Soñar sí cuesta

Por qué la mayoría de los colombianos parece estar entre mortificada e indignada por el fallo que condenará a varios años de cárcel a los soldados que se encontraron con la famosa guaca de las Farc?

Sé que haberse apropiado de ese dinero es inmoral. Sé que cometieron una falta contra el honor militar.

Pero me incluyo entre la mayoría de los colombianos, más entre los mortificados que entre los indignados, porque hay algo en esta situación que aunque es tremendamente impalpable, nos induce a pensar que el fallo es injusto. Y eso es lo que me mortifica.

En primer lugar, la condena por peculado se produce sobre unas bases muy inciertas de que ese delito realmente se cometió, y sobre criterios bastante confusos acerca de cuándo se configura ese delito.

La primera discusión está en si un soldado debe comportarse como un funcionario público y si el hallazgo accidental de la guaca con el dinero le produce al soldado el deber de tratarlo como un bien del Estado.

Yo diría que no. La plata no fue encontrada por cuenta de la misión específica de buscarla en un determinado sitio, como en la casa de un narco o en un laboratorio de drogas. La misión que llevó a los soldados a este sitio de la selva fue la de confrontar al enemigo.

¿El hallazgo subsiguiente es fuente de deber, de obligación de custodia, de indisponibilidad del bien, que desde el punto de vista técnico es la característica del delito de peculado?

Aquí también diría que no. La guaca fue encontrada como producto del azar y no del deber. Eso indica que no existía una regla funcional que les impusiera cuidar esa plata descubierta como si se tratara de un bien público. El azar no puede generar ese tipo de deberes.

¿Ah, pero entonces, si hubieran encontrado no una guaca llena de dólares sino un cargamento de cocaína enterrado en la selva, también se lo habrían podido apropiar con los mismos argumentos?

Otra vez no. La coca, al contrario del dinero, tiene un ámbito ilícito en cualquier circunstancia. Es tan ilícito producirla como venderla, consumirla o apoderarse de ella en caso de un hallazgo accidental.

¿Ah, pero entonces, por qué hay que entregarle al Estado una guaca precolombina que uno se encuentra en un lote y en cambio podría abrirse el debate de que los soldados tenían derecho de quedarse con el dinero?

Porque como patrimonio cultural, está legalmente establecido que una guaca precolombina le pertenece al Estado y por lo tanto es un bien que tiene un ámbito restringido, porque se trata de artículos únicos. En cambio, el dinero tiene un valor de restitución que no llena ninguna de las anteriores características.

¿El solo hallazgo accidental de la guaca de dinero la convierte en un bien público?

Es bastante discutible decir que sí. Y sobre tantos claroscuros, me atrevo a vaticinar que la sentencia de la justicia penal militar sobre los soldados podría tener un efecto demoledor sobre la moral de nuestro Ejército, porque se trata de una condena basada en una tremenda incertidumbre jurídica.

Más, si pensamos que ante la crítica que hace años viene recibiendo la justicia militar por su impunidad, penas tan drásticas como las que se les van a aplicar a los soldados los convierten en posibles chivos expiatorios para recuperar la credibilidad de un sistema penal agotado, por lo menos en los esquemas con los que funciona actualmente.

A eso debemos añadirle el desencaje de la proporcionalidad entre la pena y el delito cometido que introdujo la Ley de Justicia y Paz, que nos llevará a que las masacres paguen menos pena que delitos muchísimo menos graves.

¿Entonces, tanto claroscuro en el tema del delito de peculado tan discutiblemente cometido -hasta entre los penalistas hay posiciones tremendamente divididas- justificaba afectarle la vida a una persona con 10 años de cárcel?

Yo diría que no. La falta de los soldados fue moral y no penal. Ese es el ámbito en el que deberían haber sido sancionados.

Sin embargo, y al contrario del título de la excelente película colombiana que recrea este novelesco episodio, quedó comprobado que soñar sí cuesta, y mucho.

ENTRETANTO… ¿Será cierto, como dicen Tola y Maruja en El Espectador, que al guerrillero de las Farc infiltrado en las Empresas Públicas de Medellín lo descubrieron porque cada vez que leían un informe sobre la voladura de torres de energía hacía la ola?