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Opinión

  • | 2010/07/17 00:00

    Te hablo desde la prisión

    Son muchos los eventos en los que es la opinión pública la que exige a gobiernos actuar a favor de los ciudadanos. Esta opinión pública debería abogar por la situación de la población carcelaria.

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¿Quién se acuerda de Bobby Sands? A raíz de la huelga de hambre que protagonizó recientemente el opositor Guillermo Fariñas para presionar por la excarcelación de los presos políticos cubanos, es inevitable la referencia al caso de este disidente del gobierno de “La Dama de Hierro”, Margaret Thatcher, que pertenecía al IRA y durante su reclusión enviaba artículos escritos en pedazos de papel higiénico, a través de diversos visitantes, denunciando sus condiciones carcelarias. Sands fue elegido como miembro del Parlamento Británico mientras adelantaba la huelga, pero aún así murió de inanición. Igual que el de Fariñas, fue un episodio que le dio la vuelta al mundo. En el caso del irlandés, los medios resaltaron muy especialmente las duras condiciones de los presos.

La presión internacional unida a la interna -como la de las “Damas de Blanco” en Cuba- ha servido desde hace algunas décadas para poner de relieve violaciones a los derechos humanos en muchas latitudes, en lo que se podría denominar “movilización por la vergüenza”. Son muchos los eventos en los que es la opinión pública, alimentada por las imágenes y las notas de los periodistas, la que exige a gobiernos y a organismos internacionales actuar a favor de los ciudadanos de un determinado país.

Esta opinión pública debería abogar alguna vez por la situación de la población carcelaria en diversas partes del mundo. Los seis excarcelados cubanos que llegaron recientemente a España denunciaron en una rueda de prensa que las condiciones de las cárceles de su país son infrahumanas. A los detenidos les toca convivir “con ratas, con cucarachas, con alacranes y en medio de excrementos”. Afirman que deben recurrir a la autoagresión para que las autoridades atiendan sus peticiones de salud, añadiendo que allí son delitos actos que en ningún otro Estado lo son, como la libre asociación o la libre expresión. Obviamente despiertan más solidaridad los presos políticos, pero hay que recordar que todos los reclusos tienen derechos, tanto genéricos como específicos a su situación, reconocidos tanto por sus Estados como por instancias supranacionales como la ONU.

En Colombia las denuncias sobre las condiciones de los presos y la vulneración a sus derechos son constantes, pero no solamente de los que pagan penas en el país, sino también de los colombianos que están encarcelados en el exterior, lo que afirmo con base en soportes de varios debates que se han llevado a cabo en el Congreso, casi todos liderados por el Movimiento Mira, así como en encuestas hechas a Cónsules colombianos, en entrevistas a personas pertenecientes a la Pastoral Penitenciaria Católica y a familias de connacionales recluidos en otras naciones, entre otros, para una investigación que realicé. Muchos de los detenidos no cuentan con la asesoría jurídica que les deben prestar por ley los consulados y hay personas que pasan años entre rejas sin que se les defina su situación, lo que se une a permanentes denuncias de su parte por maltratos físicos y por la estigmatización derivada del hecho de ser colombianos –en algunos países, sinónimo de narcotraficantes-, no solo por parte de los otros presos sino también de las autoridades.

El hacinamiento es otro aspecto terrible. En Ecuador, concretamente en el Centro de Rehabilitación Social de Tena, hay 200 detenidos que conviven en un recinto diseñado para 100. En El Centro de Detención Social de Nueva Loja hay cuartos de 12 metros cuadrados que albergan permanentemente alrededor de 10 presos. También es común en varios países que no haya pabellones clasificados por peligrosidad, donde acomodan a asesinos condenados con detenidos por no tener los papeles en regla. En prisiones del Medio Oriente hay denuncias que van desde el encierro total hasta obligación de ingerir comida en descomposición.

Conectando con el caso de los presos políticos cubanos, una de las medidas que tomó Raúl Castro - fuera de la excarcelación gradual de 52 opositores y la inmediata de un enfermo- fue el traslado de 12 condenados a cárceles de sus respectivas provincias. ¿Cuál es el beneficio?, podría uno preguntarse. ¿Acaso en esas cárceles no habrá también alacranes y cucarachas? El beneficio es que al llegar a la prisión de su lugar de origen, la persona puede ser visitada por sus familiares. A nivel internacional se da el derecho a la repatriación, que es una herramienta parecida, respaldada por tratados entre los países y que permite una mejor resocialización de los reclusos. No es lo mismo estar preso en Turquía, donde ni siquiera se entiende el idioma, que en su propia tierra, así las condiciones carcelarias también dejen allí mucho qué desear.

Las principales denuncias se derivan de que el Estado colombiano, habiendo firmado leyes de repatriación con otras naciones, que permiten a los presos en el exterior ser trasladados al país una vez hayan cumplido el 50% de la pena, no está cumpliendo en general con este compromiso, argumentando falta de recursos para el viaje o hacinamiento local. Muchas veces las familias de los reclusos se ven obligadas a hacer rifas y recurrir a otros medios para financiar el pasaje del detenido y el del guardia que lo debe acompañar.

Las personas que han cometido un delito deben pagar por eso, pero deben hacerlo en condiciones dignas, respaldadas por las garantías del debido proceso y de los derechos fundamentales. Y aun en cárceles internacionales, es el Estado colombiano el responsable de que a sus ciudadanos se les respeten esos derechos.
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