¿Una Corte de bolsillo?

Desde que se sabe que la Corte Constitucional resolverá si el referendo queda o no con vida, muchas personas han indicado que de una u otra forma ese tema ya está resuelto. Se fundamentan en las últimas nominaciones de magistrados realizadas por el Presidente Uribe. Para mostrar lo generalizado del argumento, cito a dos personas muy distintas pero que en esto opinan parecido.

De un lado, hace unos meses Andrés Pastrana cuestionó la independencia de la Corte Constitucional, afirmando que ésta era una “Corte del bolsillo del Presidente Uribe”, que con antelación había mostrado cómo votará el referendo.
 
De manera menos drástica, el analista Hernando Gómez Buendía ha sostenido que fundamentos “formalmente jurídicos” bastarán “para que la Corte falle pronto y a favor del referendo.” Considera que “con la mayoría del país a favor” de la reelección, “no se imagina uno a cinco magistrados midiéndosele al toro de parar el referendo.” Teniendo en cuenta que las recientes designaciones del Gobierno “fueron visiblemente políticas”, el investigador asume que los tres magistrados nominados por el Presidente votarán a favor de la reelección.

Puede que la Corte tumbe o no el referendo. No sé. Pero los argumentos mencionados no constituyen una explicación exacta o suficiente de lo que sucede en esa Corporación.

Primero, que el Presidente nombre a los magistrados no significa en sí mismo que estos harán lo que él diga. Durante el gobierno de Andrés Pastrana fueron nombrados ocho magistrados (uno menos que en el periodo de Uribe hasta hoy), de los cuales tres salieron de ternas designadas por el hoy ex-presidente (igual número que los ternados por Uribe). Y nadie piensa que dicha Corte estuviera en su bolsillo.
 
En un corto periodo, la Corte tumbó varios proyectos fundamentales de su gobierno, tales como la Ley de Conciliación de procesos laborales, la Ley de Defensa y Seguridad y la Ley de Régimen de Regalías.

La Corte tiene nueve miembros, de los cuales el Presidente nomina a tres. Aún si los tres designados por Uribe están a sus órdenes (cosa que al menos en un caso no parece ser así), sólo suman un tercio de la Sala Plena. Los que vienen de ternas enviadas por el Consejo de Estado y por la Corte Suprema no tienen por qué ser dependientes del gobierno.
 
Además, a la Sala Plena los magistrados no llegan a votar y se van. Más bien, la Sala es un foro de discusión en el cual es trascendental la argumentación jurídica. Hay discusiones que duran varios días y, que en ocasiones llevan a que los magistrados cambien de parecer. Si los tres del gobierno quieren lograr una mayoría de cinco votos, tienen que persuadir a dos más esgrimiendo argumentos convincentes. Su sola presencia no es suficiente.

Segundo, la elección de los magistrados es política (lo cual tiene sentido en un tribunal constitucional). Pero el que ejerzan el cargo durante ocho años y la protección institucional que les da su investidura hacen que los factores que guían su trabajo estén separados de los objetivos políticos de quien los eligió.
 
En muchas partes del mundo el Presidente participa activamente en la designación de jueces de alto nivel, sin que por ello se entienda que le deben el puesto. Un buen ejemplo es el del norteamericano Earl Warren, que era un político republicano y conservador, quien fue nombrado por un presidente republicano y muy conservador (Dwight Eisenhower), pero que lideró, como presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, el activismo más progresista de ese tribunal en toda su historia.

Hay varios casos parecidos en Colombia, en los que magistrados que al ser nombrados se consideran parte de una ideología particular y que tras poco tiempo en el cargo se ajustan a la línea de la Corte. Cuando en los tribunales se consolida una tradición y una legitimidad asociada a esa tradición, surge una inercia institucional y jurisprudencial que hace menos relevantes los cambios en su composición individual.

Una de las cosas que incentiva a la mayoría de magistrados –seguramente no a todos- a decidir para un lado o para el otro es salvaguardar su legado como juristas. Es obvio que no están aislados de su ideología. Sería ingenuo pensar así e inconveniente tratar de exigirlo. Pero las posiciones ideológicas de la mayoría de ellos responden más a maneras de entender el derecho y de apreciar el papel del juez en la sociedad.

Por último, es cierto que los magistrados serán presionados (tal vez lo están siendo ya). Aquí hay que considerar dos tipos de presiones. La primera, que es política e inevitable, es el apoyo mayoritario del pueblo a la continuidad de Uribe. La segunda está constituida de presiones personales e ilegítimas.
 
Aunque ambas se presentaron hace cuatro años (es imposible saber qué tanto pesó en el fuero interno de los magistrados anteriores la amenaza implícita de que si hundían la reelección, cerraban la Corte), existen varias diferencias entre los dos momentos. Primero, obviamente, muchos de los problemas jurídicos son distintos. Segundo, las amenazas o presiones son menos creíbles ahora, cuando casi todas la élites jurídicas y académicas está en contra del referendo. En su círculo profesional, los magistrados pueden sentir más apoyo hoy que hace cuatro años.

Todo lo anterior no quiere decir que la Corte vaya a salvar o a tumbar el referendo. Pero sí, que no se puede concluir que si lo salva es porque Uribe quiere. Decir que inevitablemente el tema está saldado constituye una presión que va en contravía de aquello mismo que Pastrana y Gómez Buendía dicen defender: la independencia de la Corte.