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Opinión

  • | 2014/09/23 00:00

    Sube el ránking del derecho a saber

    Es un reto para el Estado lograr la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información pública.

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Cuando la transparencia se ha mirado en el espejo, encuentra en Colombia un alto nivel de opacidad. Muchos nos quejamos y le pedimos al Estado que rinda cuentas y entregue datos que son nuestros; pero el récord de respuestas, cuando las hay, es bajo. A partir de este mes, y justo para celebrar el día mundial del derecho a saber el próximo 28 de septiembre, las cosas pueden comenzar a cambiar pues entra en vigencia la ley de transparencia y acceso a la información pública.

Hay quienes dirán que este es un país lleno de leyes y que una más no va a cambiar nada. Puede ser cierto. Sin embargo, hay que reconocer que una buena regulación aunque no es suficiente, sí es una condición necesaria. Para saber si este es el caso, es importante primero medir las bondades de nuestra ley.

Para empezar, es recomendable tener una línea de base. Saber cómo están las cosas, para luego evaluar si ha habido avances. Con este fin, el Centro para la Ley y la Democracia y Access Info Europe desarrollaron en 2010 una fórmula de valoración de las leyes que sirve para acceder a la información pública de 92 países del mundo.

La intención de esta medición es ofrecer una herramienta  para medir qué tan vigoroso es el derecho de acceso a la información pública en cada país. El sistema también indica cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada Estado en siete dimensiones que van desde el concepto y alcance del derecho, hasta el proceso para garantizar su efectividad. 

El ranking tiene como máximo 150 y como mínimo 0 puntos. El nivel más bajo lo tienen Austria y Jordania con 39 y 55 puntos, lo que quiere decir que al menos legalmente, el derecho de acceso a la información tiene pocas garantías en estos dos países. El más alto, y hacia donde debemos tender, lo tienen Serbia e India con los números 130 y 135. Colombia ostenta un muy regular puntaje de 82.  
El nivel colombiano es muy bajo por varias razones: El Estado publica muchos de sus actos en diarios y gacetas oficiales que sólo consultan algunos abogados; es fácil negarse a entregar cierta información sin mayores explicaciones y tapar así errores y corrupción; no hay tratamiento diferencial para minorías y grupos vulnerables en el proceso de acceso a la información; no hay posibilidad de entrega parcial de la información y el periodo de secreto es muy extenso.  
 
Pero Colombia se ha sometido a un cambio extremo con esta nueva ley. Ahora las tres ramas del poder público además de los partidos políticos y quienes presten servicio o cumplan función pública o manejen dineros públicos tienen que transparentarse. Además, un funcionario quiere mantener un secreto debe cumplir un procedimiento claro y muy exigente que sólo permitirá el secreto por un periodo más acotado, bajo control de tutela y de tribunales administrativos. La aplicación del ranking arroja entonces un mucho más satisfactorio puntaje de 114 que se acerca al 119 de México, país con trayectoria como líder de la región en la materia. 

Colombia puede ahora mirarse en el espejo para celebrar el día mundial del saber. Tiene un “antes” lleno de normas que sirvieron en su momento, pero que hoy están atrasadas e incompletas y permitirían que reinara la oscuridad. Después de su cambio extremo, cuenta con una oportunidad para que haya más luz en los escritorios y los computadores públicos. Es un reto para el Estado lograr la implementación de esta ley y una oportunidad para nosotros, contribuir a su aplicación y poner así a prueba la nueva nota de 114/150 que tiene la legislación de transparencia colombiana.

*Subdirectora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (www.dejusticia.org)
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