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Opinión

  • | 2008/05/03 00:00

    Un bozal de arepas

    Ha habido en la historia colombiana un maridaje entre medios y poder que ha sido nefasto para la independencia del periodismo.

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En Venezuela usan una expresión muy precisa para indicar la forma en que los gobiernos, mediante dádivas y prebendas, consiguen el silencio de alguna persona que pudiera ser crítica con su gestión: "Le pusieron un bozal de arepas", comentan. Con esto quieren decir que le dieron un buen puesto para taparle la boca. Conozco por ejemplo el caso de un escritor de poesías -que no poeta- que era bastante crítico con el gobierno de Chávez, hasta que un día el coronel presidente resolvió darle un buen puesto en una entidad cultural del Estado. Por supuesto, y por su puesto, no pudo volver a hablar. Mejor dicho: le pusieron un bozal de arepas.

También nuestro gobierno es experto en ponerles bozales de arepas a quienes tienen la posibilidad y el deber de fiscalizarlo. En particular este gobierno ha sido bastante hábil para neutralizar, o al menos atenuar, la labor crítica de los dueños de la prensa. Sin ser un experto en el asunto y basándome en lo que puede verse solamente en altos cargos del Estado (no voy a hurgar entre vicecónsules, viceministros o subsecretarios), puedo señalar, dentro de nuestro periodismo, los siguientes bozales de arepas: dos grandes accionistas de El Tiempo, Francisco Santos y Juan Manuel Santos son, respectivamente, Vicepresidente de la República y Ministro de Defensa. Uno de los dueños de El País de Cali, Quico Lloreda, acaba de ser nombrado embajador en La Haya. El ex director y accionista de El Colombiano, Juan Gómez Martínez, es embajador ante el Vaticano. Un hermano del Canciller es gerente y copropietario de El Universal de Cartagena.

Con esto no estoy diciendo que en Colombia no haya libertad de expresión ni que todos los periodistas de los medios que acabo de mencionar estén comprados. Esta semana leí en la revista Cambio, por ejemplo, una información bastante grave para el gobierno: que el famoso Teodolindo Avendaño recibió "más de 10 consignaciones por valor de 200 millones de pesos" con el fin de que este congresista cambiara su voto a favor de la primera reelección de Uribe. Según la revista de Lara y de los Santos, que cita el proceso de Yidis Medina, estos dineros fueron "aportados por un contratista del Estado que utilizó dineros públicos para pagar el favor". Como puede verse, el silencio que compra el gobierno con estos nombramientos no es completo. ¿Por qué? Porque hay periodistas que siguen cumpliendo con su función. Será la justicia la que determine si lo de Teodolindo es verdad, pero por lo pronto una revista que es de los Santos y de Planeta (cuya bandera ya ondea en la Casa de Nariño, según el valeroso Vladdo), ha sido capaz de publicar esta denuncia, con lo que se demuestra que el bozal de arepas no es tan hermético, o es hermético solamente para los nombrados.

Nombrar periodistas y dueños de periódicos en altos cargos públicos no es ningún delito. No dudo que alguno de los empresarios que mencioné arriba pueda ser un buen funcionario, y por eso mismo el daño no parece tan grave para el gobierno como para el periodismo. No creo que deba haber leyes que prohíban esta práctica pues cualquier ciudadano -incluso un periodista- puede ejercer cargos públicos. Pero en los manuales de ética de los medios sí debería existir una incompatibilidad total entre el ejercicio de cargos públicos y la injerencia de estos funcionarios en la manera en que se escogen o publican las noticias. Ha habido en la historia colombiana un maridaje entre medios y poder (Eduardo Santos seguía dirigiendo El Tiempo incluso mientras era presidente de la República) que ha sido nefasto para la independencia del periodismo.

Repito que con esto no estoy diciendo que en el país la libertad de prensa sea una ficción. Mientras usted y yo y cualquiera podamos publicar así sea un pasquín callejero sin que nos metan en la cárcel y mientras por la calle se pueda vender libremente un periódico como Voz, del partido comunista, no podremos hablar de ausencia de libertad de prensa (como en Cuba o en Arabia Saudita, donde no puede publicarse ni una hoja sin permiso), sino de honores y prebendas oficiales que menoscaban el prestigio y la libertad de expresión de algunos medios. Con estos nombramientos los que pierden son los medios, pues su credibilidad queda por el suelo, mucho más que el gobierno, que a lo mejor contrata buenos funcionarios. Personalmente, como periodista, espero no aceptar nunca el bozal de arepas que sería un puesto público.

Nota: Varias personas me han preguntado por qué no he comentado aquí con júbilo el paso a mejor vida de un célebre cardenal colombiano. Les quiero contestar con algo que me dijo Simón Abad, un muchacho sutil: "Espero que no estés contento con la muerte de López Trujillo, porque si te pusieras contento, serías igual a él".
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