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Opinión

  • | 2017/03/15 07:39

    Acción de Tutela y Justicia Especial para la Paz

    La tutela contra la JEP es una acción limitada y restringida. Entre otras cosas porque deben elegir a uno de los jueces de la misma jurisdicción.

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La acción de tutela procede contra las acciones u omisiones de los órganos de la Justicia Especial de Paz (JEP), así como contra las providencias judiciales que profiera.

Se deben haber agotado todos los recursos en esta jurisdicción. Las solicitudes se deberán presentar ante el Tribunal de Paz, quien será el único competente para conocer de ellas. La primera instancia será decidida por la Sección de Revisión y la segunda por la Sección de Apelaciones.

El fallo podrá ser revisado por la Corte Constitucional, siempre que una sala conformada por dos magistrados de esta Corte y dos de la jurisdicción especial voten por unanimidad.

Las sentencias de revisión serán proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, pero no podrán invalidar, anular o dejar sin efectos la decisión ni excluirse los hechos o conductas de la jurisdicción especial. Será la misma jurisdicción la encargada de cumplir la orden constitucional, sin que contra esta proceda una nueva acción de tutela.

Se trata de una acción de tutela limitada y restringida:

No prevé la procedencia de la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Los solicitantes no podrían elegir cualquier juez, estarían atrapados en la jurisdicción especial y en su lógica, de manera similar a lo que se pretendió con el Decreto 1382 de 2000, que obliga al solicitante a intentar la acción de tutela ante la misma corporación cuando se trata de un tribunal de cierre.

La doble instancia se cumple ante el mismo tribunal y entre distintas secciones, en forma similar a la prevista en el citado decreto, pero no por ello menos criticable, pues no hay instancia superior, autónoma e independiente que revise la decisión de instancia.

El fallo es revisable por la Corte Constitucional, pero el procedimiento de selección permite el veto de cualquiera de los magistrados de la jurisdicción especial, con lo cual podrán impedir la revisión de sus decisiones.

El fallo de la Corte Constitucional se expedirá por la Sala Plena, tal como lo prevé hoy el reglamento de esa corporación cuando se trata de sentencias judiciales de tribunales de cierre.

El fallo no puede dejar sin efectos la providencia de la jurisdicción especial, será ella misma la encargada de garantizar el derecho constitucional, con lo cual se impone una severa limitación a la competencia de la Corte Constitucional, pues no hay orden directa que garantice el derecho, sino que el mismo infractor corrija su yerro; tampoco habría extensión de efectos ni posibilidad de declarar estado de cosas inconstitucional.

Nada se dice sobre el desacato en caso de incumplir la orden de tutela. Se aplicarían las normas existentes, por lo tanto, se podría sancionar a los magistrados de la jurisdicción especial y adoptar la decisión que mejor proteja los derechos de los solicitantes.

En síntesis, la intención de “blindar” la justicia especial y de mantenerla aislada de injerencias de los jueces de tutela, como si se tratara de un mundo aparte, pondrá a la Corte Constitucional en el dilema de aceptar ese mundo paralelo casi inexpugnable para ella o de declarar inexequibles, por sustitución de la Constitución, las restricciones a la selección y revisión de las acción de tutela contra la jurisdicción especial, esta última la opción más probable.

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