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Opinión

  • | 2012/03/26 00:00

    Una constitución más maleable que el platino

    El Estado sudafricano dobla los pilares constitucionales cuando permite los excesos de un monarca tribal multimillonario que oprime a las comunidades, pero que promueve la explotación de platino.

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Leruo Motolegi es un empresario importante en el norte de Sudáfrica y uno de sus hombres más ricos. A pesar de la segregación racial aún vigente en este país, es un exitoso hombre negro. Su fortuna la extrae directamente de su propia tierra, la zona noroccidental de este país, que provee el 75% del platino mundial. Este mineral es altamente apetecido y promovido. Es un elemento clave en los catalizadores de los vehículos, aparatos útiles para reducir la emisión de gases contaminantes.

Leruo Motolegi, además de empresario, es monarca. Es el rey de la tribu Bafokeng y recibió el trono por vía hereditaria. Su ceremonia de coronación tuvo lugar en el estadio Bafokeng en 2003, en donde repartió a la multitud comida y bebida en abundancia. El estadio, construido por la reino, fue el único anfitrión privado del país en el mundial del waka waka. Además, el reino ha dotado de impecables carreteras la región y de un centro administrativo en lo alto de una colina, con vista a un valle que se expande desde algunas de las montañas más antiguas del mundo hacia aquellas recientes que albergan el material removido por la extracción de platino.

La monarquía de Bafokeng es aceptada y promovida por el Estado, que desde 1996 se enorgullece de una Constitución garantista, incluyente y pluralista, y desde el 2003 cuenta con una normatividad para reconocer a las jefes tribales y su autonomía. En ocasiones, y en este caso, las autoridades que se cobijan bajo este manto jurídico son en la práctica del mismo linaje de las que fueron favorecidas selectivamente durante la época de la colonia y del Apartheid cuando eran funcionales a estos regímenes.

El pequeño centro urbano de la región controlada por el monarca, Rustenburg, recibe al visitante con un McDonalds y edificios prominentes de Hyundai, Mercedes Benz y un anuncio de la llegada próxima de Audi. Las fotografías enmarcadas en un pequeño hotel recuerdan con nostalgia un cierto idilio que vivieron algunos blancos en una región otrora agrícola. Se exhiben también esculturas de animales silvestres que en tiempos remotos disfrutaron el agua y la fertilidad de la región. Hoy, unas pocas vacas beben en una represa artificial que recibe aguas de la industria del platino, cuyas plantas se imponen en el paisaje tras el humo que expiden sus chimeneas.

Junto a la carretera, en algunos pedazos de tierra, se tambalean las casas de los trabajadores. Algunas son de tejas de zinc. No solo el techo, también las paredes. A lo sumo tendrán seis metros cuadrados. Algunas otras casas son de concreto y la gente ha encontrado maneras de embellecerlas con algunos colores o columnas dóricas.

Las comunidades que habitaron tradicionalmente el territorio han sido confinadas a unos espacios muy limitados de tierra. La desposesión es oculta, porque el monarca reclama como suyas enormes extensiones en su calidad de autoridad tribal. Las comunidades reivindican sus propiedades, pero el camino político y jurídico es muy empinado. En ocasiones, han intentado reclamar ante el monarca los daños ambientales que han sufrido por la industria del platino, pero jamás han escuchado una respuesta. Tampoco han participado en las decisiones que el monarca toma en su nombre.

El poder del rey opaca los principios constitucionales sudafricanos. Una nueva ley busca otorgarle además al monarca facultades jurisdiccionales para redimir conflictos internos. ¿Por qué el Estado sudafricano permite esta monarquía medieval? ¿Se trata de un auténtico reconocimiento a la diversidad étnica y de la autonomía de los grupos tribales? Los prodigiosos ingresos mineros parecen ser una fuerza tentadora e irresistible que da vía libre a estos extremos. ¿Cómo lograr que el encantamiento por los minerales preciosos no vuelva maleables los pilares constitucionales?

*Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (www.dejusticia.org). Este texto fue escrito en el marco de la Ruta de Aprendizaje sobre Industrias Extractivas organizada por Procasur y la Fundación Ford.


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