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MARTA RUIZ

¡Tan colombiano!

Santos dijo en el diario 'El País' de España que la destitución de Gustavo Petro “no parece razonable. Pero es la ley. Y la ley hay que cumplirla”. Frase reveladora, si se tiene en cuenta que debería propugnar porque la ley sea razonable y no arbitraria.

Marta Ruiz, Marta Ruiz
1 de febrero de 2014

Hace unos días, el presidente Juan Manuel Santos dijo en el diario El País de España que la destitución y la inhabilidad del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, “no parece razonable. Pero es la ley. Y la ley hay que cumplirla”. El director del diario madrileño, Javier Moreno, quien realizó la entrevista, no dejó pasar el comentario e hizo el siguiente apunte:

 
—Supongo que es esa una respuesta muy colombiana: resulta inaceptable, pero va a tener que ser así.

Y sí, es una respuesta muy colombiana. Muy bogotana, diría yo. Una frase reveladora, si se tiene en cuenta que un jefe de Estado debería propugnar porque la ley sea razonable y no arbitraria. 

En el caso Petro, y en otros como el de la crisis del Partido Conservador, Santos se ciñe, según nos dice, a lo que dicten las instituciones. En principio, esta es una buena noticia. Viniendo como venimos de una década de caudillismo, de un enfrentamiento entre los poderes del Estado, tener un presidente que respete las instituciones es sin duda tranquilizador. Si es que lo hace para preservar los fundamentos de la democracia.

La inestable situación jurídica en la que ha estado el alcalde Petro evidencia cierta esquizofrenia en las instituciones. No se sabe pues si Santos acata la ley que invoca el procurador, que defiende la libre empresa en el caso de las basuras de Bogotá. O, por el contrario, la de los jueces de los tribunales que dicen defender el voto popular, invocándolo como institución suprema. O la del fiscal, que parece no estar resignado a que se aplique una ley arbitraria. Algo va mal en un país donde todos los jueces tienen interpretaciones tan disímiles. 

No sabiendo a cuál ley se refiere Santos, uno piensa que cae en la vieja costumbre, ¡tan colombiana!, de respetar más las formas que los contenidos de la democracia. Que acude a la fórmula bien pensante de “respeto a las instituciones”, pero como concepto hueco.

El problema con las instituciones que tenemos es que muchas de ellas son mucho menos razonables de lo que en una democracia sería aceptable. Algunas incluso con frecuencia son anacrónicas. Pongamos por ejemplo el sistema electoral. Los colombianos siempre se han sentido tranquilos de saber que van a elecciones y que estas son, en términos generales, confiables. Pero cuando una campaña a Congreso cuesta miles de millones de pesos, es difícil pensar que estamos ante una competencia política razonable. Como tampoco es muy razonable que los partidos políticos, convertidos en empresas electorales de los que obtienen beneficios unos pocos, sean considerados aún los estandartes de la representación ciudadana. Es lo que tenemos, dirán algunos, muy a lo colombiano. En otras palabras: es inaceptable, pero va a tener que ser así. 
 
La calidad de nuestras instituciones es un viejo debate sin zanjar. Hay quienes dicen que estas sólo han servido para subordinar al pueblo y beneficiar a las élites (William Ospina en su libro Pa que se acabe la vaina); y hay quienes creen que la nuestra es una democracia a pesar de todo y que las instituciones nos han salvado de la catástrofe (Eduardo Posada Carbó en La Nación Soñada).
 
Hay instituciones, sí, pero ¿para quién y para qué? Algunas son fuertes, por fortuna, como el Banco de la República. Otras tienen una fortaleza poco razonable, e incluso, inaceptable, como la Procuraduría en la era Ordóñez. Otras son débiles, susceptibles de ser mangoneadas, como la justicia. Y otras, en todos los niveles de gobierno, son fácilmente capturadas por los intereses de las elites y las mafias. Las hay también hechas de caparazones cuya solemnidad se mantiene a punta de conformismo, como el Congreso, cuyas actuaciones suelen ser de lo menos razonable que existe.

Es posible que proteger la “caparazón” institucional sea crucial para mantener la democracia enclenque por la que sacamos pecho. Pero en la práctica, la probidad, el pluralismo, la equidad y la independencia de muchas de ellas están seriamente resquebrajados. Tanto como las torres Space, cuya arquitectura es tan dudosa, que más valdría demolerlas. 

Superar la crisis institucional, hacer que la ley sea razonable, sería un buen programa para quienes quieren gobernar este país. Incluso para Santos, que quiere gobernarlo por segunda vez. Y que dizque quiere hacer la paz. Porque si algo le ha dado aire a esta larga guerra, ¡tan colombiana!, es la aceptación de lo inaceptable. Y el convertir en razonable aquello que no lo es.

En Twitter: @martaruiz66 

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