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Opinión

  • | 2010/08/14 00:00

    Transparencia

    En Colombia, para no ir tan lejos, la política de recompensas de Uribe fue la causa de los mayores horrores.

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¿Quién puso la bomba del jueves en la carrera Séptima? Esas cosas nunca se saben a ciencia cierta en Colombia, donde todo el mundo pone bombas. La mafia ya no anda en esas, como en tiempos de Pablo Escobar, pero aquí hay muchas 'Bacrim', o bandas criminales, para usar el eufemismo tonto de las autoridades. Pudo ser desde una autobomba de ellas mismas -como aquella de la Escuela de Guerra, o las que acompañaron, amenazantes, las dos posesiones del presidente Álvaro Uribe-, hasta una bomba de reafirmación propagandística de las Farc. O una bomba de protesta del uribismo más acérrimo, frustrado y furioso como está por los primeros nombramientos y medidas del nuevo presidente Juan Manuel Santos, que son, si no declaradamente antiuribistas, sí al menos anticontinuistas: reconciliación con los países vecinos, discreto alejamiento de los Estados Unidos, paz con las altas Cortes, mano tendida a la oposición, vuelco de la política agraria. Y ministros y embajadores ajenos al uribismo o contrarios a él, venidos del pastranismo o del samperismo (o, claro, del santismo), con sólo dos excepciones uribistas: la del jefe del DAS Felipe Muñoz, confirmado en su cargo, y la de Rodrigo Rivera, cuasi candidato presidencial de los presos de La Picota, nombrado ministro de Defensa.

Justamente por ahí, por la bomba del jueves (día en que esto escribo, y cuando todavía no se sabe nada de nada), salta de nuevo lo del continuismo o la ruptura. El ministro Rivera saltó a anunciar, como lo hubiera hecho el propio Uribe, que se pagaría una recompensa por información sobre los autores del hecho. Pero el punto no quedó claro, porque a continuación el Alcalde de Bogotá dijo lo contrario; y el presidente Santos, en sus vagas declaraciones, no dijo nada: generalidades.

Sería bueno que se aclarara la cosa. Pues si hay un cambio en la política de pago de recompensas a delatores y soplones, puntal de la 'seguridad democrática' de Uribe desde los tiempos en que, como gobernador de Antioquia, fomentó el paramilitarismo de las 'Convivir' y hasta su recentísima propuesta de crear una red de informantes a sueldo en las universidades, ese cambio sería más importante que cualquier otro que haya emprendido o vaya a emprender Santos. Porque no sería sólo un cambio político, sino también un paso hacia la restauración ética de la sociedad colombiana. Pues si hay algo deletéreo para la moral privada y pública es la compra de la delación: desde el "Roma no paga traidores" de la Roma todavía republicana hasta el "Salvaje Oeste" de los cazadores de recompensas de los Estados Unidos; y con ella corrompió la Inquisición a media Europa desde el siglo XIV hasta el XVIII, y el fascismo y el comunismo a la otra media en la primera mitad del siglo XX, y el macartismo a los Estados Unidos en la segunda. En la escala subalterna de lo policial, entre el hampa, el pago de informantes puede ser eficaz. En la de lo político es nefasto: convierte a todos los ciudadanos a una moral de hampones.

En Colombia, para no irnos tan lejos, la política de recompensas aplicada por los gobiernos de Uribe como una panacea de su 'seguridad democrática' fue la causa directa de los mayores horrores cometidos en ellos: los cientos, tal vez miles, de llamados 'falsos positivos' en que se asesinaba a inocentes para engrosar el macabro conteo de cadáveres de la guerra contra la subversión. El único artículo favorable a Uribe que he escrito en los últimos ocho años -titulado 'Un aplauso'- lo publiqué aquí en noviembre de 2008, cuando el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos destituyó sin apelación a 27 altos oficiales del Ejército, encabezados por tres generales, por cuenta de las denuncias de prensa sobre los 'falsos positivos'. Infortunadamente la cosa paró ahí: no se adelantaron investigaciones en serio ni se condenó judicialmente a nadie. Pero algún efecto bueno (no me atrevo a llamarlo 'positivo') debió de tener la medida puesto que en este mismo jueves se queja en el periódico el ex ministro del Interior y de Justicia (un chiste) Fernando Londoño de que por ella el Ejército "quedó en atonía y desamparo", no sólo ya ante el acoso de "la rabiosa justicia ordinaria", sino bajo "una especia de régimen de terror, en el que se impartían pistoletazos en la nuca de los réprobos". Y concluye el ex ministro (un chiste), forzando la hipérbole en la tradición de la retórica grecoquimbaya: "Régimen estalinista puro". E invirtiendo, de paso, los términos del problema: según él, el terror no es para los asesinados, sino para sus asesinos.

Hace un mes, en Ginebra, el ponente para el caso de Colombia en el Comité de Derechos Humanos de la ONU insistió en preguntar si la política de recompensas del gobierno había cambiado, aprendiendo la lección de los criminales 'falsos positivos', o si seguía siendo la misma. La delegación colombiana eludió la respuesta diciendo que la directiva secreta del ministro de Defensa Camilo Ospina número 029 del año 2005 que dio lugar a ellos ha sido modificada por otras dos directivas posteriores, en 2008 y en 2009, pero que... también son secretas.

Dentro de la transparencia que ha prometido el recién posesionado presidente Juan Manuel Santos -la "urna de cristal"- sería muy digno de otro aplauso que explicara públicamente el asunto.
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