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Opinión

  • | 2013/12/18 00:00

    Los súper poderes del procurador que no habían visto

    No se entiende por qué la destitución de Petro saca a relucir, sólo ahora, la tesis de que un servidor público no puede destituir por vía administrativa a quien fue elegido popularmente.

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¿Que el procurador Alejandro Ordóñez está revestido de súper poderes? Sí, de los mismos que tuvo el hoy ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, y no se dio cuenta o no tuvo los “cojones” para ejercerlos y ahora sale con declaraciones destempladas.

Son los que le otorgaron los Constituyentes (art. 275) y los legisladores (Ley 734/2002) entre estos últimos el mismo Gustavo Petro, por entonces senador, quien no solo pareciera que tampoco se dio cuenta sino que apoyó a Ordóñez a llegar en su primera elección a la Procuraduría. ¿Había mermelada incluida?

¿Por qué el acucioso, hábil, y para mi perverso senador Petro no promovió un proyecto que quitara al procurador la facultad de destituir a los servidores públicos elegidos popularmente? Su razón habrá tenido y no creo que sean, similares a las de Simón Gaviria, de no haber leído.

Vistas así las cosas podría concluirse que Petro no sólo fue víctima de su propio invento y apoyo político sino que, estando en la Carta Magna contemplado, ni el haber sido reinsertado ni elegido por voluntad popular exime, a nadie, de caer en la lupa de la procuraduría en el cumplimiento de su responsabilidad constitucional de vigilar la actuación de los servidores públicos.

No puede haber excepciones ni fueros espaciales, pues se destruiría la democracia y los principios de igualdad y derechos insertos en ella. 

Ahora bien: ¿son más importantes los votos que eligieron a Petro, que los que eligieron a cualquiera de los alcaldes, concejales, diputados o congresistas de provincia también destituidos? No ha sido sólo Ordóñez. Otros procuradores han destituido servidores elegidos por el voto popular. ¿Se acuerdan de Apolinar Salcedo, el destituido alcalde de Cali?

Sí es cierto que Ordóñez lleva el record (302 alcaldes, 22 senadores y…) y por ello ha sido aplaudido, hasta por el mismo Petro, cuando de investigar a los congresistas, opositores, por parapolítica se trataba.

No se entiende entonces el por qué está destitución causa tal indignación y se saca a relucir, sólo ahora, la tesis de que un servidor público no puede destituir por vía administrativa a quien fue elegido popularmente.

La decisión del procurador puede ser polémica, trascendental, traumática y hasta de apariencia excesiva pero tomada al amparo de la Constitución Nacional, esa misma, que el M-19 con Petro a la cabeza promovió. Y el procurador fue elegido gracias a los siete votos del Polo Democrático, con Petro incluido, quienes alabaron en el 2008 al funcionario.

Ahora ocurre que como la decisión es contraria a sus intereses de izquierda la critican. Petro y sus simpatizantes deben acatar el fallo, a sabiendas de que se equivocó y ello fue producto de la conjugación de su prepotencia e irresponsabilidad con la ineptitud, con graves perjuicios para Bogotá, así no se haya cogido un peso.

¡Que nadie salga ahora a alarmarse por los súper poderes que hace rato existen! ¿O es que nadie leyó, analizo o estudio la Constitución?
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