Tramitomanía y subdesarrollo

Hace unas pocas semanas el Banco Mundial publicó un informe que a los colombianos nos cae como anillo al dedo. Se trata de Doing Business in 2004, que analiza el costo de desarrollar negocios en más de 130 países. Los datos recogidos demuestran empíricamente cómo regulaciones mal concebidas son un obstáculo para el desarrollo económico y el progreso social.

El estudio explica que existe una fuerte correlación entre el culto a los trámites y aspectos tan neurálgicos para una sociedad como el grado de corrupción, los niveles de informalidad económica, los montos de inversión y la productividad laboral. No es entonces gratuito que, como queda ampliamente demostrado, los países más pobres del planeta son precisamente aquellos que tienen el mayor número de procedimientos para crear negocios, contratar o despedir trabajadores, hacer cumplir los contratos, obtener un crédito o declarar una quiebra. Por eso se afirma que "amplias regulaciones están generalmente asociadas con más ineficiencia en las instituciones, demoras y costos altos.pero no con mayor calidad de bienes públicos o privados." Por esta razón, "en vez de gastar recursos en más regulaciones, los gobiernos estarían mejor definiendo los derechos de propiedad de sus ciudadanos y defendiéndolos contra las violaciones de otros ciudadanos o del mismo Estado."

Sin ir muy lejos, mientras que en Australia comenzar un negocio toma apenas 2 días, en Haití toma 215 días. Un simple contrato comercial se hace efectivo en Holanda en 39 días, a su vez que en Guatemala se hace en 1.500. Pero quizás lo más dramático que se muestra en el estudio es la enorme carga económica que la tramitomanía implica para el empresario. De hecho, cumplir con los requisitos legales cuesta en las naciones más desarrolladas el equivalente al 10.2% del PIB per cápita, cifra que se eleva al 70.2% en América Latina.

Como era de esperarse, Colombia no salió muy bien librada. Poner en funcionamiento una empresa tarda 60 días y hay que efectuar 19 procedimientos, 7 más que en el promedio regional y doce más que en los países desarrollados. Y eso por no hablar de lo que implica hacer efectivo un contrato ante nuestro paquidérmico sistema de Justicia. Mientras que en los demás países de la región se requieren 363 días para resolver una disputa contractual, acá se necesitan 527 y cumplir 37 procedimientos, cifras verdaderamente dramáticas que deben generar una amplia reflexión, más aún cuando nuevamente se está discutiendo en el Congreso la Ley Antitrámites y es probable que en la siguiente legislatura se presente la Reforma a la Justicia.

El éxito de las reformas efectuadas en algunos países demuestra que sí es posible lograr instituciones eficientes que incentiven la prosperidad en vez de constituirse en un obstáculo. La pregunta es si realmente en Colombia estamos dispuestos a dar el paso.

*Director del Instituto de Ciencia Política