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Opinión

  • | 2014/12/10 00:00

    ¿Todo el peso en los combatientes?

    Poner punto final a una guerra implica hacer un balance de responsabilidades. La sentencia contra Salvatore Mancuso y un libro reciente dan pistas para entender por qué algunos pretenden descargarla toda en los combatientes, exculpando a sus artífices.

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A diferencia del siglo XX, la amnesia frente a las atrocidades de las guerras no es hoy una opción para acabarlas. Las sociedades que pretendan superar sus conflictos en el siglo XXI deben enfrentarse, de una u otra forma, a la verdad de lo sucedido. Lejos de ser algo contraproducente, esto puede significar la oportunidad para sentar las bases sólidas de una época de paz. Pero para que ello ocurra, la verdad, además de reparar a las víctimas, debe tener un efecto aleccionador.

Explico mi punto. De nada sirve invertir grandes presupuestos para cumplir con el deber de memoria, si eso no nos sirve para hacer los cambios necesarios para acabar con la guerra y desterrarla de todo futuro posible, como aquellos pueblos que en la lucidez que da el haber padecido la barbarie, han decidido desarmarse.

La construcción de verdad, sin embargo, no es un terreno pacífico. Y en medio de la abrumadora sucesión de hechos violentos que la guerra termina por convertir en cotidianos, se va imponiendo una forma de interpretar el sentido del conflicto y, con ello, una determinada política de la verdad.  Se trata de aquella visión de la confrontación que la reduce a ser un asunto de bandos armados en disputa, en la que se establece una separación tajante entre combatientes –quienes en todo caso llegan a tener patente de corso para matar, humillar, torturar y violar- y el resto de la sociedad. 

Que así lo vea la gente que poco ha tenido que ver con los episodios de violencia, es entendible. Pero que lo hagan quienes han impulsado la guerra desde otros sectores, pretendiendo establecer una distinción moral entre los combatientes y ellos mismos (pidiendo que no haya impunidad para los primeros), no deja de ser una gran hipocresía y cinismo. 

Contra esa política de la verdad, que revela con crudeza, entre otras cosas, algunos rasgos de la verdad de la política, hay quienes se empecinan en recordarnos que la guerra no es solo una cuestión de combatientes –sus instrumentos- sino también de otros actores –sus artífices o beneficiarios- que se sienten facultados para usar la violencia para conseguir sus metas, sean estas las de enriquecerse, avanzar en sus objetivos estratégicos o triunfar en política. Dos documentos recientes así lo demuestran.

Primero, en su libro Guerras Recicladas, María Teresa Ronderos presenta abundante evidencia de cómo el paramilitarismo fue auspiciado por narcotraficantes como Rodríguez Gacha, como una forma de posicionarse estratégicamente en la lucha que Estados Unidos libraba contra la izquierda en América Latina. Luego la colaboración resultaría tan estrecha que en su estrategia contra el sandinismo en Nicaragua, la CIA se habría aliado con sus enemigos en la guerra contra las drogas, permitiéndoles expandirse y gozar de impunidad.

Segundo, en la sentencia de 800 páginas contra Mancuso, la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá muestra cómo la acción armada de los paramilitares contra la población civil no se limitó al combate a la guerrilla, sino que fue funcional a los intereses de empresarios de la palma para montar complejos agroindustriales en Norte de Santander. También en Tumaco, en la Hacienda Bellacruz o en el Chocó (donde ya hay 16 empresarios condenados) el libro de Ronderos cuenta cómo la violencia paramilitar se ensañó contra los civiles con la llegada de la palma.

Ambos documentos están repletos también de referencias sobre cómo el paramilitarismo fue usado por algunos políticos para eliminar la competencia electoral o triunfar en las elecciones. Con la persistencia en el uso de las armas para coartar la política, y el asegurar fuentes de ingreso con la comisión de crímenes repudiables, la guerrilla debe hacer también su mea culpa.

La verdad debe servirnos para hacer justicia, pero también para construir otra cultura empresarial, un ejercicio soberano del poder con estricto apego a medios legítimos, y una nueva ética de la política que contribuyan a que la vida y la dignidad de los demás prevalezcan siempre sobre cualquier interés particular. ¿Tendremos la grandeza de abrir esta discusión en vez de optar por la vía fácil, y poco aleccionadora, de descargar todas las culpas en los combatientes para que nada cambie?

*Investigador de Dejusticia
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