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Opinión

  • | 2003/10/06 00:00

    Un hueso para roer

    La impunidad más grande o más pequeña se justifica 'sólo' si asegura la paz. Y resulta que el Proyecto de alternatividad penal no lo hace

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La invitación del presidente Uribe a la ONU y a USA para concertar la ley de alternatividad penal es una ocasión dorada para ponerle fin al paramilitarismo.

Pero, a juzgar por lo que se oye en Nueva York y Washington, el trecho por andar sería bastante largo.

De entrada, "alternatividad penal" es un concepto acuñado para raponeros y choferes chambones, no para sindicados de delitos atroces. Así que nadie cree en lo de la ternura, y es mejor limitarse a la amarga verdad: sin impunidad no hay modo de que se desmovilice un grupo armado.

Los más escépticos dicen que eso sólo es así cuando el Estado no ha podido vencer al grupo armado, y que Colombia en realidad no ha librado una guerra frontal contra los paras.

Tampoco vale argüir que la ley no tiene nada nuevo. En el caso de Irlanda, de donde Uribe dice que copió, los liberados eran presos a punto de completar su condena. Y en el caso de Colombia, si bien es cierto que las 63 amnistías, indultos, perdones y rebajas anteriores habían sido todavía más blandengues, no es menos cierto que jamás cobijaron crímenes atroces.

La presunta dureza de la ley consiste en aplicar los criterios de "verdad, justicia y reparación" que exige el DIH. Pero la verdad se reduce a ser sentenciado por algún delito, la justicia a una pena simbólica y la reparación a devolver unos pesos. Nada de Comisión de la Verdad que investigue todos los crímenes, de sanciones proporcionales al horror, ni de restituir los daños hechos. O como dicen los 56 congresistas gringos en su carta, "una palmada en la mano y un cheque de gerencia como sustituto de una justicia real y completa".

Sólo que ante la oferta de "una justicia real y completa" las AUC sencillamente no se entregarían. Y es aquí donde vale por entero el argumento de Uribe ante la ONU: "La paz definitiva es la mejor justicia para una Nación en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de terror".

La impunidad es parte del precio de la paz, y ese precio depende de la fuerza relativa de las partes y de presiones internas o externas que en cada caso jueguen. Así que hasta este punto tendríamos un buen tira y afloje entre las AUC, el gobierno, el Congreso, los gringos y la ONU para endurecer poco más o poco menos el Proyecto.

Pero el punto de veras espinoso está en eso de la "paz definitiva": la impunidad más grande o más pequeña se justifica sólo si asegura la paz. Y resulta que el Proyecto no lo hace:

-Primero, porque basta que "el grupo haya declarado un cese de hostilidades y participe activamente en un proceso de paz" para que cualquiera de sus jefes o sus miembros reciba el beneficio (y el grupo pueda luego seguir en las andadas).

-Segundo porque en el texto caben criminales comunes y narcotraficantes (lo que aterra a los gringos): son "grupos armados organizados al margen de la ley" que bien pueden cesar hostilidades e iniciar un diálogo de paz, según manda el Proyecto.

-Tercero porque Uribe fue elegido para darle una paliza militar a la guerrilla y mientras eso no pase no habrá diálogos. Como todas las leyes de perdón del mundo, el Proyecto se hizo a la medida del cliente o sea de las AUC. Decir que no se consultó con Castaño, decir que es aplicable a las Farc y al ELN, ofrecérselo a dos ex guerrilleros presos son, digamos, que adornos de ocasión.

-Cuarto porque la ley no necesariamente implica que disminuya el paramilitarismo. Barco y Gaviria desmovilizaron nueve grupos guerrilleros pero la guerrilla creció más que nunca desde entonces. Justo cuando comienza la escalada nacional contra las Farc, los paramilitares no tienen razón para dejar la lucha. Más bien podrían jugar a congraciarse con Washington (vía abandono del narcotráfico y denuncias ante la DEA); a limpiar el nombre de sus jefes; a reforzar el frente político (como sugiere su plan electoral); a ahorrarse choques con la Fuerza Pública (pues están en proceso de paz); y a reciclar tropas de zonas "pacificadas" a zonas en disputa.

Después de todo: ¿qué "Comisión de Verificación" -según dice el Proyecto- garantiza que el fulano no obtenga su perdón y su cheque para volverse al monte, en un país donde hay tanto trabajo para un "para" y donde los jueces no encuentran a nadie?

Así que, más que regaños o consejos, lo que esta vez necesitamos son los dichosos "cascos azules a la criolla". Y por eso imagino que el trecho va a ser largo.
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