Jueves, 19 de enero de 2017

| 2007/08/18 00:00

Un fracaso anunciado

Magdalena Holguín explica por qué se han perdido tres años y medio de la reinserción de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia

Un fracaso anunciado

El domingo pasado apareció en el diario El Tiempo un artículo sobre los problemas que enfrenta la reinserción de los desmovilizados, que ascienden actualmente a 44.865. Si bien la mayor parte de ellos son antiguos miembros de las AUC, esta cifra incluye así mismo guerrilleros que han desertado. También en días pasados se ha señalado repetidamente en la prensa la preocupación que suscita el regreso de algunos de estos desmovilizados a las armas, bien sea mediante la conformación de nuevos grupos paramilitares, bandas delincuenciales o el ingreso a los carteles del narcotráfico. Infortunadamente, los problemas de los que trata este artículo habrían podido, si no evitarse, al menos mitigarse si el proceso de reintegración se hubiera diseñado inicialmente de otra manera, teniendo en cuenta toda la información disponible, y no hubiera procedido como una serie de improvisaciones.
 
Sin duda, los procesos de negociación que se han adelantado con los grupos de autodefensas tienen unas características especiales que los diferencian de las negociaciones de paz que se han dado en otros países con distintos grupos armados, en Guatemala, El Salvador y Sudáfrica, por ejemplo. Entre estas características, quizá las que resultan más problemáticas son las de establecer procesos de transición en medio del conflicto sin que se haya alcanzado un acuerdo de paz en el nivel nacional, así como la multiplicidad de actores enfrentados. Este hecho no sólo aumenta notablemente la fragilidad de procesos que en situaciones donde los acuerdos son más claros y específicos implican enormes dificultades para todos los participantes –incluidos el gobierno, el sistema judicial, las comunidades y los mismos reinsertados–, sino que se constituyen en antecedentes que inciden sobre futuras negociaciones con grupos armados como la guerrilla.

Las experiencias de otros países muestran que, en situaciones de posconflicto, muchos de los ex combatientes regresan a la lucha armada. Sin embargo, estas mismas experiencias han dejado lecciones aprendidas para los programas de desarme, desmovilización y reinserción. Actualmente existe un número apreciable de publicaciones especializadas que contiene, no sólo ideas generales sobre estos procesos, sino valiosos estudios de caso de los diferentes países, en los que se analizan las diversas modalidades que pueden adoptar, sus principales retos y aquellas decisiones que parecen haber dejado los mejores resultados.

El documento de Alexandra Guáqueta publicado en septiembre de 2005 por la Fundación Ideas para la Paz, “Desarme y reinserción en El Salvador – Lecciones para Colombia”, ejemplar por su claridad sobre el tema y por su utilidad para nuestra actual situación, es tan solo uno de tantos escritos que esta fundación, al igual que otras instituciones, han aportado a la reflexión acerca de este proceso y de las medidas que se habrían podido adoptar para dar las mayores garantías posibles de éxito a estas difíciles transiciones. En este documento, por ejemplo, se señalaba, de acuerdo con la experiencia salvadoreña, la necesidad de establecer un tratamiento diferenciado para los mandos medios. La Comisión de Reparación, según el artículo de El Tiempo, “menciona como falla que no se haya pensado en algo específico para los mandos medios que, según encontró, son los que más nutren bandas emergentes”.

El alto consejero para la Reintegración, Frank Pearl, admite que los mandos medios representan “un problema grave de seguridad y que no se había diseñado nada...” A juzgar por lo anterior, y por el lamentable diagnóstico que presenta de los resultados del programa de reinserción desde 2002 hasta 2006, momento en el cual se hizo cargo de él, y como se desprende de la totalidad del artículo –pérdidas millonarias en proyectos productivos fracasados, inasistencia a los cursos de capacitación, abandono de la consejería psicológica para facilitar el reintegro– estudios como el presentado por la Fundación Ideas para la Paz no fueron más que esfuerzos inútiles en la tarea de contribuir al desarrollo exitoso de este proceso. Concluye el señor Pearl que la reintegración de los excombatientes de las AUC está arrancando apenas tres años y medio después de la primera desmovilización. En efecto, el programa de reinserción no fue, al parecer, más que una serie de improvisaciones, que ha llevado a que sus decepcionados integrantes hayan recurrido una vez más a las armas y que pone en peligro la continuidad misma del proceso y de otros procesos análogos.

Además de los problemas específicos del programa inicial mencionados en el artículo de EL Tiempo –tales como el fracaso de los proyectos de empleo, la capacitación, el acompañamiento psicológico– habría un aspecto de los procesos de reinserción que ha recibido especial atención en procesos similares y que, al juzgar por las noticias que aparecen recientemente, aquí ha sido hasta ahora igualmente ignorado. Se trata del equilibrio que se debe establecer desde un comienzo entre los programas de reinserción para los ex combatientes y los programas de reparación y atención a las víctimas del conflicto, que en nuestro caso incluyen también a los millones de desplazados internos. La falta cada vez más visible de protección a las víctimas para que declaren en los procesos que se siguen a sus victimarios y las amenazas que reciben cuando intentan recuperar los bienes que les fueron arrebatados nos permiten pensar que éste será pronto otro de los grandes problemas del proceso de paz, para no hablar del triste y vergonzoso espectáculo de las víctimas hablando ante un Congreso vacío.

Lamentablemente, no sólo se han perdido tres años y medio en lo que se refiere a la reinserción. No se trata únicamente de haber perdido los esfuerzos de muchísimas instituciones que invirtieron tiempo y recursos en aportar ideas y estudios al diseño de estos programas, ni de haber perdido también los cuantiosos recursos que se malgastaron en un proceso mal concebido y peor ejecutado; únicamente en programas fallidos para empresas productivas se invirtieron más de 5.000 millones de pesos. Lo más doloroso fue que se perdieron años decisivos para sentar las bases de una solución verdadera, así fuese parcial, al conflicto armado, y para iniciar una etapa de reconciliación.

* Profesora de filosofía y asesora del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes.

El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un espacio académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través
del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad.

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