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Opinión

  • | 2016/01/25 10:28

    El cañón de Cristina Plazas

    Plazas está en todo su derecho de indignarse y de interponer la acción de tutela. El problema está en lo que solicita. Acabar con la cuenta de periodista es exagerado.

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El pasado viernes, 22 de enero, Colombia conoció un nuevo caso en el que se busca acabar con un zancudo usando una bala de cañón. Se trata de la acción de tutela que la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, puso en contra del periodista Gonzalo Guillén. Plazas busca que Guillén rectifique cosas que ha dicho sobre ella en Twitter y además pide que la cuenta del periodista en esa red social sea bloqueada y eliminada.

Plazas está en todo su derecho de indignarse y de interponer la acción de tutela. El problema está en lo que solicita. Si el juez de verdad considerara que existen tweets de Guillén en los que debe haber una rectificación, acabar con la cuenta de periodista es exagerado. Es el equivalente a pedir que se cierre un periódico o que se cancele la licencia de un canal de televisión o de una emisora. Este tipo de sanciones son desproporcionadas y es casi imposible que se presenten.

Los Relatores de Libertad de Expresión de la OEA, de la ONU, de la OSCE de Europa y la CADHP de África, es decir, los principales expertos sobre ese derecho en el mundo, hicieron una declaración conjunta en 2011 en la que decían, entre otras cosas, que “la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”. Esa misma afirmación fue considerada como válida por la Corte Constitucional en la sentencia T 277 de 2015, la famosa sentencia del “derecho al olvido”.

Plazas cita esa sentencia en su acción de tutela, pero lo hace mal. Los apartes incluidos en esa demanda están sacados de contexto y puede terminar confundiendo a algún juez despistado, que espero no sea el caso de quien esté analizando el caso. El error más grande de Plazas es que se refiere a un resumen que hizo la Corte Constitucional sobre un caso más famoso, el de Mario Costeja en Europa. Allá, se consideró que los buscadores deben, en los casos en los que se lo soliciten, retirar de los resultados de búsqueda de aquella información que pueda afectar los derechos de una persona.

El primer problema es que Twitter no es un buscador. El segundo asunto es que Plazas no leyó o convenientemente no quiso citar la parte en la que la Corte Constitucional dice que lo que se resolvió con el señor Costeja no aplica en Colombia porque “implica a la vez un sacrificio innecesario del principio de neutralidad de Internet y, con ello, de las libertades de expresión e información”.

En lo que sí acierta Plazas es que la libertad de expresión tiene límites y una forma de hacerlos valer es a través de la rectificación. No obstante, el asunto no es tan fácil. El primer asunto es que, según la Corte Constitucional, la opinión no puede ser rectificada. Lo que Guillén o yo pensemos de Plazas es diferente de los hechos que la rodean, sean buenos o malos. Más aún, un juez no podría ordenarnos que dejemos de pensar de determinada forma.

El otro asunto es que, tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que, cuando se trata de expresiones sobre funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o de asuntos de interés público, es aún más difícil sancionar la libertad de expresión. En este caso se trata de la directora del ICBF, entidad que tiene directa relación con la situación de niños en condiciones de vulnerabilidad. La labor de Plazas y la de las personas a su cargo inciden directamente en la calidad de vida de muchos menores de edad. ¿Qué puede tener más interés público que asuntos relacionados con los derechos de los niños? Es probable que nada. La Constitución dice que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Por último, Plazas puede estar molesta porque Guillén utiliza un lenguaje que puede considerarse como fuerte. Pero también es importante recordar que la Corte Constitucional ha dicho que “no toda opinión o manifestación causante de desazón, pesadumbre o molestias al amor propio puede calificarse de deshonrosa”. Más aún, la Corte dijo que la libertad de expresión protege también las declaraciones “ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias”.

Por último, Plazas hace referencia a que la Unidad Nacional de Protección le hizo un análisis de riesgo y determinó que ella no podía asomarse en la Guajira. Pero ella no explica nunca cuál es la relación directa entre eso y lo dicho por Guillén. Tampoco se hace la pregunta de si este peligro es un efecto de su trabajo.

Ojalá el juez que resuelva la tutela que puso Plazas contra Guillén tenga en cuenta este tipo de asuntos. De esta forma, las noticias podrán volver a enfocarse en la situación de los niños en la Guajira.

*Abogado con especialización en periodismo. Asesor de la Fundación para la Liberta de Prensa
@emmanuelvp

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