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Opinión

  • | 2002/05/06 00:00

    Terrorismo, todo por hacer

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Actualmente están en vigor 19 tratados mundiales o regionales relativos al tema del terrorismo internacional. Muchos de ellos orientados a prevenir y castigar los actos terroristas cometidos a bordo de una aeronave, como la convención de Tokio de 1963, el convenio de La Haya de 1970 y el Protocolo de Montreal de 1988. Otros convenios, como la Convención de Naciones Unidas de 1979 y la Convención de Viena de 1980, han sido referidos a la toma de rehenes y a la protección física de materiales nucleares. Los acuerdos de más reciente aprobación se han preocupado por asuntos más específicos, como la realización de actos terroristas con bomba y la financiación del terrorismo. Es el caso de los convenios internacionales de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 1997 y diciembre de 1999, respectivamente, y la convención para el uso de explosivos plásticos de 1991, negociada después de la bomba al avión de Pan Am. Importantes iniciativas en materia de lucha antiterrorista han surgido también de los organismos multilaterales de carácter regional, como la Liga de Estados Arabes, la Conferencia Islámica, la Convención Europea y la OEA, cuya convención de 1971 busca la prevención de actos de extorsión y terrorismo internacional. Todos los estatutos nacionales contra el terrorismo y las disposiciones de los organismos multilaterales comienzan por tratar de definir el terrorismo. Pero en realidad no lo logran o no lo consiguen de forma exitosa. Ni la ley antiterrorista inglesa de 2000, ni la reciente iniciativa de Aschcroft de Estados Unidos, ni los tratados y resoluciones de las Naciones Unidas contienen una definición adecuada de terrorismo. Una que no tenga fisuras o contradicciones, o que no se preste para tergiversaciones. No se ha logrado una aceptable definición en primera medida porque no es fácil describir una conducta que se puede producir de tan diversas maneras y que puede tener tal variedad de motivaciones y finalidades. Además porque, como diría Antonio Caballero, a los países desarrollados, con Estados Unidos a la cabeza, no les interesa definirlo, sino combatirlo. La legislación inglesa describe al terrorismo como cualquier acto violento contra los bienes o las personas, siempre que con ello se busque influenciar o intimidar al gobierno o desarrollar causas políticas, religiosas o ideológicas. La convención de la ONU para la represión de la financiación del terrorismo llama terrorismo a la realización de cualquier acto de intimidación o presión a una población o a un gobierno, tendiente a causar la muerte o lesiones serias a un civil o cualquier persona que no tome parte activa en una situación de conflicto armado. El analista internacional Walter Laqueur lo define como el uso ilegítimo de la fuerza para conseguir un objetivo político, cuando los inocentes son perseguidos. Para el FBI es terrorista quien haga uso ilegítimo de la fuerza o la violencia contra personas o la propiedad para intimidar al gobierno, a la población civil, persiguiendo objetivos políticos o sociales. El más obvio y mayor inconveniente está en la ilegitimidad de la fuerza como rasgo esencial del terrorismo. ¿Quién decide si la fuerza o la violencia de otro es ilegítima? ¿Se deben considerar todos los actos de fuerza de los Estados como legítimos? Si así fuera, no se habría podido llamar terroristas a los Talibán mientras estaban en el poder, ni se podría calificar así a los actos de violencia promovidos por el Estado de Israel en el marco del conflicto árabe. En su rigor literal, las definiciones también calificarían de terroristas a los revoltosos que rompen vitrinas y tiran piedra en protesta contra las reuniones de la OMC o contra las medidas del gobierno argentino, puesto que atentan contra la propiedad buscando influenciar o intimidar al gobierno de turno para dar sustento por la fuerza a su pensamiento político anticapitalista o de oposición. Así mismo, se podría llegar al absurdo de dejar por fuera de la definición a grupos armados que actúan con horrenda violencia pero sin motivación política o social conocida, como sería incluso el caso de Ben Laden. Aun cuando el mundo ha fallado en describir apropiadamente a su mayor enemigo, ha sido resuelto y efectivo en lo que es más importante, perseguirlo. En Colombia ha ocurrido todo lo contrario. La definición normativa es aceptable pero la lucha por detenerlo es deplorable. Los resultados son precarios y las herramientas para hacerle frente son claramente insuficientes. El Código Penal, además de castigar diversas modalidades delictivas (como el terrorismo biológico y la fabricación de armas químicas), al definir el terrorismo en el artículo 343 se concreta a lo esencial: el acto de provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población, dejando de un lado calificaciones accesorias, como la gravedad del daño o la motivación política. El terrorismo es grave precisamente porque pone a la intimidación y al terror como fines en sí mismos. Para el terrorista el daño no es sólo la consecuencia de sus actos, como ocurre con otros delitos, sino su razón de ser. A pesar del acertado enfoque de nuestro legislador, está todo por hacer. No tenemos un estatuto antiterrorista que le dé una perspectiva integral al flagelo y lo haga parte esencial de la política gubernamental, para superar la aproximación de mera conducta individual del código. Además es preciso dotar a las autoridades policivas y de inmigración de más efectivas herramientas para capturar y deportar sospechosos, recaudar pruebas, interceptar comunicaciones y prevenir actos terroristas. De igual forma, se debe adoptar un procedimiento penal y carcelario de excepción para el sindicado y el condenado de terrorismo. Si la bomba de Villavicencio y los petardos de Bogotá no son motivo suficiente, entonces que lo sea la inaceptable e irresponsable orden de libertad concedida al confeso Diego Fernando Serna, después de sólo cuatro meses de prisión. *Abogado
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