Tomarse las palabras en serio

ogle" para seguir el debate que provocó la medida. Si inicialmente se había leído "Pasajero de bus habría visto a terrorista", el titular se modificó poco más tarde en su portal electrónico: "Pasajero de bus habría visto a bomber". Gerard Baker en The Times (15/07/05) y Tom Leonard en el Daily Telegraph (13/07/05) son algunas de las voces críticas frente al aparente pudor de la BBC de llamar las cosas por su nombre.

- "¿Por qué no quieren llamarles terroristas"? -, preguntaba en tono frustrante Carmen Fuentes en el periódico ABC hace unos cuatro años, ante la resistencia de varios medios de prensa internacional de utilizar la expresión "terroristas" cuando informaban sobre los actos de ETA en España. No, muchos periódicos y noticieros de televisión se referían entonces a ellos como "extremistas vascos", "separatistas", "guerrilleros", o "grupos separatistas ilegales". Arturo Díaz, en un artículo reciente en Periodista Digital (11/02/05), denunciaba además ciertas inconsistencias de la cadena CNN, donde las noticias sobre crímenes de terror en suelo estadounidense se describen como terroristas, pero a ETA se llama "grupo subterráneo". Díaz se pregunta con razón por ese uso selectivo de las palabras, mientras advierte que "mostrar el grado de brutalidad del terrorismo que sufre España es fundamental para saber qué es ETA".

Abro estas reflexiones con ejemplos de discusiones sobre el lenguaje ante el terrorismo en la Gran Bretaña y España, con el fin de subrayar una advertencia preliminar: se trata de una preocupación razonable dondequiera se enfrente tan seria amenaza.

Y la advertencia es necesaria por las reacciones que han tendido a dominar tras las

iniciativas del Gobierno colombiano de reconceptualizar nuestros problemas. Se

minimiza de antemano la importancia del tema. Se reduce el esfuerzo a una mera tarea semántica. Y hasta se vuelve a rememorar, como una supuesta característica nacional, la equívoca idea de que en el pasado estuvimos gobernados por personas a quienes sólo les interesaba la gramática.

Importa entonces repasar los términos del debate.

* * * * *

- "Sí hay guerra, señor presidente" -, afirmaba de manera enfática un titular de la revista Semana hace algunos meses (6/02/05).

La aparente respuesta categórica a los planteamientos del Presidente Uribe parece algo tardía, pues desde la campaña electoral el entonces candidato Álvaro Uribe fue explícito al insistir que su programa no estaba concebido a partir de una situación de guerra sino de la necesidad de imponer la ley bajo un Estado de Derecho. "No hablemos de guerra", dijo en una entrevista a El Tiempo (4/02/02). "Jamás he hablado de guerra", había dicho ya en Cambio (26/08/01), "mi propuesta siempre ha sido de orden y autoridad democrática"

No hay pues quizá nada sustancialmente novedoso hoy en la retórica gubernamental, aunque desde el comienzo de esta administración se han producido cambios de importancia - unos más sutiles que otros -, en el énfasis dado a las distintas palabras que definen, según el Gobierno, nuestros problemas. Sin embargo, ciertos esfuerzos más sistemáticos de reconceptualización del diagnóstico - como el libro del asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, y declaraciones recientes del Presidente y otros de sus cercanos colaboradores -, han servido para atizar la discusión.

Algunos columnistas han entendido que detrás de los esfuerzos gubernamentales no hay un simple juego retórico. Otros, aunque discrepan del diagnóstico del Gobierno - como Hernando Gómez Buendía -, han reconocido también la validez de algunos de sus planteamientos: "En Colombia no hay conflicto, en el sentido, digamos, de 'guerra civil', de una insurgencia con amplio apoyo social o con una causa justa para alzarse en armas" (Semana, 6/02/05). No obstante, la tendencia entre los formadores de opinión ha sido la de descalificar y acusar al Gobierno de querer "imponer" un nuevo vocabulario con varios fines: deslegitimar la lucha guerrillera, desconocer el Derecho Internacional Humanitario, excluir la negociación política y la inversión social, o alinear las políticas del Estado colombiano con la guerra contra el terrorismo del Presidente Bush.

