Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2015/11/25 19:30

Tortura en CAI del norte de Bogotá

Entrado el siglo XXI, hay sectores de la Policía en Colombia donde la tortura es una práctica que existe y se dirige hacia la población más vulnerable.

Jonathan Sandoval Foto: Dejusticia

Es doloroso, triste y preocupante, que los ciudadanos tengamos que vivir con el miedo de contar con una policía con la capacidad de torturarnos, en especial, si ante sus ojos no todos somos dueños de los mismos derechos.
 
Una humillante golpiza a un habitante de calle, fue justificada por los agentes de policía de un CAI ubicado en el norte de Bogotá, porque según los policías “se encontraba fumando basuco frente a unos niños”. Esta escena ocurrió el día miércoles 18 de noviembre, cuando unos policías metieron a un habitante de calle al CAI –lejos de la vista de cualquier transeúnte–, acto seguido, este hombre de unos 50 años comenzó a gritar y a llorar. ¡Le estaban dando correazos! Aquel hombre en medio de la angustia, llanto y dolor, salió aterrorizado del lugar.

Este hecho, lleva en su cepa un sinfín de problemas y discusiones, de las cuales, me atreveré a enunciar algunas pocas a continuación, ya que discutirlas una a una, implicaría un documento mucho más extenso.
A parte de ser un acto atroz, la tortura, es una violación a la dignidad de las personas y a sus derechos. Además, justificarla como una forma de castigar o enseñar una lección, es una clara violación al debido proceso de las personas y un abuso de la autoridad con que está investido el cuerpo de policía.

Dejusticia, por medio del libro: Requisas ¿a discreción?, así como en la columna: Los positivos no tan positivos de la Policía, ambos textos de Sebastián Lalinde, ha puesto de manifiesto cómo se produce un trato discriminatorio por parte del cuerpo de policía hacía los ciudadanos, lo que lleva a que sean objeto de los medios y medidas de policía aquellas “personas de clases sociales medias y bajas”. Podemos enunciar casos como el del video de Carlos Angulo, donde se denunció el actuar selectivo frente a los hombres afros pobres por parte de la Policía; los relatos de policías que prefieren requisar a personas con ciertos perfiles (pobres, negros, raperos) que a otras que posiblemente tendrían contactos con la Policía. De esta manera, se está marcando una línea invisible entre los ciudadanos y los no ciudadanos, el humano y el no humano, quién tiene y quién no tiene derechos.

Ahora bien, es cierto que el uso de la fuerza hace parte de los medios de la Policía, pero la misma, no debe ser desproporcionada, ni tortuosa, tampoco la primera opción para actuar. Recordemos que la Policía tiene un carácter civil, y que desde la ciencia y el derecho de policía, su actuar debe ser para construir con las comunidades, no para atacar y destruir objetivos. De allí, que los agentes de policía cuenten con varios medios, más efectivos y eficaces para realizar su labor y cumplir su fin: propender por la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos.

La situación descrita, debe ser rechazada contundentemente, tanto por la institución de policía, como por la ciudadanía. No es admisible que los CAI se conviertan en centros de tortura, tampoco que estos abusos se sigan repitiendo, menos aún, contra personas en situación de alta vulnerabilidad, como los habitantes de calle, que no dejan de ser ciudadanos y sujetos de derechos.

*Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

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