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Opinión

  • | 2012/09/01 00:00

    Una Corte sin conflicto

    Lo que prueba este escenario tan lamentable para un país sin justicia es que la reelección del procurador resulta tan permisiva como la reelección presidencial.

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La decisión de la Corte Suprema de Justicia de escoger al procurador Alejandro Ordóñez -quien busca ser reelegido en su cargo- deja al descubierto la verdadera estatura ética de esta nueva corte: pese al conflicto de intereses que implicaba ternarlo, acabó postulando su nombre y de manera unánime.

No importó que varios de los magistrados tuvieran familiares nombrados en la Procuraduría ni que les quedara mal postular a quien era el jefe de sus más allegados. Según La Silla Vacía, son varios los magistrados con familiares trabajando en esa entidad. El presidente de la Sala Penal de la Corte, Leonidas Bustos tiene a su mujer; Ruth Marina Díaz, la magistrada que lideró la candidatura del procurador, tiene una sobrina y el presidente de la Corte Suprema de Justicia Javier Zapata, aceptó en una entrevista en la F.M de Vicky Dávila, que tenía una familiar en "una institución del Estado", que según mis fuentes, no es otra que la Procuraduría. Pero repito, a pesar de lo anterior, ningún magistrado tuvo la menor duda de que estuvieran actuando en contra de la ética propia de su investidura. A ninguno de ellos se le aceptó su impedimento y ni uno solo voto en blanco. Saltaron la valla del conflicto de intereses de manera de olímpica.

Si estos son los señores que representan la majestad de la justicia, no me extraña que esta haya sido la corte que terminó tranzando con la clase política una reforma judicial que tenía por objetivo volver inmunes a los congresistas a cambio de dos gabelas: el aumento en la edad de retiro de los magistrados y la prórroga automática de su periodo.

Tampoco les importó el hecho de que la Corte Suprema de Justicia estuviera postulando a quien tiene que investigar disciplinariamente. Ni que recientemente se hubiera archivado la investigación que se había abierto contra Ordóñez hacía menos de dos años y mucho menos que esta decisión hubiera coincidido con la llegada de nuevos magistrados, muchos de ellos afines a la ideología del procurador Ordóñez. Los magistrados dirán que tampoco aquí hay mayor problema porque si el procurador resulta reelecto, la Constitución prevé que en estos casos, esa función de juez del procurador que tiene asignada la Corte, puede ser ejercida por el Consejo de Estado. Pero los procesos actuales que ya tiene el procurador en la Corte se quedan. Pregunto: ¿habrá algún magistrado que sea capaz de moverlos después si el procurador resulta reelegido?

Pero tal vez el conflicto de intereses que más va a afectar a la justicia es el que tiene que ver con el hecho de que la Corte Suprema haga esta postulación teniendo de por medio investigaciones de senadores por el caso de la parapolítica o de la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuyos votos necesita el procurador para salir reelegido. Esa relación tan sutil, pero que sienten con fuerza a la hora de votar los senadores, es el conflicto de intereses que más efectos nocivos puede tener sobre las investigaciones que esté adelantado la Corte Suprema de Justicia. Investigaciones como las de la DNE, que tienen en el ojo del huracán a congresistas como la conservadora Miriam Paredes, andan a paso de tortuga sin que esa lentitud haya despertado las alarmas en la Procuraduría. Para no hablar del caso de Cajanal por el que se investiga el senador Hernán Andrade denunciado hace unos días por Noticias Uno.

¿Se declararán esos senadores investigados por la Procuraduría impedidos para votar por el procurador Ordóñez o será que el Congreso no les va a aceptar esos impedimentos como sucedió con los magistrados que tenían familiares en la Procuraduría? ¿Por qué no avanzan ni en la Procuraduría ni en la Corte Suprema, (ni en la Fiscalía), las investigaciones sobre la Dirección Nacional de Estupefacientes?

Por donde se vea el conflicto de intereses salta a la vista pero los únicos que no lo vieron fueron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuya dignidad ellos mismos se han encargado de minar.

Lo que prueba este escenario tan lamentable, para un país sin justicia y con impunidades tan altas, es que la reelección del procurador resulta tan permisiva como la reelección presidencial. En ambas salen ganando los políticos y perdiendo los colombianos, porque los primeros consiguen meter a la justicia en su bolsillo. Y sin justicia no puede haber paz. 

CODA: El presidente Santos sacó al ministro de Transporte Miguel Peñalosa porque su mujer era contratista del Estado, pero deja al alto consejero para las regiones, Alex Char, que es contratista del Estado y que ha incumplido, como sucede con la concesión de la carretera Bogotá-Girardot. ¿Será que hay santistas de primera y de segunda clase?
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