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Opinión

  • | 2011/07/02 00:00

    Una constitución bajo el fuego

    La derecha civilista y la centro izquierda han estado, en estos veinte años, a la defensiva, arredradas, furgón de cola de las extremas.

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Voy a estar muy solo en este comentario. La Constitución del 91 no ha sido obedecida. Los dos propósitos fundamentales de la Constitución no se han cumplido. Ni hemos alcanzado la paz ni hemos podido realizar las transformaciones democráticas anunciadas por ella. El balance es muy negativo. La responsabilidad del fracaso es clara.

Para las guerrillas, la reforma fue poca. Para la extrema derecha, fue mucha. Empezaron a dispararle desde los dos lados a la nueva Carta y no ha habido un centro político civilista capaz de someter o de negociar con los extremos para aplicarla a cabalidad. En este aniversario he leído celebraciones exaltadas del texto constitucional, también críticas veladas o abiertas. Me aparto de unos y de otros.

La verdad es que la Constitución, a poco tiempo de haber sido sancionada, quedó huérfana. El sujeto político que lideró la Asamblea Nacional Constituyente -una alianza entre un sector modernizador del Partido Liberal, el M-19 y el Movimiento Nacional de Álvaro Gómez Hurtado- se disolvió. Murió Gómez Hurtado, el M-19 sufrió una gran derrota electoral y se dispersó, el sector liberal encabezado por César Gaviria quedó en minoría en el Partido. En contraste, las guerrillas, y la derecha vinculada a la ilegalidad y a la violencia, se crecieron y se dispusieron a controvertir por medio de las armas y la intimidación las disposiciones constitucionales que les disgustaban.

Las Farc y el ELN fueron invitados a participar en la Constituyente, pero rehusaron la invitación. No comprendieron el momento que atravesaba el mundo y la nueva realidad del país. El comunismo había caído. La democracia quedaba como el único escenario para luchar por el cambio. La lucha armada perdía todo el sentido. Al mismo tiempo, la sociedad colombiana se negaba a seguir en los estrechos marcos de la Constitución de 1886, y la reforma era inevitable. Era el instante propicio para dar el salto a la vida civil y sumarse a las fuerzas reformadoras.

Hicieron todo lo contrario. Se fueron a lo profundo de las montañas a construir un numeroso ejército guerrillero y emprendieron la tarea de golpear la elección popular de alcaldes y la descentralización, aspectos claves de las reformas democráticas en curso. Le han disparado en forma endemoniada a la institucionalidad local y, al mismo tiempo, han alentado el tráfico de drogas, que corroe como un cáncer las instituciones nacionales. En sus territorios florecen poco o nada las transformaciones contenidas en la Carta del 91.

En la otra orilla, las élites regionales, que vieron amenazados sus feudos políticos por la puesta en práctica de la circunscripción nacional del Senado, el estímulo al voto de opinión y la consagración del pluralismo, se aliaron con los paramilitares y tendieron un cerco perverso en municipios y regiones. Más avisadas y hábiles que las guerrillas, se aferraron al poder local, asaltaron las transferencias y las regalías que venían del proceso de descentralización y se montaron en la nueva institucionalidad con el propósito de impedir que avanzaran la democratización y la modernización.

A la par que se apropiaban indebidamente del poder local en muchos lugares del país, fortalecían su presencia en el Congreso y en el gobierno central. Desde allí no han ahorrado esfuerzos para echar al suelo elementos decisivos de la separación de poderes y de la protección de derechos, que son la sustancia de la Constitución del 91. Reelecciones, intentos de desmontar la tutela, tramas para acallar las Cortes y recortar sus funciones, han sido emblemas de esta derecha nostálgica de la Constitución de 1886.

La derecha civilista y la centro izquierda han estado, en estos veinte años, a la defensiva, arredradas, furgón de cola de las extremas. No han querido asociarse para retomar el momento virtuoso en el que fuerzas de origen ideológico diverso se dieron cita para redactar una Constitución que nos regaló la esperanza de la paz, la reconciliación y la democracia avanzada. ¿Será esto posible en una segunda versión del gobierno de Unidad Nacional donde salga de allí la extrema derecha y se consolide el centro?
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