Parte de la reacción tan hostil a las ideas del Gobierno se debe tal vez a que el tema ha sido "mal planteado", como lo han sugerido Eduardo Pizarro Leongómez y Rafael Nieto Loaiza. En parte también se debe al profundo arraigo intelectual del discurso dominante, que se resiste hasta considerar visiones alternativas para conquistar la paz en Colombia.

Se trata, claro está, de asuntos sumamente complejos. Algunas de las críticas que se le formulan al Gobierno me parecen válidas. Pero muchas las encuentro erradas. Por encima de todo, sería necesario reconocer la importancia de abordar una discusión abierta y franca sobre el lenguaje del conflicto.

* * * * *

"Llamar terrorista al guerrillero lo descalifica", escribió Javier Darío Restrepo en El Colombiano, "es una agresión verbal muy similar a la que ocurría cuando se iniciaba un ataque a una población". (14/04/05). Y añade: "Se trata de eliminar cualquier posibilidad de legitimación de la guerrilla. Esa agresión verbal se propone dejar atrás la imagen del guerrillero que lucha por la justicia y por un nuevo orden, como si estos dos logros ya se hubieran dado o hubieran sido definitivamente abandonados". Este juego de palabras, según Restrepo, estaría además homologando "el conflicto colombiano con el que el presidente Bush enfrenta con su guerra antiterrorista, de donde resulta un mensaje claro: estamos en la misma trinchera, libramos la misma guerra, tenemos derecho a la misma victoria".

Asimilar una confrontación verbal a un ataque violento contra la población es un despropósito. Por supuesto que llamar a alguien "terrorista" es descalificar su conducta. De eso precisamente se trata. Al que mata se le descalifica y condena como homicida, y si mata niños como infanticida. Quienes critican el término "terrorista" por sus connotaciones valorativas estarían ignorando el sentido básico de toda legislación penal: enjuiciar conductas nocivas, bajo criterios normativos y morales. Es cierto que ha habido dificultades para llegar a un consenso internacional para definir y tipificar al terrorismo como conducta criminal. Pero existen razones históricas - algunas de ellas atadas a las experiencias coloniales -, que explican esas barreras. Y se han dado significativos avances para dar con una tipificación consensuada. De todas maneras, como lo ha observado Geoffrey Best, la existencia de dificultades no pueden ser razón para abandonar los esfuerzos civilizadores que impidan prosperar al terrorismo (War and Law since 1945, Oxford University Press, 1997). ii El que la guerrilla diga luchar por la "justicia y por un nuevo orden", o el que tales logros no se hubiesen dado no son relevantes a la discusión, pues de lo que se trata es de condenar en forma categórica los métodos violentos que se adoptan cualesquiera fuese la causa que los origine.

También me parecen desacertadas las críticas al uso del concepto bajo los argumento de que el Gobierno busca con él alinearse a la política estadounidense, o para cerrar cualquier posibilidad de diálogo o negar la inversión social, o ignorar el DIH.

Para comenzar el alinearse con el socio y aliado principal de Colombia no es tal vez una mala idea. Pero además dicho alineamiento o alianza antecedió por mucho tiempo al uso repetido del término por parte del Presidente. Como lo mostré en uno de mis escritos anteriores para la Fip ("El lenguaje del Presidente Uribe sobre el terrorismo", www.ideaspaz.org), Uribe no parece haber utilizado la palabra durante la campaña electoral y se resistió a usarla hasta después de varios meses de posesionado en la presidencia. Un repaso de sus discursos y entrevistas indica que sólo después de los actos terroristas en el Club El Nogal en Bogotá y en la ciudad de Neiva, en los primeros meses del 2003, el Presidente intensificó el uso de la expresión para referirse a la guerrilla. Las razones parecen entonces primordialmente de orden interno y no externo - ¿o es que aquí no se sufre el problema en forma grave? -. Y en medio de la intensificación de su uso, siguió haciéndole a las Farc y el Eln propuestas para el diálogo - bajo las condiciones del Gobierno, claro, entre ellas que se abandone el terrorismo -. ¿O es que se nos está sugiriendo que las propuestas de diálogo sólo son tales cuando se estipulan en los términos que convienen a la guerrilla?

