TRIBUTACION Y POLITICA

La guerra de independencia de los Estados Unidos comenzó bajo la consigna "No hay tributación sin representación". La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reforma tributaria de emergencia con base quizás en un principio similar, pero tan sólo aduciendo que mientras el gobierno no definiera jurídicamente que habia esta otra guerra o turbado el orden público, la función de legislar tributariamente le pertenecía al Congreso de la República. La administración Betancur queda así amarrada de manos para desarrollar toda su política económica hasta que el Congreso, en sesiones extras, le apruebe sus proyectos con quién sabe que modificaciones.
El gobierno, por cierto, si consultó a la opinión, pero tan sólo de la representación de los gremios del capital y de la tierra. No utilizó a los cuerpos elegidos por el pueblo supuestamente soberano porque éstos, en verdad, "representan" muy deformadamente a sus electores en general, pero en especial a los poderes económicos. La sobrerepresentación de los propietarios de la tierra y mezquinos intereses feudo-regionales en el Congreso le resta capacidad deliberativa y luces.
Las clientelas y la compra de votos producen políticos muy alejados de los intereses que dicen representar y más aún de propósitos nacionales o del bien común. Este es un viejo problema que tiene el Estado colombiano y que se ha agravado con el monopolio bipartidista de todas sus instancias.
La industrialización y la concentración del poder económico ha sido seguida pari passu por el presidencialismo y el manejo por decreto de estado de sitio o de emergencia de los más importantes problemas económicos. La única función del Congreso es delegar su función al ejecutivo. Su función de expresar todos los intereses de la sociedad confrontarlos y negociarlos políticamente ha sido sustituida por la "concertación entre el ejecutivo y los poderes del dinero, a través de sus gremios, quedando por fuera trabajadores, campesinos, capas medias, etc. Ahora la peculiar institución ha sido llamada, en forma más elegante, "contratación para el desarrollo".
Tenemos, pues, un corporativismo ad hoc que cuenta con una legitimidad muy limitada, que es a la que la Corte le ha asestado un rudo golpe.
El "concierto" que acabamos de presenciar tuvo ribetes de dramacomedia: muchas lágrimas, pocos rasguños y, en fin de cuentas, casi todos los participantes salieron más o menos satisfechos. En el primer acto hubo impuestos moderados para los ricos, desmesurados para la clase media, algunos nuevos para todos, control de la evasión y la aministía para los poderes que volvieron subterránea a toda la economía colombiana. La reacción de los actores más ricos fue la de gritar: ¡me roban, me asfixian, me matan Ay!, mientras la prensa lo gritabá todavía más alto. El único muerto de verdad fue la clase media que participó en ausencia. El segundo acto fue más ligero: se moderaron aún más los impuestos a los ricos, se abrieron un poco los controles a los evasores recalcitrantes y el resto quedó igual, pero siguieron las exclamaciones "todavía me muero" y la prensa lo volvía a exclamar más alto, aunque el único que seguía muerto era el profesional de clase media.
El acto final tuvo lugar fuera de Palacio, en el otro palacio de la justicia y de la ley, y fue una tragedia para el gobierno: los recaudos paralizados, la tronera fiscal más profunda que nunca, los modestos grandes programas sociales detenidos, desconcierto para los gremios y la opinión pública.
Posiblemente, la gran oposición liberal a la emergencia económica del gobierno influyó sobre la Corte Suprema para declararla inexequible, obligando así a éste a transar y debilitar más sus proyectos, haciéndole nuevas concesiones a los sectores de altos ingresos y dejando sin tributar de nuevo a la gran propiedad territorial.
Si uno pensó que el liberalismo habla hecho mea culpa por su neoliberalismo de los últimos 8 años, una de cuyas piezas fundamentales fue el perdón de todos los tributos a los ricos, pues simplemente se equivoco. Frente al monumental déficit fiscal que puede aproximarse al 7% del producto nacional, provocado por el carnaval tributario desatado por la administración Turbay, el ex presidente López ha dicho sorprendido, "¿Cuál déficit?".
Los técnicos liberales, a su vez, se declaran intervencionistas en cuanto a la emisión, el gasto, la expansión de la demanda agregada pero quieren la más mínima posible tributación, o sea que esa intervención no sea pagada por el capital privado ni que lo sustituya. En estos años de acérrimo liberalismo económico las ganancias y rentas han llegado a ocupar un 62% del ingreso nacional, distribución que se empeora aún más después de contabilizar impuestos y de calcular a quién beneficia el gasto público. La administración Betancur requería apropiar para el Estado una tajada apreciable de ese ingreso que hoy circula entre el consumo suntuario y la fuga de capitales para poder hacer programas sociales serios y de envergadura. Pero tampoco quiso hacerlo y lo poco que adelantó se lo echan para atrás una combinación de su propio partido y el liberalismo.
Para cerrar el círculo, los sectores reacios a pagar impuestos o que pagan para-impuestos le están exigiendo al gobierno que aumente considerablemente los gastos públicos en policía y armamento militar para recobrar así una seguridad que se perdió en la guerra por reconcentrar el ingreso y la propiedad.