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Opinión

  • | 2014/12/16 00:00

    #TiempoDeActuar

    Colombia cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar la enorme impunidad frente a la violencia sexual en el conflicto armado. Es hora de ponerlas en práctica.

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La semana pasada fue publicado el informe de la Cumbre Global para Erradicar la Violencia Sexual en Conflictos Armados, el encuentro más grande de la historia sobre el tema, que fue llevado a cabo en Londres en junio de este año. La cumbre tuvo representación de más de 128 países y la presencia tanto de delegaciones oficiales como de sociedad civil, incluyendo varias organizaciones colombianas. Esta cumbre hace parte de una iniciativa global del Gobierno Británico lanzada en el 2012 que busca prevenir la violencia sexual en los conflictos armados, por medio de concientización, promoción de cooperación y aumento de la voluntad política y la capacidad de los Estados de hacer más para enfrentar este flagelo.

La lectura del informe del evento es esperanzadora, pues pareciera finalmente existir un casi-consenso global sobre la importancia de actuar frente a este fenómeno que la Corte Constitucional ha descrito como “una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”. El informe además de contener la “Declaración de compromiso para erradicar la violencia sexual en conflictos armados” que fue presentada el año pasado en la Asamblea General de la ONU y que hasta la fecha ha sido respaldada oficialmente por 155 países, entre ellos Colombia, incluye una declaración de acción, en la que los participantes de la Cumbre renovaron su compromiso de trabajar por la erradicación de la violencia sexual en conflictos armados, “una de las mayores injusticias de nuestro tiempo”.

Pero el principal aporte de esta Cumbre fue el Protocolo internacional de documentación e investigación de violencia sexual en situaciones de conflicto armado. Es una recopilación de buenas prácticas presentadas por médicos, organizaciones sociales y sobrevivientes de todo el mundo, que establece unos eestándares básicos para la documentación de la violencia sexual como crimen en el derecho internacional. El gran desafío ahora es lograr la implementación de todo lo enunciado. Que el compromiso de los países no se quede en palabras protocolarias sino que se traduzca en acciones concretas.

Un paso en esa dirección tomó el Congreso de Colombia, coincidencialmente al tiempo que se celebró la cumbre el Londres, cuando aprobó la Ley 1719 que adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial en el marco del conflicto armado. Dicha ley amplia los tipos penales referentes a la violencia sexual, carga la responsabilidad de la prueba en los organismos del Estado que investigan los casos, establece que la violencia sexual debe ser castigada con severidad, sin importar el victimario, y ordena una serie de medidas concretas para facilitar el acceso de las victimas al sistema de salud y de justicia.

El presidente Santos, dijo en su discurso al ratificar dicha ley, que “el Estado y la sociedad haremos lo que esté en nuestras manos para evitar esta violencia, para apoyar a las personas que la han sufrido, para darles acceso a la justicia, y para que tengan asistencia médica y psicosocial, y reparación integral.”

El reto es enorme. En 2008, la Corte Constitucional en el anexo reservado del Auto 092 seleccionó 183 casos de violencia sexual en el conflicto armado y requirio´ a la Fiscali´a para que adoptara en un lapso breve las medidas necesarias para que los casos avanzaran de manera acelerada y se iniciaran las investigaciones de los que au´n no hubieran sido investigados. Seis años más tarde, casi la totalidad de los casos siguen en impunidad, muchas sin ni siguiera unas indagaciones preliminares. Se estima que hay al menos medio millón de mujeres más víctimas de violencia sexual en el conflicto armado en este país.

Colombia cuenta con las herramientas – el apoyo internacional, el compromiso político hecho público, el marco normativo que garantiza los derechos de las víctimas y un protocolo de investigación de estos crímenes –  y es hora de ponerlas en práctica para traducir las palabras en una reducción de la enorme impunidad frente a una de las mayores atrocidades invisibles del conflicto armado colombiano. Es, como dice el hashtag de la campaña británica: #TimeToAct, o #TiempoDeActuar.

*Investigadora en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

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