No veo porque acusar a los terroristas de terrorismo vaya a ser contradictorio con la inversión social - necesitaría una explicación -. Y no sólo el Gobierno ha insistido en que no piensa ignorar el DIH sino que no podría hacerlo - está además incorporado a nuestra legislación. Decir que al negar la existencia de un conflicto armado "se diluye la obligación de respetarle la vida al enemigo" - como sugiere Semana (6/2/05) -, es desconocer que la constitución colombiana prohíbe la pena de muerte. Con o sin conflicto, el Estado colombiano está en la obligación de "respetarle la vida al enemigo".

Donde creo que el Gobierno se equivoca es al afirmar que aquí no existe conflicto interno armado. No tengo espacio para elaborar el punto, y me remito sólo a los pertinentes y lúcidos análisis que hicieron Eduardo Pizarro Leongómez y Rafael Nieto en El Tiempo (abril 25 y junio 2 de 2005). Ambos anotaron que parte del error se debe a la equívoca asimilación que el Gobierno ha hecho de conflicto interno armado y guerra civil. Sin embargo, importa advertir que aquí el lenguaje del Gobierno parecería expresar más la preocupación de hacerle entender a la opinión - nacional e internacional - que en Colombia no existe un conflicto social y político que explique y mucho menos justifique el recurso a la violencia. Y en ésto, incluso algunos críticos - como ya lo he observado -, le dan la razón al Gobierno.

* * * * *

Hay que darle créditos al Gobierno por haber tomado la iniciativa de recuperar las palabras para la democracia y el Estado de Derecho, así la tarea esté incompleta o haya incurrido en errores. Esta labor ha sido liderada en España por los intelectuales - Fernando Savater a la cabeza. iii El Estado colombiano estaba en mora de abandonar el lenguaje vergonzante y deslegitimador que comenzó a caracterizar preocupantemente hasta el discurso de nuestros más altos funcionarios. iv Muchos de los conceptos que aún siguen dominando el debate de opinión son justificativos del uso de la violencia.

No creo que el Gobierno esté buscando "imponer" un lenguaje oficial, ni tendría las herramientas - ni claro está las facultades - para ello. Ni ha sido el Gobierno el único sector preocupado por el tema. Desde el mundo académico, podrían citarse varios ejemplos para mostrar cómo tal preocupación con el lenguaje es anterior a esta administración - véanse, por ejemplo, los libros de Mauricio Rubio, Fernando Estrada Gallego, y Eduardo Pizarro Leongómez. El debate sobre la noción de "guerra civil" fue estimulado originalmente por un artículo del sociólogo Fernando Uricochea.

En una sociedad pluralista como la Colombiana existirá siempre discusión y disenso frente a estos temas. Y es sano que así sea. Pero el debate hay que darlo desapasionadamente. Y tiene que comenzar tomándonos las palabras en serio.

Referencias bibliográficas

i Sofismas del terrorismo en Colombia (Bogotá, 2005).

ii Examine algunos de estos puntos en el seminario "Terrorismo, justicia y proceso de paz" organizado en Bogotá sobre el terrorismo por la Corporación para la Excelencia de la Justicia el 26 de noviembre de 2001, "Conceptualización del terrorismo en el mundo" (texto inédito).

iii Véanse mis artículos para la Fip, "Palabras contra el terror" y "Fernando Savater y la lucha contra el terrorismo" (www.ideaspaz.org).

iv Véase mi ensayo, "Ilegitimidad" del estado en Colombia. Sobre los abusos de un concepto (Bogotá, 2003: Libros de Cambio, Fip/Alfaomega).

v Rubio, Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia (Bogotá, 1995), Estrada Gallego, Las metáforas de una guerra perpetua. Estudio sobre pragmática del discurso en el conflicto armado colombiano (Medellín, 2004), y Pizarro, Una democracia asedidada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia (Bogotá, 2004).

