Un paraíso para la delincuencia y la impunidad

Guatemala es uno de los países más peligrosos del mundo, que supera incluso a México. Sólo el año pasado, fueron registrados 6.500 asesinatos, cifra que supera el promedio anual de muertes violentas contabilizadas durante la guerra civil que puso en jaque el país durante 36 años y que supone casi el doble de la tasa de homicidios en el país vecino del norte.

Lo que muchos no saben, o se esfuerzan por olvidar, es que Guatemala, con una población de poco más de 13 millones de personas, y sin mucha representatividad en la economía global, es un país altamente vulnerable, con grandes problemas institucionales y de Estado de derecho. Tanto el gobierno central como la comunidad internacional deben afrontar esta situación con rigor y seriedad.

Muchos de los problemas a los que Guatemala se enfrenta hoy tienen su origen en el pasado. El país no ha sabido hacer frente a las causas profundas de su prolongado conflicto armado, y sus gobiernos no han cumplido los Acuerdos de Paz de 1996, principalmente en lo que respecta a la reestructuración de las fuerzas de seguridad, judiciales y fiscales. El resultado es un cuerpo policial y militar débil y desorganizado y una justicia ineficiente y corrupta. Juntos convierten a Guatemala en un paraíso para la delincuencia y la impunidad.

Sin protección, muchas comunidades han recurrido a la fuerza parapolicial como una forma extrainstitucional y brutal para luchar contra la delincuencia omnipresente. El ciclo, una vez más, no se cierra, y se genera una espiral de violencia, de terror y de total descontrol por parte de las autoridades.
 
Guatemala se enfrenta a una proliferación de las Organizaciones de Narcotráfico (DTO, sigla en inglés) mexicanas y a las bandas juveniles criminales (maras). Debido a la presión cada vez mayor en México, los DTO se han trasladado a Guatemala para competir por el control de la cocaína andina y las rutas de tráfico con destino a Estados Unidos. Al negocio ilegal en el país se suman también las bandas callejeras que extorsionan y aterrorizan barrios enteros, en muchos casos con la complicidad de las autoridades.

Lo más desalentador es que el escaso progreso realizado por Guatemala en los últimos años –gracias a la ayuda internacional– se podría ver afectado. La mayor contribución, en este caso, ha sido realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), resultado de un acuerdo entre el Estado y la Organización de las Naciones Unidas. La Comisión fue concebida en diciembre del 2006 con el objetivo de fortalecer la capacidad del país para desmantelar las redes clandestinas que utilizan los contactos cercanos al Gobierno para garantizar la impunidad.

Sin embargo, la dimisión de su hasta entonces director, el juez español Carlos Castresana, el 7 de junio, ha puesto a prueba el verdadero papel del Gobierno y su grado de compromiso con esta antigua batalla y con la propia Comisión. El magistrado, blanco de repetidas amenazas de muerte, dejó atrás dos años y medio de gestión y un signo de protesta contra ciertos elementos de la administración del presidente Álvaro Colom (2008-2012), acusado de no cumplir de manera satisfactoria la promesa de apoyar la labor de la CICIG y de reformar el poder judicial. El colmo para Castresana fue el nombramiento del fiscal general Conrado Reyes, acusado de mantener vínculos con el crimen organizado.

El presidente Colom es consciente de las lagunas existentes en el sistema administrativo, político, social y público que convergen actualmente en Guatemala. Lo que falta es voluntad política y de las élites que dirigen el país para cambiar esta situación, superando, finalmente, la barrera de la inestabilidad, de la corrupción y de la impunidad que asolan al país.

Para ello, el actual Gobierno debe consolidar las recientes mejoras alcanzadas, aunque sean provisionales, llevando a cabo una reforma institucional y administrativa. Debe adoptar una serie de medidas contra la corrupción y la impunidad, estableciendo mecanismos de investigación. Y por último, es necesaria una "democracia multicultural", que incluya a los pueblos indígenas –especialmente marginados durante los años de conflicto.

La comunidad internacional, por otra parte, debe considerar la prórroga del mandato de la CICIG más allá de septiembre del 2011, según lo previsto, y aumentar el apoyo político y financiero a la Comisión.

Tal vez así Guatemala pueda recuperar su Estado de derecho, y la sociedad vuelva a tener esperanza, en lugar de miedo y de una sensación de impotencia y frustración ante tantas violencia, impunidad y corrupción. Quizás así, este país pueda liberarse de su pasado.

*Mark Schneider es Vicepresidente Senior y Asesor Especial para América Latina de International Crisis Group.