Un pacto nacional para sacar la violencia de la política

Esta semana sesionó en Bogotá el Foro sobre Participación Política, definido por la mesa de diálogos y negociaciones del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC y organizado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional, con una amplia representación de organizaciones sociales y políticas, de regiones y liderazgos.

Las restricciones en la participación política que se impuso con el Frente Nacional, donde liberales y conservadores excluyeron a quienes no eran de estas identidades, la violencia contra opositores, disidentes y competidores, aunado a una falta de confianza en el sistema electoral, es una de las raíces de este medio siglo de conflicto armado, que ahora se tramita mediante la búsqueda de un acuerdo que debe ser refrendado socialmente.

El sistema de partidos políticos y el ordenamiento de la participación para acceder a la gobernabilidad local, regional y nacional, es muy deficiente en Colombia, con el agravante de que esta cruzada por violencias y manipulaciones del aparato electoral, por supuesto que hemos tenido un esfuerzo de modernización y fortalecimiento en muchas áreas que atañen a la competencia política, pero aún hay muchos temas por resolver y con seguridad que del Foro mencionado, sale un buen número de propuestas para ser consideradas por Gobierno y FARC y por la pluralidad social y política que concurrimos a este debate y a la búsqueda de nuevas realidades, que garanticen un orden de competencia realmente democrático.

Hay mucho por reformar e implementar para ampliar esta precaria democracia. Con el ánimo de aportar propuestas, presenté en el Foro las siguientes, que han venido siendo formuladas desde distintos sectores y que considero que de implementarse ayudarían al propósito de lograr un sistema de competencia política de mayor calidad.

Un esfuerzo de paz, debe resolver el genocidio contra la Unión Patriótica, para lo cual el Presidente Juan Manuel Santos debería tomar iniciativa en conciliar con esta organización y los sobrevivientes y familias de los seis mil militantes asesinados una reparación concertada, lo que implica sacar este trágico y triste episodio, de la Comisión interamericana de Derechos Humanos, por supuesto con la previa concertación con la UP, para responder, que si fue genocidio, que el estado Colombiano tiene responsabilidades por acción y por omisión, como ya está establecido en  los casos investigados y sancionados en la justicia Colombiana y asumir que esta tragedia debe ser tratada con plenas responsabilidades por parte del Estado Colombiano y los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, satisfechos.

Parte de la reparación colectiva y de alto contenido político es retornarle la personería perdida a la UP y los cargos ganados en 1986, entre ellos las cinco curules en Senado y las nueve en Cámara, que perdió vía violencia, para lo cual, y es mi propuesta, se debe garantizar que estas curules sean ejercidas por tres periodos-doce años-, lo cual se debe establecer con una ampliación del Congreso de la República, mediante reforma constitucional, esta presencia por este periodo de tiempo, significa que la UP y sus aliados puedan gestionar y participar del debate democrático, promoviendo sus tesis y trabajando por el desarrollo del acuerdo de paz construido, sin restricciones de que participen de los procesos electorales, buscando el apoyo ciudadano a sus tesis y propuestas, que les permita ganar una mayor representación, complementaria a la establecida como medida de reparación política.

Otra propuesta que ha sido presentada en los últimos años, es la referente a la financiación 100% estatal de la actividad política y de las campañas electorales, esto para evitar, que los intereses privados o aún peor, de los ilegales, sean quienes sigan cooptando una parte importante de la acción política, esta medida debe ser acompañada de estrictas sanciones a quienes transgredan las normas establecidas de financiación a la actividad política y electoral.

Ante un sistema electoral, que sigue siendo cuestionado por irregularidades y fragilidades que lo hacen vulnerable, se debería adelantar una misión de expertos nacionales e internacionales liderados por Naciones Unidas que formulen un balance de su estado actual y cuales las modificaciones e innovaciones a implementar, para que este trabajo sea discutido, en el gobierno nacional,  en el Congreso de la Republica y ante la ciudadanía y por supuesto los partidos políticos, las organizaciones sociales y la academia interesada, para definir una agenda de trabajo e iniciativas a emprender, que nos permita contar con un sistema electoral confiable y garante de la voluntad ciudadana.

Se debe perseguir a quienes atenten contra la política y los políticos, debemos mandar un mensaje contundente de que ningún crimen contra ellos va a quedar impune, solo así se desestimulará la acción de eliminar a los contradictores, deben ser aumentadas las penas contra quienes agreden y asesinan políticos, para lo cual la Fiscalía  General, debe contar con unidades especializadas y priorizar las investigaciones que permitan sancionar a quienes atentan contra la democracia.

Una de las finalidades de atentar contra la acción política, fue mantener el control de territorios y lograr la imposición de intereses, sin tener controles ni opositores o peor aún, desalojar a los que ganaban en la competencia democrática, con todo y lo precaria y desigual que ha sido en la historia de Colombia, por ello, se debe pensar en instituir circunscripciones especiales para las víctimas de la violencia, para que puedan tener representación en todos los organismos colegiados desde lo local, regional y nacional. Si uno de los temas a resolver son los derechos de millones de víctimas, es apenas lógico que ellas tengan de manera organizada representación en los espacios donde se discuten las políticas y se controla la gestión pública.

La última propuesta presentada, va en la dirección de formular y desarrollar una política de promoción y preservación de la memoria de las organizaciones y ciudadanos y ciudadanas que fueron perseguidos, asesinados y sufrieron los rigores de la violencia, por motivo de su acción política.

Colombia requiere una democracia de calidad, donde la violencia esté ausente y existan las garantías y condiciones para que todas las ideas compitan y concurran en el desarrollo de una Colombia en paz. Con el Foro sobre Participación Política, la Mesa de diálogos y negociaciones de Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC, tienen muchas y buenas propuestas para avanzar en el punto dos de la agenda acordada y cuya discusión iniciará en el mes de mayo.

Posdata uno: Cruzo los dedos para que en el mes de mayo se abra una mesa con el ELN y sea exitosa.

Posdata dos: Recomiendo la lectura de “La Nación Vetada: Estado, desarrollo y guerra civil en Colombia”, del Maestro Mauricio Uribe, un trabajo muy oportuno para pensar en este conflicto de medio siglo, desde sus razones y motivaciones, una obra con mucho rigor y análisis, publicada por la Universidad Externado.

Posdata tres: Las y los invito a consultar y divulgar la campaña “Paz a bordo”, en www.lallavedelapaz.com

*Integrante de la Fundación Paz y Reconciliación.