Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2003/10/20 00:00

Una adjudicación responsable

Antonio Bustos Esguerra, Director de la Comisión Nacional de Televisión responde a las críticas de Paulo Laserna sobre el proceso de adjudicación de espacios del Canal Uno.

Una adjudicación responsable

La Comisión Nacional de Televisión, CNTV, responsable de la Licitación 06 de 2003, para la adjudicación de espacios en el Canal Uno de operación pública, respeta las voces contrarias, pero no puede aceptar que se califique como una programación a dedo, un proceso que estuvo ajustado al mandato de la ley y a los principios éticos que garantizaron su imparcialidad.

El resultado de la adjudicación puede ser discutido o no compartido por muchos, pero es importante aclarar que la CNTV no emitió un veredicto improvisado ni estuvo sola en los 4 meses de discusiones y evaluaciones que culminaron con la adjudicación el pasado 8 de octubre de 2003.

La licitación fue abierta no por un capricho de la CNTV, sino por expresa orden de la ley, que exige un nuevo proceso una vez se acerque el vencimiento de los contratos actuales, previsto para el próximo 31 de diciembre.

Al llamado acudieron 7 programadoras reunidas en 4 consorcios o uniones temporales que allegaron a la Comisión sus respectivas propuestas, sustentadas en documentos también exigidos por la ley.

El proceso fue vigilado por el Instituto Anticorrupción del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que acompaña a la CNTV desde enero de 2003. Esto garantizó, sin ninguna duda, la pulcritud de todos los componentes, por que dicha institución ha demostrado al país su independencia absoluta desde su creación.

La fijación de las tarifas -tema que se ha convertido en un dolor de cabeza para los concesionarios privados- no fue tampoco un capricho de la CNTV, ni el resultado de unos privilegios a favor de los participantes y en contra de los pagos adelantados por RCN y Caracol. Obedeció a una fórmula recomendada por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, de la Universidad Nacional, otra entidad independiente, que tuvo en cuenta sólidas razones económicas para permitir la supervivencia del canal y de sus adjudicatarios, dos condiciones que no afectan a nadie y sí garantizan el futuro de la televisión de operación pública, que es una de las obligaciones de la CNTV con el país.

De igual manera, se realizaron varias audiencias públicas, una de ellas con la participación de 149 personas que discutieron las condiciones del pliego y expresaron sus puntos de vista a favor o en contra de las exigencias, entre quienes, desde luego, se encontraban los representantes de los consorcios participantes. Como resultado de dichas audiencias, se determinaron algunos cambios al pliego de condiciones, que finalmente se ajustó a las necesidades de la nueva programación.

Cada propuesta fue evaluada de acuerdo con unos criterios que sobre calidad audiovisual y la estrategia innovadora de producción y programación. Estas calificaciones estuvieron a disposición de los oferentes hasta el último momento, para las reconsideraciones a que hubiere lugar. El veredicto final fue el resultado de un muy cuidadoso análisis, dentro de un proceso abierto, democrático, claro y transparente.

Mientras los adjudicatarios de la nueva programación se preparan para asumir el reto de la programación de Canal Uno correspondiente a los próximos 10 años, la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, cumplió con la ley, con sus obligaciones constitucionales y con el país, en la defensa de uno de los más importantes canales de operación pública, comprometido con la identidad nacional y la pluralidad democrática.

*Director de la Comisión Nacional de Televisión, CNTV.

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