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Opinión

  • | 2014/01/25 00:00

    Un Pacto para la Paz

    La aplicación de justicia transicional solo se puede enfrentar si en Colombia todos los sectores políticos consiguen un clima de entendimiento que permita un pacto político.

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Los enemigos de “la paz” quieren mantener la guerra indefinida y envenenar el proceso de La Habana. ¡No! En Colombia no hay enemigos de “la paz”, lo que hay es un falso discurso montado desde el gobierno nacional y el secretariado de las FARC orientado a apabullar las voces críticas de la impunidad y a que se conceda el derecho a gobernar a quienes han perpetrado graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos transnacionales.

Tal manipulación no se detiene ni siquiera frente a las víctimas. A quienes reclaman que no se les prive del derecho a acudir al aparato judicial para denunciar a los victimarios se les califica inmediatamente de partidarios de la continuidad de la violencia. Igual ocurre con las organizaciones de defensores de derechos humanos que terminan asimilados a fundamentalistas y extremistas punitivos.

Olvidan que “la paz” resultado de un Acuerdo entre el Estado y las guerrillas necesita de sostenibilidad política y jurídica. La primera es más importante que la segunda. Por más que el Gobierno insista en que la justicia transicional, cuyo marco incorporó a la Constitución en el 2012, no implica impunidad, la realidad es que no cumple los estándares de justicia penal internacional y las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. La carta del año pasado de la fiscal ante la Corte Penal Internacional y el reciente informe de Human Rigths Watch insisten en que las graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser objeto de renuncia a la persecución penal, como lo defiende Santos y lo quieren las FARC.

La sostenibilidad jurídica es definitiva. Nadie se va a desmovilizar y a deponer las armas cuando tiene más de 7.000 individuos encuadrillados y de 8.000 organizados en milicias, más todo un aparato de agitación y control social en determinadas zonas de territorio nacional, si no existe certeza de que las reglas que se concerten en materia de justicia serán cumplidas y a lo largo del tiempo se mantendrán. El problema es que nada le puede garantizar 100% eso a la cúpula de las FARC. En el plano jurídico una Corte Constitucional en 10 años podría ordenar la apertura de procesos penales, así hagan una Asamblea Nacional Constituyente o un referendo, finalmente, son crímenes imprescriptibles. Ante las violaciones a los derechos humanos no pueden existir “cláusulas pétreas”. 

La solución al problema jurídico no está simplemente en nuevas leyes o reformas constitucionales, está fundamentalmente en lo político. En la transición española, posterior a la muerte del general Francisco Franco, las fuerzas políticas convinieron una hoja de ruta hacia la democracia con los Pactos de la Moncloa. Adolfo Suárez, protagonista principal, dijo que era “una especie de compromiso histórico” previo a la adopción de la Constitución de 1978. Los Pactos contenían acuerdos en “materia jurídico-política” y medidas económicas, apuntaban a la “reconciliación nacional, el establecimiento de un marco inicial y transitorio para las autonomías y la adecuación sustancial sobre derechos y libertades públicas al nuevo sistema democrático”, indicó. En el espíritu de los Pactos de la Moncloa se aprobó la Ley de Amnistía el 14 de octubre de 1977.

Treinta y un años después, el 16 de octubre del 2008, cuando el juez Baltasar Garzón quiso iniciar investigaciones por las “causas del franquismo” contra el general y otros 44 miembros de sus gobiernos, por comprender “crímenes de lesa humanidad”, se desató una tormenta política y luego jurídica en España. Desde la izquierda hasta la derecha una sola voz se opuso a la intención de Garzón. El argumento: los Pactos de la Moncloa y la Ley de Amnistía. ¿Había fundamento jurídico para investigar esos crímenes? ¡Sin duda! No obstante, había algo más importante: “el compromiso histórico” de la sociedad española: los Pactos cerraron ese capítulo e impiden reabrirlo para las atrocidades cometidas en la Guerra Civil y durante la dictadura.

José Luis Rodríguez Zapatero, informó un diario, “subrayó que el paso del franquismo al régimen constitucional se apoyó en tres pilares básicos ("democracia, consenso y reconciliación") y destacó que la Ley de Amnistía fue "una pieza jurídico-política fundamental" para la convivencia democrática y pacífica de los españoles”. ¡Eso era lo que estaba en juego! Así que ante la fragilidad jurídica que pretendía explotar Garzón, se impuso la voluntad política generada por el previo consenso.

La enorme vulnerabilidad jurídica de cualquier Acuerdo de Paz frente a la aplicación de justicia transicional por los crímenes perpetrados por los miembros de las FARC y el ELN sólo se puede enfrentar si en Colombia todos los sectores políticos, comenzando por los que lideran Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, consiguen un clima de entendimiento que permita un pacto político, “un compromiso histórico” que todos defendamos y se constituya en el principal sostén jurídico del proceso de paz.

Mañana, cumplidas las penas de prisión por parte de la cúpula y demás cabecillas terroristas, si llegara un Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional a considerar que no fueron proporcionales dada la gravedad de los crímenes y ordenara nuevos procesos judiciales, el argumento deberá ser el Pacto histórico para defender lo acordado. ¿Alguien puede imaginar a los más duros críticos actuales del proceso de paz defendiendo a Timochenko, Márquez y Catatumbo? ¡Dificil! Pero además de posible, es indispensable para que la paz sea sostenible.

A eso no se llega dividiendo el país entre amigos y enemigos de la paz, tampoco con un referendo que abra más las heridas, atropelle a los críticos, desconozca las víctimas y se imponga por la fuerza de las mayorías. Las minorías excluidas mañana o pasado mañana podrán gobernar y todo lo acordado estará en riesgo. 

Uribe debería dar un paso adelante y proponer un Pacto por la Paz a todas las fuerzas políticas y sociales. Por supuesto, una paz justa, sin impunidad, con respeto a los derechos de las víctimas, sin derecho a gobernar a responsables de atrocidades y basada en la verdad, no para justificar los crímenes, validar la violencia o deslegitimar las instituciones, como quieren en La Habana, sino para evitar la repetición. 

Es un pacto de esa naturaleza el que dará fuerza a la paz y la seguridad jurídica y política que se requiere. Las FARC deberían entender que su afán es diferente al de Santos. Al presidente le interesa firmar, a Timochenko le debería interesar que lo que se firme se cumpla. Y para eso no basta Santos, ni los partidos de la coyuntural coalición de gobierno. Se necesita que la paz se firme realmente con los verdaderos enemigos o contradictores, como los quieran llamar.

En twitter: @RafaGuarin

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