Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2009/10/31 00:00

Un recuerdo ajeno

El autogolpe le permitió dos reelecciones y ocho años más en el poder con inmensa popularidad, Congreso comprado, Procurador de bolsillo y Corte a la medida.

Un recuerdo ajeno

Lo que pasó ese abril, allá, se venía sospechando hacía muchos meses. El Presidente de ese país había advertido que los poderes Legislativo y Judicial no querían cooperar con el cambio. Mientras el Ejecutivo luchaba por la derrota del terrorismo y el progreso de la Nación, las otras ramas del poder público seguían amarradas al pasado. Las iniciativas del mandatario se demoraban en el trámite y los jueces -sordos al clamor popular- se empecinaban en encausar a los amigos de las rondas campesinas que tanto habían ayudado en el combate de la sedición.

La situación se fue tornando cada vez más tirante, y alcanzó su clímax cuando el mandatario invitó a los ciudadanos a evitar una parálisis del Estado por cuenta de la 'partidocracia' y a prevenir una "dictadura de los jueces".

Con inspirado gesto, y equiparándose con los más ilustres nombres de la historia de Estados Unidos, el mandatario desempolvó una frase pronunciada en 1937 por Franklin Delano Roosevelt, que comparaba el Estado con una carreta tirada por tres caballos: el Presidente, el Congreso y la Corte Suprema. "Hoy dos de los caballos, la Presidencia y el Parlamento, marchan al unísono; pero la Corte se ha atravesado en el camino del progreso, por lo que ha llegado la hora de salvar a la Constitución de la Corte y a la Corte de ella misma".

Y se quejaba de su suerte aquel mandatario, porque mientras a Roosevelt le había tocado lidiar con un caballo terco, a él le habían correspondido dos. En una alocución televisada, señaló: "los principales obstáculos en el sendero del progreso son la inoperancia del Parlamento y la corrupción del poder judicial que ha sido ganado por el sectarismo político".

El principal asesor presidencial y numerosos opinadores afines al gobierno tildaban a los jueces de distantes, indiferentes y apátridas, cuando no de cómplices del terrorismo, ignorantes y abiertamente corruptos.

Los grandes medios de comunicación que abrevaban en el presupuesto nacional -y que esperaban poder sacarle más- replicaban y aplaudían el creciente autoritarismo personal del mandatario y contribuían al descrédito de las instituciones que no se habían sometido a él.

Esa fuerza tan suya causaba desconcertantes resultados en las encuestas. Los empresarios, por ejemplo, se quejaban de la concentración del poder en manos de un solo hombre, pero confesaban que no veían a nadie capaz de reemplazarlo. El 79 por ciento de ellos definía el régimen como dictatorial, pero al mismo tiempo el 89 por ciento estaba de acuerdo con el relevo del poder judicial y el 87 por ciento apoyaba una salida "extraconstitucional".

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, quien en un comienzo se había mostrado escéptico frente a la unificación de los poderes en el Ejecutivo, entendió pronto que no podía poner en riesgo los negocios de sus afiliados. Acompañado de los tres dueños de las cadenas privadas de televisión, acudió la víspera de aquel día al palacio presidencial para manifestar su anticipada solidaridad con las decisiones que el jefe del Estado tuviera que tomar.

El presidente de la Asociación de Bancos declaró: "el sector empresarial apoya al Presidente. No se puede permitir por más tiempo la infiltración de elementos corruptos y subordinados a intereses partidarios en instituciones importantes como el Congreso y el poder judicial".

La noche de ese domingo, 5 de abril de 1992, avanzaron silenciosamente por las calles de Lima los tanques que bloquearían la entrada al Congreso y al Palacio de Justicia.

Alberto Fujimori había logrado consumar un autogolpe que le permitió dos reelecciones y ocho años más en el poder con una inmensa popularidad, una guerra con un país vecino, un Congreso comprado, un Procurador de bolsillo y una nueva Corte a su medida.

Ahora paga una condena de 25 años de prisión por los falsos positivos de Barrios Altos y La Cantuta, las interceptaciones ilegales a periodistas y opositores, varios casos de corrupción administrativa y el pago de sobornos a congresistas.

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