Servicio de transporte urbano obligado

Todo aquello que no es un objeto pero hace parte de una transacción en donde existe una persona que lo suministra y otra que lo recibe se debe ubicar dentro de un mercado. Es el caso de los servicios. No son un objeto que se pueda percibir por alguno de los cinco sentidos. No obstante, si afectan positiva o negativamente la sicología humana.

Los servicios no sólo deben ubicarse en los que comúnmente conocemos como la prestación de los servicios de luz, agua, teléfono, aseo o gas. También dentro de los servicios se ubica el transporte, los centros de atención por teléfono, salud o la atención a usuarios en diferentes sectores de la economía.

En esta ocasión me referiré al servicio de transporte urbano. Se presta utilizando taxis, buses o el transmilenio. En el caso de aquellas personas que lo prestan usando taxis o buses por lo general están agremiados pero el vehículo pertenece a una persona natural.

En el contexto al parecer muchos no son consientes que ofrecen un servicio público puesto que sus conductas se ubican muchas veces en una posición autoritaria y blindada en la condición de que el vehículo es de propiedad privada. Así las cosas, caen en el error de prestar el servicio bajo las condiciones que ellos como conductores quieren establecer en el momento.

Esa conducta se observa en detalles como por ejemplo la higiene y el aseo que debe tener el vehículo, el nivel de volumen del radio en el momento que un usuario toma el servicio, el tipo de música o emisora, la decisión si lleva o no lleva al usuario al lugar donde necesita llegar, portar o no en un lugar visible la lista de precios, en fin. 

El servicio público de taxi tiene la particularidad de ser poco sustituible en diferentes escenarios. Lo anterior crea las condiciones para que existan conductas de autoritarismo. Lo grave del asunto es que esa autoridad se ejerce bajo una concepción privada. 

Por ejemplo, una vez el usuario se sube al vehículo y está dentro del carro se cobra lo que han llamado el “banderazo”. Semejante concepto pretencioso se presta para concebir una actitud autoritaria del conductor frente al usuario. Lo anterior puesto que el conductor no evalúa la razón por el cual el usuario prefiere no tomar el servicio. Es decir, es como una cláusula de permanencia en donde se viola la libertad de elegir.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el servicio no es sólo el simple traslado de un lugar a otro. También se debe evaluar la calidad. Dentro del concepto de calidad puede incluirse la amabilidad del conductor. Por ejemplo, en caso de presentarse alguna sugerencia del usuario sobre alguna ruta a seguir. ¿Cómo debe ser la reacción del conductor en estos casos? ¿Tiene derecho el usuario para hacer ese tipo de sugerencias?

El asunto ya tocó fondo. ¿Desde cuándo un conductor de taxi tiene el derecho para levantar a golpes al usuario porque este no estuvo de acuerdo con el precio que le cobraron? Imagínese la cantidad de peleas a golpes que existirían en todos los centros de servicios públicos como el agua, aseo o salud porque algún operador está cobrando por encima del consumo y el usuario reclama enérgicamente.

Pues bien señor taxista que golpeó al usuario y finalmente produjo la muerte de su cliente, usted no es apto para prestar un servicio público. Hubiese sido mejor que se quedara en su casa. En este sentido, en mi parecer, las empresas que afilian personas para prestar este servicio público no deben contar con la autonomía para definir si una persona es apta o no para atender al público.

El hecho de ser el taxi o el bus un objeto de propiedad privada no determina las condiciones del servicio y mucho menos si estas son establecidas en ese mismo momento y durante el transcurso de la carrera. Definitivamente hace falta regulación, vigilancia y autoridad en el servicio público (taxis obuses) en transporte urbano en Colombia.