13 julio 2013

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Suspender los diálogos

Por Alfredo RangelVer más artículos de este autor

ALFREDO RANGELNinguna de las pretensiones inamovibles de las FARC es aceptable por el país.

Suspender los diálogos.

A estas alturas es cada vez más claro lo que dijimos desde un comienzo: por la soberbia y el cinismo de las FARC, y la ingenuidad y la impericia del Gobierno, los diálogos de La Habana están condenados al fracaso. Esto ya lo sabe el Gobierno, lo sabe la guerrilla y lo sospecha buena parte de la
opinión pública. Por tanto, su continuación, a sabiendas de que van hacia el fracaso, es una farsa. Por eso se deben suspender. Y condicionar su continuación al cumplimiento, por parte de la guerrilla, de ciertas exigencias. Veamos:

Es evidente que para las FARC hay al menos cuatro inamovibles para firmar un acuerdo de paz: la impunidad, la no entrega de armas, el control territorial y la Asamblea Constituyente. Me apresuro a responder a los crédulos que argumentarán que Andrés París dijo en estos días que la Constituyente no era un inamovible… para continuar los diálogos, pero lo sigue siendo para firmar un acuerdo de paz. Una cosa es dialogar y otra firmar la paz. Las condiciones para lo uno no son las mismas que para lo otro. No hay que dejarse engañar con los alambicados argumentos de las FARC, leguleyos y retóricos hasta más no poder. Así es que han venido enredando a los ingenuos voceros gubernamentales.

Ninguna de esas pretensiones inamovibles de las FARC es aceptable por el país. La impunidad como elemento integrante de un acuerdo de paz es rechazada por la inmensa mayoría de la opinión, además de ser una condición inmoral y totalmente ilegal e inconstitucional. Pero las FARC la exigen, junto con la inimputabilidad por cualquier tipo de delitos, incluidos, obviamente, los de lesa humanidad. Saben que la impunidad es la condición para que sus principales líderes, miembros del Secretariado y de su Estado Mayor, puedan ser elegibles y participar en política. Esto también lo rechaza la opinión pública y lo hace imposible la ley. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Ahora parece que hasta el fiscal general lo reconoce así, en un giro de posición que aplaudimos, al señalar que es “cada vez más lejana la posibilidad de que ellos (los miembros del Secretariado) participen en política”, pues serían responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante las últimas décadas. Adicionalmente, es previsible que la Corte Constitucional rechace las opciones de impunidad contenidas en el Marco Jurídico para la Paz.

La no entrega de armas es igualmente una exigencia inaceptable. Si un acuerdo de paz no tiene como consecuencia inmediata el desarme verificable de la guerrilla, que es la garantía tangible de su abandono de la violencia, no tiene ningún sentido desgastarse en unos diálogos de paz. Así también lo ratifica el fiscal al señalar que “sin desarme no podrá existir solución negociada al conflicto en Colombia”. La pretensión de las FARC de mantener las armas después de la firma de un acuerdo de paz es un disparate inaceptable.

El control de territorios por medio de las Zonas de Reserva Campesina es otra exigencia inamovible de las FARC. Pretenden tener allí total autonomía para controlar el territorio y la población, manteniendo las armas en su poder. Los colombianos no aceptamos que el costo de la paz sea la secesión territorial y que el país se balcanice y se divida. La integridad del territorio patrio es una línea roja que no se puede sobrepasar. Pero las FARC impulsan esa bandera secesionista tanto en La Habana como en Catatumbo, y lo harán en otras regiones del país  mediante la manipulación armada de la movilización social. 

Finalmente, las FARC saben que sus inamovibles, así como sus reformas de corte castro-chavistas del Estado y de la economía, no los pueden conseguir en la mesa de La Habana ni por medio de leyes en el Congreso. Para eso necesitan una Asamblea Constituyente manejada por la guerrilla, integrada a dedo y no mediante elecciones abiertas.  Que es el elemento central e inamovible de la estrategia de la guerrilla para firmar un acuerdo de paz lo confirman las terminantes palabras de Iván Márquez cuando asevera: “La Asamblea Constituyente es nuestra certeza de paz. De ella depende la solución política o la guerra”. Pero el país entero ha cerrado filas en contra de semejante estropicio. Voceros del Gobierno, de los partidos políticos, el procurador general y hasta el fiscal general –en otro giro que igual aplaudimos– han negado rotundamente tal posibilidad. Eso es absolutamente inviable.

Así las cosas, ¿para qué seguir conversando? ¿Para qué continuar ofreciéndoles a las FARC una tribuna en La Habana? ¿A cuenta de qué permitirles ese protagonismo mediático nacional e internacional? ¿A cambio de qué su reconocimiento como contraparte legítima del Estado para discutir la agenda del país? Tal y como van, esos diálogos son ganancia para la guerrilla y pérdida para el país. Las FARC han ganado un nuevo aire, han obtenido ganancias políticas gratis, a cambio de nada. Esto es un pésimo negocio para el país, que el Gobierno mantiene para distraer a la opinión, mientras las FARC aprovechan la situación. Hay que suspender los diálogos hasta que las FARC acepten que habrá cárcel para delitos de lesa humanidad, que no serán elegibles los condenados por esos delitos, que deben entregar las armas, que no se les dará control territorial y que no habrá Constituyente integrada a dedo. Y volver a dialogar sólo si cesan previamente la violencia contra el Estado y la sociedad. 

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