se nieguen a acatar las decisiones de tribunales internacionales tales como las proferidas por la CIJ. Así las cosas, no sólo la justicia divina (natural), sino también la fuerza, están con nosotros.

Quinto, al Presidente Santos lo eligieron los colombianos para cumplir con la Constitución y las leyes de la República. Estas priman sobre cualquier consideración y sobre las decisiones de cualquier órgano internacional cuando éstas últimas exceden la competencia que le fue otorgada a esos órganos. La historia y el país jamás le perdonarían al Presidente, en su condición de cabeza de Estado, mostrar la menor debilidad de carácter en este momento aciago y definitivo de nuestra historia.

Sexto, los argumentos que los expertos de derecho internacional han invocado hasta la fecha en soporte de la idea de pedir la aclaración o revisión del fallo son inocuos. Los artículos 60 y 61 del Estatuto de la CIJ no podrán ser usados en este caso exitosamente. En cuanto a la posibilidad de pedir la aclaración de la sentencia, no parece que hacerlo ayude a resolver nada. Por el contrario, exponen a Colombia a una reprimenda por la CIJ.

El fallo es claro, aunque nulo e ilegal, y la petición de aclaración en nada ayudará a que la misma CIJ revoque su decisión. En cuanto a la posibilidad de pedir la revisión de la sentencia, dudo que en este momento el equipo de abogados colombianos vaya a descubrir un “hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión”, tal como lo requiere el Estatuto de la CIJ, por lo cual tampoco veo salidas por ese camino.

En conclusión, Colombia debe desacatar el fallo de la CIJ por ser nulo de pleno derecho, proteger el mar territorial que le fue concedido a Nicaragua en desconocimiento del derecho internacional y de cientos de años de historia, y buscar el respaldo de la comunidad internacional, y en particular de las potencias occidentales, para defender con la fuerza el derecho que la providencia y la historia le han concedido a la patria.

P.d. ¿En dónde quedaron los ius-internacionalista con algún sentido de patriotismo? ¿Hay alguno que no piense que la CIJ es infalible y la madre rectora de la justicia en el mundo?
PUBLICIDAD
Horóscopo
Semana en Facebook
Publicidad