Viernes, 20 de enero de 2017

| 2008/02/09 00:00

Terrorismo

Miguel Ángel Herrera Zgaib escribe sobre cómo se legitima el terrorismo como método de presión del paramilitarismo para proteger los intereses del gobierno y la política neoliberal.

Terrorismo

La discusión internacional sobre el terrorismo precisa que las AUC, como las Farc y el ELN han cometido actos terroristas, esto es, que han estado incursos en la comisión del delito común de terrorismo, distinguiéndolo del delito político que sí contempla nuestra legislación y donde el terrorismo no es aún un delito. Así lo recordaba Rafael Pardo al denunciar varias falencias de Justicia y Paz, la Ley 782 de 2003.

Ahora bien, los actos terroristas como instrumentos de acción política o medios de guerra los utilizan tanto los actores institucionales –estados, gobiernos y regímenes– como los no institucionales, las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes y los movimientos políticos, en acciones internas como externas. Al respecto del terror estatal, el célebre lingüista y controversial activista norteamericano Noam Chomsky, lejos de cualquier chauvinismo, documenta antes y después de la guerra de Vietnam el terrorismo practicado por los Estados Unidos en su sociedad, contra sus rivales, y en el Tercer Mundo en particular.

Así, Chomsky y Edward Herman escribieron La economía política de los derechos humanos, Los guardianes de la libertad (Manufacturing Consent), donde, además, explican y aplican el modelo de la propaganda a La cultura del terrorismo. Un ejemplo que prueba el terrorismo estatal interno es la investigación que Chomsky hizo del asesinato del activista negro Fred Hampton, militante de los Panteras Negras en Chicago, cometida por la policía con la dirección del FBI. En Los guardianes de la libertad, ambos probaron cómo es diferencial el trato para el terrorismo, pues compararon el cubrimiento en el NYT, Newsweek y Time del asesinato de 10 religiosos en América Latina, ocurridos entre 1964 y 1980, 604.5 columnas, la mitad que el merecido para el asesinato oficial del sacerdote polaco Jerzy Popieluszko en la Polonia socialista de 1984.
Distinción entre actor político y terrorismo

Los actores violentos, –y todo Estado lo es siempre en potencia–, utilizan cualquier medio terrorista a su alcance bajo determinadas circunstancias. Esto lo teorizó Carl Schmitt para los estados modernos cobijados por los estados de excepción. Empero, lo político no se define por el ejercicio de las violencias que incluyen al terrorismo. Un actor es político cuando tiene la intención deliberada y pública de preservar, reformar, conseguir o destruir el poder del Estado o el gobierno de una sociedad conforme a su propio programa.

Las AUC, integrantes de la alianza para-política con congresistas y dirigentes empresariales regionales y nacionales, al pretender refundar la “Nueva Colombia” en el Acuerdo de Ralito, nunca fueron sujetos políticos sino bandas paramilitares, al estar subordinadas en últimas a la autoridad y el poder del Estado. Ellas no eran autónomas, ni tampoco tuvieron un programa propio difundido públicamente. Eso sí, influyeron de modo privado, clandestino, usando el terror para favorecer electoralmente al llamado partido uribista. Así lo prueban las investigaciones criminales cumplidas y falladas por la Corte Suprema de Justicia, cuya condena más reciente es la del ex senador Dieb Maloof. El ex senador Mario Uribe, al ser llamado a indagatoria, se convirtió en piedra de escándalo entre el presidente Álvaro Uribe, su primo, y el saliente presidente de la Corte, el magistrado César Julio Valencia Copete.

La legislación colombiana

En la administración del presidente Andrés Pastrana se implementó la Ley 418 que reconoció el estatus político de las Farc, y permitió negociar sin cese de las hostilidades. Así ocurrió durante los diálogos de paz en la zona de distensión con observadores internacionales, privados y estatales. Luego, la ley 782 de2002 modificó la anterior ley al autorizar negociaciones con actores armados/terroristas sin estatus político alguno. Lo específico era para darles cabida a las organizaciones paramilitares de las AUC, cuya dirigencia aceptó cese de hostilidades en Ralito, y ser juzgada en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

En la nueva ley se distinguió entre fuerzas guerrilleras como actores políticos y los paramilitares como autores de delitos comunes, y nunca de delitos políticos. Sin embargo, dicha ley siguió sin contemplar el acto terrorista como un delito. La definición jurídica dada por la Corte Constitucional potenció en seguida como contrapartida, una estrategia congresional de la coalición uribista, el empeño de atribuirle a los paramilitares la condición de sujetos políticos a posteriori.

