Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/06/17 17:01

El éxito de una estrategia no debe medirse en número de muertos

El Gobierno debería escoger una localidad como un piloto para transformar la economía ilegal como un medio para poner fin a la presencia de los grupos post desmovilización.

Todd Howland Foto: Archivo SEMANA

En las últimas semanas, al escuchar sucesivamente las declaraciones gubernamentales referidas a la medición de los resultados de la lucha contra los grupos post desmovilización y otros grupos criminales, sentí escalofrío: el éxito de la estrategia parece medirse por las cifras de muertos y capturados.

Sin duda es impostergable enfrentar los graves problemas de derechos humanos relacionados con estos grupos, pero la estrategia no producirá los cambios deseados si se recurre a utilizar la misma medición del número de muertos (body count) y las ofertas de recompensas que en el pasado estimularon el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales -los “falsos positivos”. Esa práctica criminal, que consistía en el asesinato de personas para presentarlas posteriormente como miembros de la guerrilla muertos en combate, aún no ha sido asumida integralmente al interior de las fuerzas militares, del Estado y de la sociedad colombiana. Ello se evidencia en la ausencia de: un reconocimiento institucional y político, una solicitud de perdón o actos de reparación, que incluyan cambios estructurales que conduzcan a la no repetición de esas violaciones.

La lucha contra los grupos post desmovilización debe ser firme y decidida por parte de la justicia y la fuerza pública y debe priorizar la corrupción y la omisión. También debe realizarse en el marco de los derechos humanos para desincentivar la violación de los derechos de las personas.  Pero la criminalidad organizada se aprovecha de la pobreza, de la falta de oportunidades, y de la escasez o debilidad de la institucionalidad, para vincular a la población alrededor a sus actividades. No se acabará el problema sin acompañar la necesidad de lucha militar y policial contra los grupos con esfuerzos integrales para trasformar las regiones, atender las problemáticas sociales y económicas, y dar a la población alternativas para alejarse de los criminales.

Hoy observamos una y otra vez a lo largo del país que los grupos post desmovilización dependen del control de las actividades económicas ilícitas, tal como el Presidente Santos lo ha señalado reiteradamente. La solución radica, entonces, en la transformación de las economías ilegales para privar de ingresos a estos grupos y aislarlos de la población. Dado el volumen de dinero que producen las economías ilegales, la métrica de muertos y capturados producirá estadísticas -ojalá reales- pero no generará cambios; los miembros detenidos o abatidos son fácilmente reemplazables, si la motivación de estos grupos no es erradicada.

Es cierto que los grupos post desmovilización cometen más homicidios hoy en Colombia que cualquier otro grupo armado: asesinan defensores de derechos humanos y líderes comunitarios; amenazan, coaccionan, controlan o expulsan a los líderes locales y socavan el tejido social. El control social es un medio para mantener y expandir los ingresos y utilidades ilegales. Además, esos grupos provocan contaminación ambiental -que viola el derecho a la salud-, propician la trata de personas y la esclavitud sexual, corrompen autoridades políticas locales y miembros de la fuerza pública, y limitan el acceso a derechos como el agua y la educación.

El conjunto de violaciones a los derechos humanos cometidas por estos grupos está asociado a las economías ilegales. Transformar dichas economías podría ser más eficaz para poner fin a esas violaciones. Ello implica un esfuerzo que debe ser local e integral. Se necesita además asumir que estas prácticas no existirían sin la omisión y la corrupción de algunos individuos -en lo empresarial, en lo político, en las administraciones locales y en la fuerza pública-, adoptar decisiones para depurar las instituciones. Por ejemplo, la minería ilegal requiere de grandes maquinarias que circulan por las carreteras, pasan por retenes y puestos de control; su tránsito y almacenamiento no es posible sin la omisión de las autoridades.

El denominador común entre las omisiones gravísimas que facilitaron las muertes de gran escala por parte de los grupos paramilitares, los falsos positivos y las violaciones del presente -incluyendo la recaudación de rentas por parte de algunos políticos y autoridades estatales- es que con frecuencia el dinero se impone frente al deber de promover y respetar los derechos humanos. Las bajas y las capturas de miles de miembros de los grupos criminales post desmovilización no cambiarán esta realidad; esas personas son reemplazables. Se requiere enfrentar este problema con realismo y eficazmente.

El Gobierno debería escoger una localidad como un piloto para transformar la economía ilegal como un medio para poner fin a la presencia de los grupos post desmovilización.

Es fundamental la legalización de las minas mediante el mejoramiento de los salarios, las condiciones dignas de trabajo y la seguridad ambiental. Las ganancias podrían ser utilizadas para generar mayores empleos de recuperación ambiental. Y todo esto debería estar acompañado de un mejoramiento en el acceso a agua potable, redes sanitarias, educación y atención en salud, así como una nueva relación entre las fuerzas armadas y la comunidad.

Un resultado exitoso podría motivar que otras comunidades cercanas quieran cambios similares. Debería hacerse una oferta, por una sola vez, a los grupos post desmovilización para someterse al sistema judicial con incentivos significativos -reducción de penas y alternativas a la prisión- a cambio de información sobre sus nexos con autoridades, políticos y empresarios. Un enfoque integral requeriría iniciar con la incautación de las maquinarias para darles un uso alternativo, tan necesario en esas regiones, la persecución penal por omisión en el cumplimiento del deber, investigaciones y condenas relacionadas con las conexiones entre los grupos post desmovilización y otros grupos armados, un esquema de legalización, generación de empleo e inversión social.

Transformar estas economías conduciría a una reducción muy significativa en el conjunto de violaciones a los derechos humanos que se presentan hoy y permitiría un incremento medible en el nivel de respeto de todos los derechos, incluyendo los económicos y sociales.

Los procesos de paz con las FARC y el ELN abren esta posibilidad en muchos lugares del país, pero esta ventana de oportunidad para transformar las economías ilegales se cerrará más pronto de lo que muchos piensan, tal como está pasando en muchos lugares del país en donde el accionar de los grupos ilegales está sobrepasando las intenciones transformadoras del Gobierno y la capacidad institucional.

Los resultados no se medirían entonces en términos del número de muertos, sino en términos del cambio sostenible.

*Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

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