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Opinión

  • | 2014/06/28 00:00

    Reformar para debilitar

    “Inseguridad jurídica” y “caos administrativo y político” no se originan en la tutela. Son las injusticias las que conducen al caos y al derrumbe de una democracia haciendo añicos al Estado Social de Derecho.

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Por su fuerte influencia en la sociedad, está visto que son los medios de comunicación quienes constantemente se dan el lujo de establecer prioridades en el manejo de las  noticias o temas que ocupan la atención pública. Prioridades, volumen y cálculo en los efectos. Si algún apetitoso filón se vislumbra en tal o cual escándalo, excavan en profundidad y por largo plazo. Si afecta a más gente que a menos, y deciden que en todo caso no es a ellos mismos a quienes podría perjudicar, la noticia o el tema son de interés general y le dan espléndidamente lo suyo. Amplia publicidad y larga permanencia. Casi siempre es así. 

Sin embargo, de pronto -por ejemplo-, cuando el expresidente Uribe desde su irresponsable Twitter -sin pruebas-, acusa, atropella, amenaza, agravia y calumnia a diestra y siniestra, lo registran sin controvertirlo, quedando en el ambiente la sensación de que quizás tales infamias tienen alguna validez. Cuánto daño le está haciendo a la nación esa manía de la prensa de registrar todas y cada una de las palabras de un psicótico brutalmente destructivo. ¿Cómo esperar que con tamaña resonancia este señor se apiadará algún día de Colombia? Y no se trata de silenciarlo sino de reproducir sus lunáticos disparates en una proporción  razonable y sin aplicarle el tácito aplauso que frecuentemente vislumbramos cuando, por ejemplo, en primera página “informan” que el señor Uribe “advirtió” que el ”comunista” Presidente Santos le está entregando el país a las FARC y al castrochavismo. 

Pero en fin, por fortuna, el tema de la tutela que hoy me ocupa ha merecido de parte de los medios una consideración constante que es justo reconocerles. De igual manera, la Corte Constitucional, valerosa, lúcida y contundente, ha dado muestras irrebatibles de su preocupación por la preservación y mejoramiento de esta herramienta diseñada enteramente para proteger la justicia ciudadana y los derechos  humanos. 

Soportando toda clase de embates por parte de aquellos funcionarios públicos o particulares cuya insolvencia moral se revela tras los atropellos y las arbitrariedades que a menudo les causan grandes dividendos de todo tipo, la tutela ha devenido con el correr de los días en el arma más poderosa contra las injusticias y en muchos casos contra la corrupción. Y es que a lo que temen de ella sus enemigos es a lo mandado en el artículo 86 de nuestra Constitución Política que a la letra reza: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”  

Creada por la Constitución de 1991, la tutela, hito y joya de la corona de aquella reforma de la Carta, rápidamente se convirtió en el más expedito y frecuentado instrumento de defensa de la violación de derechos fundamentales. De sencillo manejo, permite que quien se sienta vulnerado acuda sin el requisito del acompañamiento de un abogado -y hasta oralmente-, ante un juez de la República para alcanzar el restablecimiento de sus derechos y su cabal  resarcimiento.   

Sin embargo, como ya lo dije, no obstante su legalidad, su eficacia y la justicia social implícita en su razón de ser, de cuando en cuando saltan como hienas rabiosas a mostrarle garras y colmillos algunos de sus enemigos. Indague usted, amigo lector, cuál puede ser la razón de esas cruzadas con sus feroces ataques y descubrirá sin asombro que quienes la quieren ver muerta o destrozada son siempre aquellos que ven en ella el arma de los desvalidos para defenderse del abuso de los poderosos. O si no, ¿qué le dice a usted la imagen de un enfermo grave que se ve obligado a enfrentar la figura desafiante y desdeñosa de un vigilante de una EPS cuya misión parece no ser precisamente la salvaguarda de la seguridad de las oficinas, sino velar rigurosamente por el cumplimiento de las “normas” leoninas que los dueños del “negocio” han fijado para su “empresa”?   

No hace mucho, en un arrebato meramente político y de tinte ideológico derechista, al impecable estilo del Procurador Ordóñez, el Presidente Santos, más por defender los caprichos y los privilegios de los poderosos y su propio interés electoral reeleccionista, que por animadversión a Petro, al acatar con desgano un fallo de tutela que favorecía a éste, expresó: “Creo que esta es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela. En este caso, su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”, 

Y es que cuando la tutela beneficia al Estado, a los gobernantes o al poder económico, ésta se constituye en un mecanismo de justicia que bien puede presentarse como una manifestación de su generosidad cuando aceptaron que se incorporara al sistema jurídico. Pero cuando ella toca intereses monetarios o preeminencias sociales, urge reformarla. Se abusa de ella y su uso es excesivo, dicen, y hasta podría llevar al caos institucional y la inseguridad o el resquebrajamiento del orden jurídico. 

En materia de salud, educación, pensiones, derecho a servicios públicos, a la igualdad, al decoro y el buen nombre, etc., ¡cuánto no le debemos a su accionar pronto y cumplido! 

La “inseguridad jurídica” y el “caos administrativo y político” no pueden tener origen, jamás, en la aplicación de la justicia con nombre de tutela. Son justamente la falta de justicia, o la injusticia, las que pueden conducir al derrumbe de una democracia y hacer añicos un Estado,  así este Estado se autoproclame Social de Derecho.  

La tutela como defensa y amparo del ciudadano y escrita en tinta indeleble en nuestra Carta Magna, ya echó raíces en nuestra sociedad y su reforma, de insistirse en ella, sólo podría darse en dirección a su ampliación y fortalecimiento. Aplicarle nuestra recurrente “reformitis” sólo conduciría a su postración o a su muerte.  

guribe3@gmail.com
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