Tardía autoridad financiera

No sería de extrañar que para solventar la iliquidez de Interbolsa, el Gobierno decida otorgarle un crédito blanco y, para ello, recurra al impuesto a las transacciones financieras (4 por 1000) que todos pagamos.
 
Es poco probable que el presidente Santos vaya a permitir que este, según él, “caso aislado”, vaya a obstruir su camino a la reelección, así sepa, que la iliquidez de Interbolsa no fue súbita, y que a sabiendas de ella, sus administradores asumieron obligaciones de pago sobre ingresos futuros e inciertos.
 
Una vez más quedó demostrado, que el indicador de solvencia de las instituciones financieras no es garantía absoluta para los inversionistas, y que de nada sirve tener solvencia patrimonial si no se tiene liquidez de tesorería.
 
También quedó demostrado el temor reverencial del Estado a las instituciones financieras y su tolerancia complaciente frente algunas prácticas aventuradas. Pues no se entiende, como el Superintendente Financiero admite que conocía la estrechez de caja de InterBolsa y sin embargo no hizo nada distinto a esperar, quizás, un milagro.
 
Por mandato de la ley, le corresponde a las Superintendencias ejercer vigilancia, inspección y control del mercado, en orden a garantizar su seguridad y transparencia, siendo claro, que ante todo, la función que ejercen debe ser prospectiva para anticiparse a malas prácticas y disuasiva de conductas imprudentes o delictivas.
 
Pero en Colombia sucede lo contrario. Las actuaciones de las Superintendencias son tardías y se asemejan a las de Medicina Legal: llegan a la escena de los hechos cuando todo está consumado y se limitan a practicar el levantamiento del occiso y a determinar las causas del deceso. En muchas ocasiones estas frondosas burocracias más que guardianes del mercado son sepultureras de la infamia.
 
Baste recordar, la intervención tardía de la Superfinanciera frente a DMG; la pasividad de la Supersalud frente a los desmanes del sector; la tolerancia de la Supersociedades con las S.A.S. vinculadas a los carruseles de la contratación, la suplantación de Cooperativas de Trabajo Asociativo y la elusión y evasión al Impuesto al Patrimonio; así como, su complacencia con la liquidación ilegal de sociedades, burlando a jueces, trabajadores, proveedores y acreedores.
 
Y qué decir de la de Industria y Comercio, que tolera la competencia desleal por usurpación de patentes, y cuando se le exige su intervención, alega la inexistencia de los presupuestos legales que dan lugar a ella.
 
Asombra, que ante la mirada pasiva de la Superfinanciera, a muchos ciudadanos se les debite de sus cuentas, obligaciones prescritas adquiridas con establecimientos de comercio, ahora vinculados a grupos financieros.
 
Si bien los ciudadanos deben pagar oportunamente sus deudas, no es admisible que la Superfinanciera permita, que los bancos adquieran o cobren acreencias prescritas, pues con ello ponen en riesgo la solvencia del sistema y burlan la ley.
 
También merece repudio que la Superfinanciera no obligue a los emisores de acciones a informar la clase de las que ofertan, ocasionando que muchos incautos las adquieran creyendo que son Ordinarias cuando en realidad son preferenciales.
 
La indulgencia del funcionario público frente a la contravención y el delito, es la tipología más perversa de la corrupción; hace tanto daño como la impunidad y alienta la trasgresión de la ley.
 
*Consultor Corporativo. Especialista y Profesor de Derecho Financiero.