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Opinión

  • | 2012/03/09 00:00

    Sospechas sobre programa de recompensas del Ejército

    Informantes de la Fuerza Pública arriesgan sus vidas para colaborar en la captura de guerrilleros y lo que reciben a cambio son intentos de engaño a la hora de cobrar la retribución económica prometida. ¿Algún organismo de control audita las cuentas de donde salen esos dineros?

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La historia que ilustra mis sospechas sobre una posible corrupción en el programa de recompensas del Ejército surge de documentos jurídicos en los cuales se constata el atropello contra unas personas que tras convertirse en informantes, aportar datos sobre un jefe guerrillero y arriesgar sus vidas para lograr su captura, no se les honró la promesa de darles la retribución prometida y al parecer se les intentó engañar para que el dinero quedara en manos de militares.

Por razones jurídicas y de seguridad que el lector sabrá comprender, este relato omite los nombres de los informantes, el del jefe guerrillero capturado, el lugar donde ocurrieron los hechos el de los oficiales que participaron en el engaño y a las unidades militares a las que están adscritos. No obstante, se apega a los hechos sustanciales, que estarían indicando falta de transparencia en el proceso de pago y la existencia de militares expertos en engañar a los ciudadanos que se embarcan en esa aventura de la colaboración. ¿Estaremos frente a un foco de corrupción castrense?

Resulta que a finales del año pasado unos ciudadanos decidieron convertirse en informantes del Ejército con el propósito de aportar datos precisos para lograr la captura de un jefe guerrillero de las Farc al que conocían suficientemente, pues eran oriundos del mismo pueblo y lo conocían desde la infancia. El subversivo era ideólogo y financista del frente que operaba en aquel lugar y era ampliamente conocido en la región.

Una vez establecido el contacto con oficiales de una brigada, se reunieron en Medellín con uniformados de alto rango. En ese encuentro, los militares les mostraron un listado de personas, supuestamente subversivos, en el que figuraba aquel amigo de la infancia convertido en jefe guerrillero y por el cual ofrecían una recompensa de 80 millones de pesos a quien dieran información que condujera a su captura.

Una vez establecida la identidad del insurgente de las Farc y de precisar la zona donde venía operando de tiempo atrás, los oficiales del Ejército admitieron que los datos que ofrecían los informantes era muy precisos, por lo que acordaron con ellos la forma en que desarrollarían el operativo militar para capturar al subversivo y se comprometieron a pagarles la recompensa dentro de los tres meses siguientes a la captura del subversivo.

Luego de ese primer encuentro, los oficiales se comunicaban frecuentemente con los informantes a través de sus teléfonos celulares con el fin de establecer cómo iba la tarea de ubicar al guerrillero. Una tarde, uno de los informantes llamó a uno de los uniformados y le dijo que ya tenían plenamente establecido el sitio donde frecuentemente pernoctaba el insurgente. Horas más tarde, fueron recogidos por los dos militares y conducidos en un vehículo particular a un municipio distante varias horas de Medellín, a donde llegaron al amanecer. Allí descansaron varias horas antes de emprender viaje hacia una base militar situada en las afueras del pueblo.
Una vez en el lugar, se reunieron con un uniformado de alto rango y dos horas mas tarde abordaron un helicóptero hacia un municipio cercano. Tras varios minutos de vuelo, llegaron al aeropuerto local y fueron conducidos al puesto de mando de una base militar, donde sostuvieron una conversación con varios militares con el fin de refinar los detalles sobre la forma en que se llevaría el operativo para capturar al subversivo. Allí pasaron la noche.

A la mañana siguiente, los informantes fueron transportados en helicóptero a la zona donde se encontraba la patrulla militar a la que guiarían hasta el sitio donde se encontraba el guerrillero. Allí recibieron uniforme militar y fusil. El acercamiento al lugar duró diez días.

Con los rostros cubiertos con pasamontañas llevaron a los militares a la casa donde se encontraba el jefe subversivo. Una vez capturado, la patrulla comenzó a evacuar el área y cuatro días después llegaron a un pequeño cerro donde fue recogida por un helicóptero y transportada a una base militar. En ella, varios oficiales les informaron a los informantes que ellos eran los encargados de cobrar la recompensa, por lo que les sugirieron firmar una autorización ante lo cual se negaron aduciendo que ellos habían negociado con uniformados de la brigada y no con ellos.

Luego de esa corta reunión, los informantes fueron llevados en helicóptero a otra base militar y de allí trasladados por tierra a Medellín. Desde el día que los recogieron para iniciar el operativo de captura hasta que regresaron a la ciudad transcurrieron 15 días.

El mismo día que llegaron a la capital antioqueña, recibieron la llamada de uno de los oficiales de la brigada, quien los citó a una reunión horas más tarde. En ese encuentro, les prometieron que a los ocho días siguientes les darían una parte del dinero y en unas semanas más les entregarían el resto de la recompensa prometida. No obstante, esa sería la última cita. A partir de ese momento, los militares no volvieron a contestar sus celulares.

Dos meses después, unos oficiales se comunicaron con los informantes para solicitarles sus datos personales y les explicaron que eran necesarios para cobrar la recompensa, pues de otra manera sería más demorado. Nuevamente se negaron, pues intuyeron que la actitud de los militares era sospechosa y, además, la consideraban ilegal.

Hoy, después de arriesgar sus vidas para capturar a un guerrillero importante, y transcurridos los tres meses de plazo para recibir el dinero prometido, los informantes están a la deriva y desengañados por la actitud de algunos miembros del Ejército. Este caso va camino a los tribunales y de no resolverse el Estado tendría que afrontar una demanda. Así lo han prometido los afectados.

Este episodio sugiere que algo pasa con el programa de recompensas del Ejército, pues no es clara la actuación de algunos militares. Y por lo que he indagado, hay casos similares en todo el país. Todo parece indicar que algunos oficiales conocen al detalle el mecanismo de cobro de estos dineros y con el poder que les confiere el uniforme y las armas engañan a quienes, de muy buena fe y arriesgando sus vidas, se convierten en informantes. Urge aplicar correctivos.

*Periodista y docente universitario
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