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Opinión

  • | 2015/01/30 07:00

    ¿Una burla a los alcaldes?

    Lo que se quiere es establecer la inocua participación de los municipios en proyectos mineros reduciéndoles a la tarea de elevar simples consultas ambientales mientras se evaden sutilmente los consensos con el gobierno nacional.

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Comoquiera que nos sigue preocupando el tema de la minería en Colombia, vuelvo a él. Ya en abril del año pasado había hecho varias observaciones al conflicto entre el gobierno central y el territorial en lo que se refiere a la aprobación de proyectos de exploración y explotación minera. Allí abordaba la preminencia que veía en las autoridades locales para determinar lo que le era benéfico o perjudicial cuando se viera frente a un proyecto de explotación minera, por lo que en defensa de tal derecho le di una interpretación literal al fallo de la Corte Constitucional que así lo reconocía, e igualmente propendía por la consulta popular como herramienta eficaz y democrática para resolver estos asuntos.    

Pero comenzando el 2015, observo con mayor nitidez, y de nuevo sorprendido, cómo la vocación hacia el extractivismo voraz concebido por los últimos gobiernos como fuente milagrosa del desarrollo económico echa por la borda cualquier consideración relativa al respeto por la conservación ambiental. Porque, ¿de qué otra manera se puede interpretar que sea ahora el Ministerio de Minas, saltándose las facultades inherentes al Ministerio de Ambiente, a las corporaciones regionales y a los concejos municipales, el señalado para proteger el medio ambiente, las cuencas hídricas y la biodiversidad cuando se presenten actividades mineras en cualquier región del país?

Para entenderlo, veamos: la víspera de la Navidad pasada, cuando la casi totalidad de las oficinas públicas y privadas se ocupaban en cerrar sus despachos para entregarse a las actividades festivas de fin de año, la Presidencia de la República expedía el Decreto 2691 de 23 de diciembre de 2014, cuya esencia hace referencia a la definición de mecanismos que viabilicen los acuerdos para las actividades mineras entre las autoridades territoriales y los Ministerios de Minas, Ambiente, Interior y Agricultura.

Pues, bien, revisemos por qué esta decisión del Ejecutivo es ostensiblemente incongruente y perjudicial al desdibujar la autonomía de los entes territoriales, o haciendo inviable su injerencia en dicho tema al descargar en ellos los costos de estudios que verificarían el apego a las normas ambientales vigentes en todo tipo de operación minera. Y es que el artículo 4 del decreto habla de la elaboración por parte de los concejos municipales o distrital de estudios técnicos que contengan “el análisis de los efectos sociales, culturales, económicos o ambientales que podrían derivarse de la aplicación de las citadas medidas en relación con los impactos que puede generar la actividad minera”, señalando explícitamente que “los costos de estos estudios serán asumidos por el municipio solicitante”. ¿Y cómo no ver esta imposición como una jugada tramposa cuando se sabe que la inmensa mayoría de ellos no cuentan con los recursos necesarios para tales investigaciones? ¿Y no son acaso las empresas mineras solicitantes las responsables de los estudios de impacto ambiental bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente?

El decreto, que busca reglamentar la sentencia de la Corte Constitucional C-123/14, la cual precisa que las autorizaciones a desarrollos mineros se deben plegar a las normas de protección ambiental y social de común acuerdo entre las autoridades nacionales y las territoriales, teniendo en cuenta “los aspectos de coordinación y concurrencia, los cuales se fundan en el principio constitucional de autonomía territorial”, parece no contemplar en su debida forma este mandato.  

Ahora bien, otra incoherencia del decreto radica en que establece como árbitro único al Ministerio de Minas para aprobar o imaprobar los acuerdos a los que se llegare. Entonces, ¿en qué quedan el criterio y la autonomía municipales si es el gobierno nacional, a través de Minminas, quien por encima del Minambiente tiene la facultad de dar el sí o el no a cualquier proyecto?  

Esta nueva reglamentación parece también ir dirigida a refrendar el interés por bloquear las consultas populares regionales -Piedras es el símbolo-, reafirmando la vocación que en tal sentido se vio expresamente en el Decreto 934 de 2013, en buena hora suspendido por el Consejo de Estado, al mismo tiempo que a privilegiar el papel de las multinacionales y demás empresas extractivas que en adelante podrían tener una mayor intromisión en las decisiones de nuevos planes mineros.

Con toda claridad, César Rodríguez Garavito, director del Observatorio de Justicia Ambiental y miembro fundador de DeJusticia, resumió el espíritu del perjudicial decreto navideño que en adelante vendrá a afectar negativamente y de diversas maneras a los entes municipales: “Lo grave es que se le está dando el mismo peso a una empresa que a un municipio, cuando estos tienen poder constitucional y representan a una ciudadanía”.

En resumen, lo que aparentemente se quiere es establecer la inocua participación de los municipios al reducirles a la tarea de elevar simples consultas mientras se evaden sutilmente los consensos con el gobierno nacional.

Señores alcaldes, ¡ojo al conejo!  

En pocas palabras

El señor Salomón Kalmanovitz bien ha podido hacer una defensa de la doctora Cecilia María Vélez White con fondo de apología de la Tadeo sin necesidad de  confundir el columnista con los denunciantes. Se sabe que el carácter y la independencia de SEMANA la han posicionado como el medio que para fortuna del país ha revelado los mayores escándalos en los últimos años. Y que sus columnistas, Coronell, Jimena, Caballero, etc. han gozado de libertad plena para cumplir con su deber de “amplificar”, como él dice que yo lo hice, todas las irregularidades que merecen ser debatidas por la opinión pública. En cuanto a la mentira que me endilga relacionada con su dejación del cargo de decano, al tiempo que señala que lo que hice fue recoger “la visión antagónica del sindicato de la Tadeo”, agregando que “como aduce falsamente el señor Uribe o el sindicato”, deja entrever al menos cierta indecisión al darme el beneficio de la duda sobre tal afirmación. En conclusión, lamento que al señor Kalmanovitz le cause malestar que el país y los círculos universitarios se enteren de lo que está ocurriendo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.     
 
guribe3@gmail.com
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