Sudáfrica: los goles que no se ven

Hoy se habla de Sudáfrica en todos los rincones del globo, entre maldiciones por errores arbitrales y el eco de la vuvuzela, ese instrumento de viento que anima los partidos y que puede enloquecer -de dicha o de desesperación- hasta a los más equilibrados. Pero en Colombia podríamos referirnos a ese país desde otro punto de vista.

Entre la Sudáfrica del apartheid y la Colombia de la violencia -partidista, de reivindicación marxista, paramilitar, narcopolítica o todos esos apellidos juntos- hay una coincidencia importante y es que ambas naciones, después de arrastrar confrontaciones intestinas por más de 40 años en el nivel interno, se inscribieron en procesos de Justicia Transicional, adaptaciones de la justicia de un Estado a la transición del conflicto al posconflicto o de la dictadura a la democracia.

En el caso de Sudáfrica, el proceso se inició de una manera más clara, por lo menos en el nivel formal, cuando luego de 27 años de cárcel Nelson Mandela fue liberado en 1990 y elegido en los primeros comicios del país Presidente, cuatro años después. Se hizo de esta forma realidad su sueño de una democracia multirracial e incluyente, que debía dejar solucionada la sangrienta etapa anterior a punta de verdad, justicia y reparación.
 
Colombia, por su parte, se reconoce como un país en transición, pero se ha matriculado en este estatus todavía con el conflicto vivo, lo que implica un reto enorme. La Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, representa la concreción de este cambio de situación por cuanto asume –y reporta como hechos concretos- la desmovilización de miles de actores del conflicto armado y la devolución de bienes para la reparación de víctimas.

Además de esa diferencia sustancial, entre estas dos situaciones hay también otras variaciones de no menor peso. En la Justicia Transicional se puede diferenciar tres etapas. La primera estaría representada en el Tribunal de Nuremberg, constituido después de la Segunda Guerra Mundial para impartir un castigo ejemplar a los nazis, varios de los cuales fueron ahorcados como símbolo de lo que la sociedad internacional no podía permitir. Sin embargo, éste fue un tribunal de vencedores o, de lo contrario, también se habría tenido que llevar a juicio, por la misma época, a los responsables de lanzar dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki contra población civil.

De la segunda fase de los procesos de transición sería Sudáfrica el ejemplo más representativo. La política de segregación racial surgida en 1948, si cabe más denigrante que en otras latitudes por cuanto los excluidos eran los habitantes originarios del país, que los convertía en extranjeros en su propio territorio, clasificaba a la población en categorías y fijaba sus lugares de asentamiento, la educación que podían recibir y los trabajos que estaban autorizados a realizar, y prohibía casi cualquier contacto social entre las clases. A los no blancos –negros, mestizos, indios y pakistaníes- se les impedía, por ley, su participación en el Estado. Existía un sistema de pases, que permitía por ejemplo que un hombre negro trabajara como jardinero en una zona de blancos, pero debía vivir separado de su familia, pues él tenía un carné especial para circular por allí, pero su esposa y sus hijos no. Las personas de color podían habitar en casas municipales, pero nunca se les concedía la propiedad de las mismas.

A pesar de que la transición se logró con presión tanto interna como externa, Sudáfrica resolvió su situación con mecanismos propios, basados en la soberanía del Estado. Hoy, varios años después de la declaración del final del apartheid, este proceso de reparación sigue en marcha, con muchos asuntos pendientes. Las violaciones masivas a los derechos humanos, las masacres, los encarcelamientos prolongados de activistas, las torturas y vejaciones todavía tienen dolientes a los que no se les ha satisfecho, ni mínimamente, sus demandas. A pesar de que las audiencias comenzaron en el 2006 y se dieron por terminadas en el 2008, cuando la Comisión de la Verdad y la Reconciliación reportó los testimonios de 23.000 víctimas y testigos, la impunidad ha sido muy alta.

El proceso de Justicia Transicional colombiano correspondería a una tercera fase en la que la justicia se ha universalizado, ya no es de vencedores de la guerra ni del exclusivo resorte de los países implicados. Este es un momento en el que el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario no son potestad de un mandatario; un momento de tribunales internacionales y rendición de cuentas ante el mundo. A juzgar por lo que se ha visto hasta ahora, a cinco años de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, estamos lejos de una resolución final originada al interior del Estado, lo que se puede tomar como una invitación a la intervención de una justicia global.

b.vallejo@hotmail.es