Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2007/07/14 00:00

¿Sociedad civil?

Magdalena Holguín analiza por qué somos una sociedad que aún no ha adquirido plena conciencia de su decisiva participación en los asuntos públicos

¿Sociedad civil?

En días recientes, con motivo del atroz asesinato de los diputados del Valle, ha aparecido una serie de artículos en la prensa nacional. En muchos de ellos se señala, además del horror de lo sucedido, la terrible falta de solidaridad de los colombianos, la falta de reacción frente a hechos que denotan cada vez una mayor barbarie y un total desprecio por la vida humana.

Se compara nuestra ausencia total de reacción con las multitudinarias manifestaciones públicas que se dan en países como España e Italia para protestar por asesinatos cometidos por grupos terroristas. Podríamos mencionar, así mismo, la solidaridad sin precedentes que suscitó en Europa el secuestro de una niña inglesa en Portugal. Aquí, por el contrario, fue necesario convocar a la ciudadanía a manifestar su rechazo por estos asesinatos, y a exigir la liberación de los secuestrados. Las nutridas marchas que se realizaron el 5 de julio, en todo el país, mostraron que nosotros también podemos movilizarnos y expresar el repudio que la mayoría sentimos por estos hechos.

Pero, ¿por qué fue necesario “convocarnos”? ¿Por qué esperamos casi una semana para manifestarnos? Una marcha así refleja un sentimiento popular, y seguramente expresó el sincero clamor de muchos colombianos, pero definitivamente no se puede calificar, como lo hicieron algunos funcionarios del gobierno y varios medios de comunicación, de “espontánea”. ¿Por qué, atrocidades como la recientemente sucedida –y muchísimas otras– no suscitan en nosotros la respuesta inmediata rechazar decididamente este tipo de actos? ¿Por qué ha sido necesario que se aclare repetidamente que el sentido de las manifestaciones realizadas no debe ser capitalizado políticamente?

Frente al caso de los diputados, como frente al de miles víctimas, se argumenta que nos hemos inmunizado a la tragedia humana como consecuencia de una violencia cotidiana y desbordada. Son sólo unos muertos más, un secuestro más, una masacre más. Después de escuchar la horrible noticia de la masacre en cautiverio, la mayoría de los colombianos sencillamente se dispuso a mirar el partido de fútbol de Colombia contra Paraguay donde, como lo señaló Ximena Gutiérrez, quienes en ese momento nos representaban en un evento internacional no dieron muestra alguna de pertenecer a un país en el cual acababa de ocurrir una “tragedia nacional”. Y, luego, otros muchos procedieron a elegir cinco nuevas reinas durante las celebraciones del puente festivo.

Se argumenta también que las manifestaciones públicas no sirven de nada. Que al Secretariado de las Farc poco le importan las marchas que se realicen en su contra ni, como es evidente, el profundo rechazo popular que susciten sus acciones.

Este efecto ‘avestruz’ se entiende también como un mecanismo de defensa. Las personas, incluso aquellas que tienen alguna conciencia social y sentido de solidaridad, sólo pueden aceptar ciertos niveles de violencia y de horror. El desánimo y el dolor que nos invaden con cada uno de los hechos atroces que diariamente son noticia, y el sentimiento de impotencia que experimentamos frente a una cadena de sufrimientos, en apariencia interminable, explican en cierta medida que optemos por aislarnos de estas crueles realidades.

Tales explicaciones son, en parte, infortunadamente ciertas. En efecto, es posible que el constante bombardeo de atrocidades diarias nos insensibilice. También es posible que las marchas multitudinarias no impidan nuevos crímenes atroces. Sin embargo, la razón por la cual se dan no es su eficacia para detener tales acciones, aun cuando su eficacia simbólica no se pueda desconocer. En otros países las marchas no se dan porque se movilicen ciudadanos con mayor sensibilidad, o por que tengan mayores consecuencias. Se dan, en mi opinión, porque, a diferencia de lo que pasa en nuestro país, existe una sociedad civil fuerte, que se siente afectada por el solo hecho de que sucedan las atrocidades.

La nuestra es, por el contrario, una sociedad civil débil, que no está unida por una comunidad de fines que vayan más allá de intereses particulares gremiales o personales. Es un conjunto heterogéneo de asociaciones que, como acertadamente lo dice Pedro Medellín, “no tiene un referente colectivo” y que se moviliza únicamente cuando se afecta en alguna medida su beneficio particular. Los actores de la vida pública, por lo general, no incluyen representantes de la “sociedad civil”; son el gobierno, los grupos armados, los grupos de víctimas, los sindicatos, los partidos políticos, los maestros, y así sucesivamente. Lo anterior resulta evidente cuando vemos que un hecho tan doloroso como el asesinato de los diputados ya comienza a ser utilizado por distintos actores políticos en provecho de las agendas que pretenden adelantar. Con lo anterior no quiero decir que en otros países, grupos de intereses particulares no prevalezcan, en muchísimas ocasiones, sobre la sociedad civil. Me refiero, sin embargo, a circunstancias extraordinarias, que conmueven a la sociedad en su conjunto, y que la llevan a manifestar espontáneamente su repudio y su indignación.

En el derecho internacional se considera que los crímenes de lesa humanidad son actos de violencia que, por su gravedad y su extensión, trascienden al individuo agredido y afectan a la humanidad entera. Aun cuando no seamos conscientes de ello, los horribles crímenes que a diario se cometen en nuestro país nos afectan a todos y no únicamente a sus víctimas directas y a los familiares cercanos de las mismas. Todos los actos de barbarie y de extrema injusticia afectan nuestra humanidad y nuestras posibilidades de convivencia en general.

Lo más triste no es que seamos, como titula el columnista Medellín su artículo, una “sociedad indolente.” Somos una sociedad que aún no ha adquirido plena conciencia de su decisiva participación en los asuntos públicos. Esperemos que las manifestaciones realizadas hoy en todo el país sean realmente el comienzo de la consolidación de una conciencia colectiva. De lo contrario, no sólo seremos una “sociedad indolente”, sino cada vez más inhumana.


*Profesora de filosofía y asesora del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes.

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