La anterior es una columna para la Fundación Ideas para la Paz. Para descargarla en PDF, ogle" para seguir el debate que provocó la medida. Si inicialmente se había leído "Pasajero de bus habría visto a terrorista", el titular se modificó poco más tarde en su portal electrónico: "Pasajero de bus habría visto a bomber". Gerard Baker en The Times (15/07/05) y Tom Leonard en el Daily Telegraph (13/07/05) son algunas de las voces críticas frente al aparente pudor de la BBC de llamar las cosas por su nombre.

- "¿Por qué no quieren llamarles terroristas"? -, preguntaba en tono frustrante Carmen Fuentes en el periódico ABC hace unos cuatro años, ante la resistencia de varios medios de prensa internacional de utilizar la expresión "terroristas" cuando informaban sobre los actos de ETA en España. No, muchos periódicos y noticieros de televisión se referían entonces a ellos como "extremistas vascos", "separatistas", "guerrilleros", o "grupos separatistas ilegales". Arturo Díaz, en un artículo reciente en Periodista Digital (11/02/05), denunciaba además ciertas inconsistencias de la cadena CNN, donde las noticias sobre crímenes de terror en suelo estadounidense se describen como terroristas, pero a ETA se llama "grupo subterráneo". Díaz se pregunta con razón por ese uso selectivo de las palabras, mientras advierte que "mostrar el grado de brutalidad del terrorismo que sufre España es fundamental para saber qué es ETA".

Abro estas reflexiones con ejemplos de discusiones sobre el lenguaje ante el terrorismo en la Gran Bretaña y España, con el fin de subrayar una advertencia preliminar: se trata de una preocupación razonable dondequiera se enfrente tan seria amenaza.

Y la advertencia es necesaria por las reacciones que han tendido a dominar tras las

iniciativas del Gobierno colombiano de reconceptualizar nuestros problemas. Se

minimiza de antemano la importancia del tema. Se reduce el esfuerzo a una mera tarea semántica. Y hasta se vuelve a rememorar, como una supuesta característica nacional, la equívoca idea de que en el pasado estuvimos gobernados por personas a quienes sólo les interesaba la gramática.

Importa entonces repasar los términos del debate.

* * * * *

- "Sí hay guerra, señor presidente" -, afirmaba de manera enfática un titular de la revista Semana hace algunos meses (6/02/05).

La aparente respuesta categórica a los planteamientos del Presidente Uribe parece algo tardía, pues desde la campaña electoral el entonces candidato Álvaro Uribe fue explícito al insistir que su programa no estaba concebido a partir de una situación de guerra sino de la necesidad de imponer la ley bajo un Estado de Derecho. "No hablemos de guerra", dijo en una entrevista a El Tiempo (4/02/02). "Jamás he hablado de guerra", había dicho ya en Cambio (26/08/01), "mi propuesta siempre ha sido de orden y autoridad democrática"

No hay pues quizá nada sustancialmente novedoso hoy en la retórica gubernamental, aunque desde el comienzo de esta administración se han producido cambios de importancia - unos más sutiles que otros -, en el énfasis dado a las distintas palabras que definen, según el Gobierno, nuestros problemas. Sin embargo, ciertos esfuerzos más sistemáticos de reconceptualización del diagnóstico - como el libro del asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, y declaraciones recientes del Presidente y otros de sus cercanos colaboradores -, han servido para atizar la discusión.

Algunos columnistas han entendido que detrás de los esfuerzos gubernamentales no hay un simple juego retórico. Otros, aunque discrepan del diagnóstico del Gobierno - como Hernando Gómez Buendía -, han reconocido también la validez de algunos de sus planteamientos: "En Colombia no hay conflicto, en el sentido, digamos, de 'guerra civil', de una insurgencia con amplio apoyo social o con una causa justa para alzarse en armas" (Semana, 6/02/05). No obstante, la tendencia entre los formadores de opinión ha sido la de descalificar y acusar al Gobierno de querer "imponer" un nuevo vocabulario con varios fines: deslegitimar la lucha guerrillera, desconocer el Derecho Internacional Humanitario, excluir la negociación política y la inversión social, o alinear las políticas del Estado colombiano con la guerra contra el terrorismo del Presidente Bush.

