Taxi: ¡viva la informalidad laboral!

Cuando uno empieza a creer que en temas de movilidad urbana lo absurdo ya ha llegado a su máxima expresión, siempre aparece un hecho nuevo que supera con creces todo lo anterior: los explotados conductores de taxi salen a marchar en contra de la iniciativa de formalización laboral de su oficio promovida por el gobierno nacional, mientras los empresarios y propietarios de taxi aplauden la marcha con sonrisa burlona y, como no, los usuarios seguimos soportando un pésimo servicio que no mejora porque a los jefes del gremio no les interesa.

El transporte público ya sea colectivo (buses) o individual (taxi) es un servicio regulado por el Estado que puede ser prestado tanto por operadores públicos como privados, por tanto en la pertinencia de la operación por parte de privados no hay discusión. En lo que sí hay discusión es en el hecho de que los operadores privados tengan que seguir manteniendo un nivel tan alto de informalidad laboral en este sector. No es posible que miles de conductores lleven años trabajando sin contrato, sin prestaciones sociales, sin seguridad social y en jornadas de más de 12 horas al día. 

Y, lo más importante, no es posible que millones de usuarios del taxi en las principales ciudades colombianas lleven años soportando uno de los peores servicios del mundo a causa de una estructura empresarial cuya base es la informalidad. Alta accidentalidad, conducción temeraria, vehículos destartalados, taxímetros adulterados, infiltración por parte de la delincuencia, son algunos de los claros síntomas de un pésimo servicio.

¿Qué pasaría si el gobierno se enterara que en una ciudad hay una empresa de más de 20.000 trabajadores en la cual la absoluta mayoría no cuenta con contrato, seguridad ni prestaciones sociales, una empresa que asume como normal una jornada laboral de más de 12 horas y evade cuanta carga tributaria le sea posible? Sin lugar a dudas eso debería ser todo un escándalo, no está de más recordar que por mucho menos le ha caído todo el peso de la justicia y de la temida DIAN a alguna pequeña y mediana empresa. No obstante, en el servicio de taxi ese es el día a día, ocurre a los ojos de todos y no hay quien lo controle. 

El servicio de taxi es un lucrativo y sencillo negocio, explicado aquí en tres pasos por si se anima a invertir. Primer paso, compre un taxi; segundo paso, páguele una cuota de afiliación a una empresa de taxi para poder operarlo; tercer paso, vincule de manera informal a dos conductores y exíjale a cada uno la entrega de una cuota fija de mínimo 80.000 pesos diarios. Listo, así de sencillo, a vivir de la renta. Además, en la práctica, nadie, ni usted como propietario del taxi ni la empresa a la cual lo tiene afiliado, tienen la obligación de hacerle un contrato laboral al taxista, mucho menos a establecerle un salario, ni a garantizarle sus derechos laborales y sociales. Un negocio redondo, razón por la cual se ha llegado a tal sobreoferta de taxis en nuestras ciudades.

Pero, se preguntarán algunos, ¿por qué un trabajador, en este caso un conductor de taxi, se negaría a la formalización laboral? Primero, porque sus jefes lo intimidaron diciéndole que si el dueño o la empresa de taxi tuvieran que pagarle la seguridad social entonces a él se le incrementaría la cuota fija que debe entregar a diario. Segundo, porque también le dijeron que si se incrementaran dichos costos el negocio se iría al garete y miles se quedarían sin trabajo. Tercero, porque el conductor de taxi lleva años en la informalidad, le gustan los ingresos netos y por ello no quiere que le hablen de impuestos, contribuciones, aportes, etc.

Así, la paradoja es que, al parecer, explotador y explotado viven “felices”, pero su sistema perjudica a millones de usuarios, es decir, va en contra del interés colectivo. Por tanto, todos, empresarios y propietarios de taxi, conductores y usuarios del servicio tenemos que tenerlo bien claro: la formalización laboral en un sector clave como el transporte público no es voluntaria sino una obligación de ley y es el paso fundamental para avanzar hacia la profesionalización del oficio de taxista y una mejora en la prestación del servicio al usuario. Un contrato laboral, un salario, una jornada laboral de 8 horas y la garantía de sus derechos laborales y sociales es lo justo. Todo lo demás son simples tácticas dilatorias de una transformación profunda del sector que empresas y propietarios de taxi no desean porque le reduce sus generosas utilidades.

La reivindicación social debería orientarse, por una parte, a la defensa del trabajo formal y a la garantía de los derechos laborales y sociales de los conductores y, por otra parte, a la defensa de la prestación de un buen servicio al usuario. De lo contrario, claudicando ante el interés económico de los señores dueños del gremio del taxi, los usuarios pasaremos otra década resignados a un pésimo servicio digno no del tercer sino del cuarto mundo.