Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/06/21 00:00

¿Una Colombia sin mujeres?: indiferencia e impunidad

Las principales razones de violencia contra las mujeres están delimitadas en violencia intrafamiliar y delitos sexuales que poco se denuncia.

Foto: .

Esto es un escenario posible si continúa la indiferencia frente al aumento de abusos, violaciones y homicidios a mujeres en Colombia. No es una cuestión feminista ni radical sino de respeto, supervivencia social y de sostenimiento de la familia. 

Si bien no es un tema que sea ajeno a ningún ser humano y que en sí mismo debería tener la mayor importancia, paradójicamente las políticas públicas no se dirigen a la protección de las mujeres, cuando se ha convertido en una problemática social nacional.

Las mujeres somos el 51% de la población colombiana, entre el 2002 y el 2011 se han asesinado 14.630 mujeres, se ha planteado que el promedio son 3 por día. Hace dos días se presentaba en medios de comunicación la noticia diciendo que Cali estaba disputándole el primer puesto a Medellín y Bogotá en mayores homicidios a mujeres, no entiendo cómo puedo disputarse un puesto en estas condiciones y no profundizar al respecto.

Las principales razones de violencia están delimitadas en violencia intrafamiliar y delitos sexuales que aunque en pocos casos se denuncian, no se tienen garantías en aquellos procesos  por falta de pruebas generando impunidad.

No podemos desconocer que fuera de lo contenido en el Código Penal el principal avance en esta materia se dio en el gobierno del Presidente Uribe con la ley 1257 de 2008  la cual tiene como “objetivo la adopción de medidas para garantizar a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia tanto en el ámbito público como en el privado. 

Estas medidas comprenden funciones de sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer y están a cargo de las autoridades competentes según las disposiciones señaladas en esta norma”. En cuanto a autoridades es claro que se refiere a nacionales y locales, pero las cifras demuestran que la implementación ha fallado notoriamente.

Para noviembre del 2012 el periódico El Tiempo publicó que: “según la Policía Nacional, se capturaron 8.131 hombres por violencia intrafamiliar, la mayoría de ellos descubiertos en flagrancia; y otros 4.214 por delitos sexuales.  Casi el 60% por ciento de ellos quedó en libertad o recibió penas que no superan los 3 años. 

Situación similar se afronta con los homicidios. En el 2011 fueron asesinadas 1.490 mujeres y entre enero y octubre del 2012 el número llegó a 932 asesinatos, pero en muchos casos los agresores lograron huir o no fueron identificados. Tan solo en Bogotá, hasta el 16 de noviembre habían sido recibidas por la Policía 4.800 denuncias de mujeres víctimas de algún tipo de violencia, entre ellas 12 atacadas con ácido”. 

A propósito del ácido resalto la reciente ley en la que se aumentaron las penas para el caso de ataques a mujeres con ácido porque nos estábamos convirtiendo en el segundo país después de Afganistán en este tipo de agresiones, sin embargo, fueron muchas las víctimas de esta arma letal para que llegara finalmente la discusión al Congreso de la República.

Se ha planteado un cambio cultural  pero más que eso en mi concepto se requiere de implementación de políticas públicas diseñadas para evitar feminicidios, por ejemplo, estrategias de seguridad ciudadana desde el género y garantías en los procesos judiciales en materia probatoria.

Sobra decir que estamos incumpliendo totalmente los tratados internacionales ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer ó "Convención de Belem do para” y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW.

Al analizar  este fenómeno denominado feminicidio nos damos cuenta que hay tiempo y recursos para dedicarnos a un proceso de paz, a diferentes reformas legales y estatales pero no hay tiempo ni voluntad política para solucionar una problemática a la que somos totalmente indiferentes y con la que nos hemos acostumbrado a vivir. 

¿Cómo implementar entonces las políticas públicas contra la violencia de género adecuadamente?  Ya está sobrediagnosticado y contamos con  la normatividad adecuada. Sin embargo, las cifras crecen día a día, las autoridades locales no se ocupan de este fenómeno aunque tengan el mandato legal. 

*Directora Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas de la Universidad del Rosario.

Twitter: @vmanriquezul

Email: vivianamanriquezuluaga@gmail.com

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