Parte de la reacción tan hostil a las ideas del Gobierno se debe tal vez a que el tema ha sido "mal planteado", como lo han sugerido Eduardo Pizarro Leongómez y Rafael Nieto Loaiza. En parte también se debe al profundo arraigo intelectual del discurso dominante, que se resiste hasta considerar visiones alternativas para conquistar la paz en Colombia.

Se trata, claro está, de asuntos sumamente complejos. Algunas de las críticas que se le formulan al Gobierno me parecen válidas. Pero muchas las encuentro erradas. Por encima de todo, sería necesario reconocer la importancia de abordar una discusión abierta y franca sobre el lenguaje del conflicto.

* * * * *

"Llamar terrorista al guerrillero lo descalifica", escribió Javier Darío Restrepo en El Colombiano, "es una agresión verbal muy similar a la que ocurría cuando se iniciaba un ataque a una población". (14/04/05). Y añade: "Se trata de eliminar cualquier posibilidad de legitimación de la guerrilla. Esa agresión verbal se propone dejar atrás la imagen del guerrillero que lucha por la justicia y por un nuevo orden, como si estos dos logros ya se hubieran dado o hubieran sido definitivamente abandonados". Este juego de palabras, según Restrepo, estaría además homologando "el conflicto colombiano con el que el presidente Bush enfrenta con su guerra antiterrorista, de donde resulta un mensaje claro: estamos en la misma trinchera, libramos la misma guerra, tenemos derecho a la misma victoria".

Asimilar una confrontación verbal a un ataque violento contra la población es un despropósito. Por supuesto que llamar a alguien "terrorista" es descalificar su conducta. De eso precisamente se trata. Al que mata se le descalifica y condena como homicida, y si mata niños como infanticida. Quienes critican el término "terrorista" por sus connotaciones valorativas estarían ignorando el sentido básico de toda legislación penal: enjuiciar conductas nocivas, bajo criterios normativos y morales. Es cierto que ha habido dificultades para llegar a un consenso internacional para definir y tipificar al terrorismo como conducta criminal. Pero existen razones históricas - algunas de ellas atadas a las experiencias coloniales -, que explican esas barreras. Y se han dado significativos avances para dar con una tipificación consensuada. De todas maneras, como lo ha observado Geoffrey Best, la existencia de dificultades no pueden ser razón para abandonar los esfuerzos civilizadores que impidan prosperar al terrorismo (War and Law since 1945, Oxford University Press, 1997). ii El que la guerrilla diga luchar por la "justicia y por un nuevo orden", o el que tales logros no se hubiesen dado no son relevantes a la discusión, pues de lo que se trata es de condenar en forma categórica los métodos violentos que se adoptan cualesquiera fuese la causa que los origine.

También me parecen desacertadas las críticas al uso del concepto bajo los argumento de que el Gobierno busca con él alinearse a la política estadounidense, o para cerrar cualquier posibilidad de diálogo o negar la inversión social, o ignorar el DIH.

Para comenzar el alinearse con el socio y aliado principal de Colombia no es tal vez una mala idea. Pero además dicho alineamiento o alianza antecedió por mucho tiempo al uso repetido del término por parte del Presidente. Como lo mostré en uno de mis escritos anteriores para la Fip ("El lenguaje del Presidente Uribe sobre el terrorismo", www.ideaspaz.org), Uribe no parece haber utilizado la palabra durante la campaña electoral y se resistió a usarla hasta después de varios meses de posesionado en la presidencia. Un repaso de sus discursos y entrevistas indica que sólo después de los actos terroristas en el Club El Nogal en Bogotá y en la ciudad de Neiva, en los primeros meses del 2003, el Presidente intensificó el uso de la expresión para referirse a la guerrilla. Las razones parecen entonces primordialmente de orden interno y no externo - ¿o es que aquí no se sufre el problema en forma grave? -. Y en medio de la intensificación de su uso, siguió haciéndole a las Farc y el Eln propuestas para el diálogo - bajo las condiciones del Gobierno, claro, entre ellas que se abandone el terrorismo -. ¿O es que se nos está sugiriendo que las propuestas de diálogo sólo son tales cuando se estipulan en los términos que convienen a la guerrilla?

