Una Corte Suprema de espaldas al país

La más reciente medición de la firma Invamer-Gallup demuestra que los colombianos siguen descontentos por todo. El 72 por ciento manifiesta que el país transita por un mal camino, la credibilidad de las instituciones es cada día peor, ya nadie cree en nada, las personas consideran que el sistema se agotó y en la medida en que pasa el tiempo sienten que no mejoran sus condiciones. La gente cree que la desigualdad y la falta de oportunidades no cambiarán jamás. ¡Preocupante!

Como si fuera poco, luego de una serie de noticias donde se catalogaba a Colombia como el país más corrupto del mundo, la aclaración de Transparencia Internacional nos dejó en el puesto 96 entre 180 países medidos en percepción de corrupción. Aunque quedamos lejos de ser los más corruptos, la lógica sería no aparecer en estas mediciones.

A su vez la desconfianza se agudiza mucho más. En la última Encuesta Mundial de Valores, realizada por Invamer, los encuestados afirman que la corrupción viene imperando en el Estado, y nueve de cada diez personas afirman que este flagelo se ha desbordado y el 50 por ciento cree que el pago de sobornos es una regla. ¡Lamentable!

Mientras los colombianos arrancan el año con estos índices de desconfianza, hay otro episodio bochornoso y lamentable que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Aquí aparece  de nuevo esa mezcla tóxica entre política y justicia, como si la lección del cartel de la toga no hubiese sido suficiente para no volver a repetirla. En dicho cartel, algunos magistrados y políticos montaron un grupo criminal para vender fallos, comprar testigos, acomodar evidencias, cobrar sobornos, acomodar puestos, entre otros hechos delincuenciales.

Hoy acudimos a algo similar por cuenta del voraz apetito burocrático de dos bandos de togados. La pelea, como lo han señalado varios medios, se denomina “costeños versus paisas”. Estos dos grupos de magistrados van por todo y el primer pulso se libra por la presidencia del máximo tribunal, en donde el magistrado Jorge Luis Quiroz (costeño) viene librando una batalla contra su colega de la sala laboral Gerardo Botero (paisa).  

Los lobbies, almuerzos, regalos y hasta chantajes aprovechando la elección de las siete vacantes son el pan de cada día en el máximo tribunal. Hoy en los pasillos del Palacio de Justicia no se habla de jurisprudencia o academia, sino de dónde será el próximo sitio para ir reunirse, seguir con la conspiradera y el bloqueo en las elecciones al interior de la Corte, incluida la del fiscal general de la nación.

La situación es tan grave que, en una carta enviada al presidente de la Corte Suprema, el magistrado de la sala civil Ariel Salazar Ramírez, próximo a terminar su periodo a finales de febrero, señala que “ha votado en blanco cuando se ha tratado de candidatos recomendados por personas que, una vez elegidas en la corporación, se dedican a practicar el turismo judicial y a hacer uso indebido de las facultades electorales atribuidas a la Corte Suprema". Es decir que aquella práctica de Bustos, Ricaurte y Malo sigue en la Corte. ¿Estaremos ante el cartel de la toga parte II?

Esto demuestra que el sistema de cooptación (elección entre ellos mismos), por el cual los magistrados votan, está agotado, es arcaico y permite que personas no aptas y con intereses oscuros lleguen al máximo tribunal.

Si bien es cierto que la presidencia debería ser para el magistrado Jorge Luis Quiroz, quien es el actual vicepresidente, los días pasan y la crisis se agudiza sin que los magistrados sientan un mínimo de vergüenza. El pasado 23 de enero, en la primera sala plena del año, se dieron cita en el Palacio de Justicia desde las 9:00 a.m. Hablaron durante todo el día y no tomaron ninguna decisión sobre nada.

Una vez más el bloqueo persistió, aplicando la práctica mañosa que hace carrera en la Corte, que consiste en dilatar y acumular varias elecciones para sí empezar las negociaciones oscuras. En eso impera el “yo te elijo y tú me eliges” o el “yo voto por tu candidato a fiscal y tú me das puestos”, al mejor estilo del cartel de la toga.

Ni Quiroz ni Botero lograron la mayoría para alcanzar la presidencia. A esa elección de las vacantes de nuevo le sacaron el cuerpo. Por su parte, la votación para la elección del fiscal se realizó y nadie consiguió los votos suficientes. El alto consejero presidencial Francisco Barbosa logró un voto más que el año pasado y obtuvo 12 de los 16 necesarios. De Clara María González y Camilo Gómez no se conocieron mayores detalles. Todo en completa oscuridad, como ya es cotidiano en la Corte.

Estamos a menos de un mes de que la Corte se quede sin quórum. Si el magistrado Salazar precipita su salida, eso sería el fin del tribunal y obligaría a la declaración del estado excepción, en el cual el gobierno entraría a regular. De todos modos, la última palabra la tendría la Corte Constitucional, ya que estos decretos tienen examen de constitucionalidad.

La agonía para muchos quedó aplazada para este 30 de enero, en una sala extraordinaria. Allí se sabrá si en todo esto impera la legalidad (cosa que no creo) y la Corte lograr salvar la poca dignidad que le queda, o si seguirán dilatando hasta que el chantaje cuaje o el gobierno reglamente.

*Abogado constitucionalista y analista político, magíster en derecho y docente universitario.
Twitter: @AfandinoB