Todo vale

Más se demora uno en hablar de un político y un magistrado manchados por Odebrecht y compraventa de fallos que en aparecer dos más. No debe ser coincidencia el que los nombres que saltan en los escándalos de Odebrecht y la corrupción en las cortes sean los mismos enmermelados para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y el proceso de paz. En la Colombia del ‘todo vale’  -el cual nos ha hecho recorrer senderos de terrorismo y altos niveles de violencia y crimen organizado para que algunos obtengan poder y/o dinero rápido-, nos debemos un debate de si en realidad no todo vale o solo cuando nos conviene.

Algunos de los sectores tan indignados hoy porque los magistrados negocian sus actuaciones con parapolíticos y corruptos, han pasado muchos años, especialmente este, callados y con los ojos cerrados cuando los magistrados negocian sus actuaciones con la guerrilla, la izquierda subversiva y el gobierno de la paz. Ahora sí todos gritando a la vez  "¡Qué daño se hace a la sociedad cobrándole 2.000 millones a Musa por fallar a su favor!", pero ciegos y mudos cuando los magistrados buscan la maroma para que un presidente ignore el resultado de un plebiscito y actúe en contra de la mayoría democrática y constitucional. ¿Será que como resultado de esta ola de indignación los colombianos podrán conocer cuánto y cómo han cobrado los magistrados de las cortes por sus negocios con el Gobierno? Porque de los negocios de los congresistas con el Gobierno ya nos hemos ido enterando. Pero claro, al igual que con el todo vale, hay doble estándar para esto también. Corruptos los congresistas que reciben plata y favores de Odebrecht. Corruptos los magistrados que reciben plata y favores de políticos corruptos. ¿No es corrupción si la plata y favores vienen del Gobierno? Parece que la falta no está en vender la conciencia sino en a quién se le vende.

El mismo exmagistrado Bustos también tiene doble estándar en esto del todo vale. Cuando tuvo que opinar sobre la validez de la información en el computador de alias Raúl Reyes como prueba en distintos procesos judiciales, decidió que no se podía utilizar porque no hubo autorización de las autoridades ecuatorianas -¿cuánto le habrán cobrado a alias Teodora de Bolívar por ese fallo?-. Y también, con base en la motivación de ese fallo, ya sabemos por dónde tratará la defensa de Bustos de deslegitimar el proceso que se viene con pruebas entregadas por la DEA.  

Este asunto de cortes cuestionadas, allanadas por el CTI, magistrados con procesos en el Congreso y todo originado en unas grabaciones de una agencia extranjera en territorio de otro país abre el espacio y crea la necesidad de un análisis tanto de nuestro pasado como del futuro del combate a la corrupción y los pesos y contrapesos de la democracia colombiana. ¿Qué dice de nuestro Estado y sociedad el que unas interceptaciones electrónicas y telefónicas hechas por una agencia extranjera tengan semejante efecto, pero tantos funcionarios colombianos hayan sido procesados y destituidos cuando en ocasiones anteriores se trató de investigar el nexo de magistrados con delincuentes y la venta de fallos?

Hay que ser ingenuo para creer que se va a montar un proceso en la Comisión de Acusaciones con base en unas interceptaciones que mencionan a unos magistrados. Tiene que haber evidencia mucho más concreta y entre ella interceptaciones a ellos mismos. Y de acuerdo con lo que dice la Fiscalía la evidencia viene de la DEA. ¿Eso quiere decir que la única forma que encontró la entidad para investigar a nuestros jueces fue a través de la DEA y con base en un acuerdo de cooperación judicial? ¿Quiere esto decir que ese acuerdo de cooperación pone a agencias extranjeras por encima de las restricciones legales colombianas y las trabas burocráticas perversas que limitan hasta al presidente para ordenar investigar la corrupción dentro del Estado, sea el Ejecutivo, Legislativo o Judicial ? ¿O es que un juez en USA puede ordenar a la DEA hacer interceptaciones en Colombia y que sean válidas en nuestras cortes pero el jefe de Estado colombiano no puede pedirle a nadie que investigue indicios ni sospechas de corrupción?

Es ridículo que nuestras cortes estén temblando porque en una grabación de una agencia extranjera, en territorio extranjero, se mencionan unos negocios torcidos de unos magistrados mientras el  jefe de Estado colombiano no puede ordenar a su jefe de gabinete una investigación acerca de las finanzas de magistrados que están en fiestas ofrecidas por socios de narcotraficantes. Y es triste que a la vez tantas personas hayan pasado por la cárcel por tratar de cumplir con el deber de proteger a las instituciones y al país de la infiltración de la mafia y la subversión.

Así como la extradición de narcotraficantes no ha sido la solución del problema de crimen organizado, la extradición de jueces corruptos no va a ser la solución para la crisis de credibilidad y de efectividad de nuestra justicia. Dejemos de pensar que otros nos van a hacer la tarea, de buscar atajos y el todo vale y empecemos a rectificar los pesos y contrapesos de nuestro sistema democrático para ver si logramos recuperar la respetabilidad y credibilidad de las instituciones y de las cabezas de los poderes públicos.