La novedad de la para-política

La intención de calificar la conducta terrorista como un quehacer político revela la paradoja del gobierno del presidente Álvaro Uribe, que viene afectando en forma grave la justicia penal. De cumplirse el deseo presidencial, el gobierno se comprometería con la legalización de una organización eminentemente terrorista, decretando su carácter político contra los principios universales y las cartas de derechos humanos vigentes.

Ante la novedad de la para-política, donde un tercio de los políticos descubren su uso del paramilitarismo para elegir y ser elegidos, se descubre políticamente la existencia del terrorismo como fórmula eficaz para proveer los cargos de elección popular, a partir de 1999. Se verifica entonces la transformación del régimen presidencial en un para-presidencialismo de hecho que mantiene hasta hoy su pretendida legalidad. Aunque las AUC comparten la calificación de terroristas con las Farc y al ELN en los listados de EUA y la UE, pasarían ahora a ser actores políticos premiados por su accionar ilegal contra las guerrillas como cierre del círculo vicioso de la llamada “seguridad democrática”, bajo el ejercicio de un estado de excepción con la connivencia de la mayoría uribista del Congreso. Aunque la actual presidente del Congreso se niega a darle curso a tal proceder.

Paralelamente, el gobierno y sus voceros insisten en realizar un Acuerdo Humanitario con las Farc, negándoles a éstas el carácter político que de suyo tienen. Aquellos confunden beligerancia con el carácter de sujeto político, y el terrorismo con la negación de estatus político para los insurgentes Farc-Ep y ELN, a la vez que le niegan al terrorismo el carácter de delito común. El gobierno y el bloque en el poder sí pretenden que una fuerza terrorista, las AUC en virtud de sus acciones, se convierta a la fuerza en sujeto político, después que han hecho uso y abuso indiscriminado contra la población civil de medios que producen pánico, miedo o terror, con el asesinato cruel selectivo y masivo de colombianos acusados de tener vinculaciones con la guerrilla, esto es, con la oposición armada al Estado colombiano.

Para-presidencialismo y terror estatal

El fenómeno de la para-política, en lo sustancial, no es otra cosa que el uso instrumental del terrorismo que garantizar en forma ilegal e ilegítima la permanencia del establecimiento neoliberal negando la más mínima representación democrático liberal. El uso de la violencia en todas sus formas terroristas no sólo favoreció la permanencia de este orden político, sino que a los señores de la guerra y a sus aliados los proveyó de cargos de arriba abajo en las instituciones del régimen, entre los años 1999 y 2007.

La consecuencia de este accionar para-político terrorista es una mutación política perversa, ilegal y criminal; la corrupción del régimen presidencial reformado en 1991. En su lugar ha puesto un régimen para-presidencial que no sólo compromete al Estado colombiano en la comisión de actos terroristas sino que le asigna un origen terrorista a la permanencia de sus instituciones de gobierno en las ramas ejecutiva y legislativa del poder público.

En suma, los que otros estudiosos definen como el proceso de desinstitucionalización del orden político, es lo que aquí definimos como una institucionalización terrorista, antidemocrática del para-presidencialismo en el comando de la sociedad política, y de otra parte, como resultado del fascismo social que alío a paramilitares con empresarios del campo y la ciudad, la comunidad política republicana se ha venido transformando en una para-república en el comando de la sociedad civil.

La articulación de para-presidencialismo y para-república en cierne, engendra un placebo político del Estado social de Derecho: el Estado Comunitario fruto de la degeneración democrática. Para nuestra historia político constitucional, esta es la etapa farsesca, después de la trágica regeneración capitalista que selló La guerra de los mil días hace 100 años. Ahora esta etapa, bajo el estado de excepción de hecho, con el apoyo del modelo de la propaganda, y la intervención policial del gobierno estadounidense, nos impone la guerra terrorista como garantía del TLC, esto es, la reproducción neoliberal del capitalismo global en Colombia pretendiendo que no haya resistencia alguna.

*Profesor Asociado del departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia. Es director del Grupo Presidencialismo y Participación, UNIJUS

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