Tiranía de creencias

La semana pasada se agitó la polémica en torno a la despenalización parcial del aborto que ordenó la Corte Constitucional en 2006. De una parte, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 4444 de 2006. Por medio de este decreto, el Gobierno reglamentó el procedimiento que deben seguir las entidades de salud para dar aplicación a la sentencia de la Corte Constitucional. Según el Consejo de Estado, es el Legislador y no el Ejecutivo el que debe regular un tema tan delicado que afecta derechos fundamentales.

De otra parte, el Procurador General de la Nación solicitó al Tribunal Constitucional que declare la nulidad de un reciente fallo de tutela de una de sus salas; dicho fallo urgió al Gobierno y al Ministerio Público a que adelanten campañas educativas en los colegios sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y sobre los tres casos específicos en los que la Corte Constitucional autorizó la interrupción voluntaria del embarazo (cuando la vida o integridad de la madre corre grave peligro por razón del embarazo; cuando éste es producto de violencia sexual; cuando el feto presenta malformaciones que hacen su vida inviable).

Los opositores de la despenalización del aborto, encabezados por la Iglesia Católica, celebraron las actuaciones del Consejo de Estado y del Procurador, al considerarlas una defensa del derecho a la vida del que está por nacer y un límite necesario a la extralimitación de poderes de la Corte que, según el Procurador, está promocionando el aborto.

Esta polémica demuestra el gran desconocimiento que reina en el país sobre las decisiones de la Corte Constitucional sobre el aborto. Ello ha sido aprovechado por grupos de interés conservadores para atacar al alto tribunal, y a quienes apoyan su postura por medio de una alarmista campaña de desinformación.

La Iglesia Católica y sus seguidores alegan que la Corte está violando la Constitución y la ley natural al establecer que el aborto es un derecho y no un delito que atenta contra la vida. Esto es falso; la Corte Constitucional estableció tres excepciones precisas a la penalización del aborto en Colombia, no lo legalizó ni mucho menos lo promueve.

El alto tribunal se ha visto forzado a pedir a diversas agencias estatales que hagan pedagogía sobre el sentido de su decisión, dado que como se desconoce, esto ha dado lugar a que se cometan abusos por parte de las entidades de salud. Muchas de éstas interponen toda clase de obstáculos para eludir la sentencia de la Corte. Aunque ésta puede ser controversial, no es caprichosa, pues tiene sólidos fundamentos constitucionales al defender, en circunstancias precisas, el derecho a la vida, la autonomía y dignidad de las mujeres.

Pero lo más preocupante es que el estado de confusión reinante, así como las acusaciones falsas contra la Corte que éste propicia, son en buena medida responsabilidad de diversos funcionarios y organismos estatales.
 
De una parte, el Procurador está anteponiendo sus creencias religiosas a sus responsabilidades constitucionales: en vez de dar cumplimiento a las decisiones de la Corte y velar por el respeto del orden jurídico vigente, está usando su cargo para apoyar la postura de la Iglesia Católica en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde que el Procurador asumió su cargo, la entidad que preside no sólo ha dejado de monitorear el cumplimiento de las decisiones de la Corte por parte de las entidades de salud, sino que ha comenzado a cuestionar abiertamente la jurisprudencia del alto tribunal.

Por otra parte, el Congreso de la República, de manera deliberada, ha ignorado el llamado de la Corte Constitucional, que hace más de tres años lo exhortó para que expidiese una ley que regule los casos en que se puede interrumpir de manera voluntaria el embarazo.

Así se podría establecer con precisión los procedimientos a seguir en los casos autorizados por la Corte, lo relativo a la objeción de conciencia de los médicos que se nieguen a practicar un aborto, así como las sanciones contempladas para quienes incumplan la ley. De esta forma se superaría buena parte de los obstáculos y dudas que han surgido hasta ahora.

A pesar de que se han presentado varias iniciativas, la coalición mayoritaria del Congreso se ha negado a discutir el tema, presionada en buena medida por la Iglesia Católica y grupos conservadores como los que publicaron el domingo pasado en El Espectador un anuncio de página entera.

En éste invitan a la resistencia civil contra las decisiones de la Corte Constitucional con el mendaz argumento de que estas son “inconstitucionales, arbitrarias, abusivas y tiránicas”, pues han legalizado un delito y pretenden imponer a los centros educativos la apología del mismo. Como se vio, lo primero es falso.

En cuanto a lo segundo, la Corte sólo pide que se enseñe su fallo, una interpretación autorizada de los principios y derechos establecidos en la Carta Política. Esto es un claro desarrollo del artículo 41 de la misma, que establece que en las instituciones de educación, oficiales o privadas, será obligatorio el estudio de la Constitución.

La Corte no impone doctrina alguna; la decisión de interrumpir el embarazo en los casos que ha autorizado, corresponde únicamente a la mujer embarazada, quien, de acuerdo con su conciencia y sus principios, tomará una decisión libre al respecto.

Denota más arbitrariedad la actitud negligente del Congreso, que se niega a discutir democráticamente un tema de interés público y de alta sensibilidad social. Y es más tiránica aún la postura de quienes pretenden imponer su particular visión ética y política a los organismos del Estado y a toda la sociedad.