No veo porque acusar a los terroristas de terrorismo vaya a ser contradictorio con la inversión social - necesitaría una explicación -. Y no sólo el Gobierno ha insistido en que no piensa ignorar el DIH sino que no podría hacerlo - está además incorporado a nuestra legislación. Decir que al negar la existencia de un conflicto armado "se diluye la obligación de respetarle la vida al enemigo" - como sugiere Semana (6/2/05) -, es desconocer que la constitución colombiana prohíbe la pena de muerte. Con o sin conflicto, el Estado colombiano está en la obligación de "respetarle la vida al enemigo".

Donde creo que el Gobierno se equivoca es al afirmar que aquí no existe conflicto interno armado. No tengo espacio para elaborar el punto, y me remito sólo a los pertinentes y lúcidos análisis que hicieron Eduardo Pizarro Leongómez y Rafael Nieto en El Tiempo (abril 25 y junio 2 de 2005). Ambos anotaron que parte del error se debe a la equívoca asimilación que el Gobierno ha hecho de conflicto interno armado y guerra civil. Sin embargo, importa advertir que aquí el lenguaje del Gobierno parecería expresar más la preocupación de hacerle entender a la opinión - nacional e internacional - que en Colombia no existe un conflicto social y político que explique y mucho menos justifique el recurso a la violencia. Y en ésto, incluso algunos críticos - como ya lo he observado -, le dan la razón al Gobierno.

* * * * *

Hay que darle créditos al Gobierno por haber tomado la iniciativa de recuperar las palabras para la democracia y el Estado de Derecho, así la tarea esté incompleta o haya incurrido en errores. Esta labor ha sido liderada en España por los intelectuales - Fernando Savater a la cabeza. iii El Estado colombiano estaba en mora de abandonar el lenguaje vergonzante y deslegitimador que comenzó a caracterizar preocupantemente hasta el discurso de nuestros más altos funcionarios. iv Muchos de los conceptos que aún siguen dominando el debate de opinión son justificativos del uso de la violencia.

No creo que el Gobierno esté buscando "imponer" un lenguaje oficial, ni tendría las herramientas - ni claro está las facultades - para ello. Ni ha sido el Gobierno el único sector preocupado por el tema. Desde el mundo académico, podrían citarse varios ejemplos para mostrar cómo tal preocupación con el lenguaje es anterior a esta administración - véanse, por ejemplo, los libros de Mauricio Rubio, Fernando Estrada Gallego, y Eduardo Pizarro Leongómez. El debate sobre la noción de "guerra civil" fue estimulado originalmente por un artículo del sociólogo Fernando Uricochea.

En una sociedad pluralista como la Colombiana existirá siempre discusión y disenso frente a estos temas. Y es sano que así sea. Pero el debate hay que darlo desapasionadamente. Y tiene que comenzar tomándonos las palabras en serio.

Referencias bibliográficas

i Sofismas del terrorismo en Colombia (Bogotá, 2005).

ii Examine algunos de estos puntos en el seminario "Terrorismo, justicia y proceso de paz" organizado en Bogotá sobre el terrorismo por la Corporación para la Excelencia de la Justicia el 26 de noviembre de 2001, "Conceptualización del terrorismo en el mundo" (texto inédito).

iii Véanse mis artículos para la Fip, "Palabras contra el terror" y "Fernando Savater y la lucha contra el terrorismo" (www.ideaspaz.org).

iv Véase mi ensayo, "Ilegitimidad" del estado en Colombia. Sobre los abusos de un concepto (Bogotá, 2003: Libros de Cambio, Fip/Alfaomega).

v Rubio, Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia (Bogotá, 1995), Estrada Gallego, Las metáforas de una guerra perpetua. Estudio sobre pragmática del discurso en el conflicto armado colombiano (Medellín, 2004), y Pizarro, Una democracia asedidada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia (Bogotá, 2004).

La anterior es una columna para la Fundación Ideas para la Paz. Para descargarla en PDF, haga clic aquí. Para ver más información visite