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Opinión

  • | 2011/01/29 00:00

    Una decisión contraevidente

    La llamada investigación muestra el pobre trabajo de recopilación testimonial y desconoce el alcance de documentos que hace meses están a la vista.

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El Consejo Nacional Electoral no es propiamente un tribunal. La Constitución lo estableció como un órgano de representación partidista. Los llamados magistrados -salvo excepciones- suelen ser políticos de medio pelo que no alcanzaron los votos para un cargo de elección y terminaron en el CNE como premio de consolación. Ese consejo ya no tiene representantes de la oposición. Todos sus integrantes son miembros de la coalición del gobierno. De La U hasta el PIN, pasando por la sombra de lo que fuera el Partido Liberal.
 
Nada de eso sorprende, y confirma, más bien, la mediocridad de la institución. Sin embargo, la determinación de archivar la investigación a la campaña del ex ministro Andrés Felipe Arias, a pesar de las pruebas conocidas, es realmente asombrosa.
 
Y lo es porque la llamada investigación muestra el pobre trabajo de recopilación testimonial y desconoce el alcance de documentos que hace meses están a la vista.
 
En esta columna se probó documentalmente que -a pesar de la norma que prohíbe el aporte de personas jurídicas a este tipo de campañas- la empresa Mayagüez S. A. remitió a la campaña de Arias al menos dos cheques que salieron de personas vinculadas a accionistas de la poderosa compañía. (Vea el documento). La remitente Mayagüez recibió más de tres mil millones de pesos en beneficios de Agro Ingreso Seguro.

Uno de los aportantes, Jaime Correa Holguín, es representante legal de una compañía accionista de Mayagüez. También es hermano del antiguo presidente y miembro de la junta del grupo Álvaro Correa, quien, junto con su hijo Álvaro José, recibió adicionalmente, a través de sus empresas familiares, Alvalena y la Juliana, otros 700 millones de pesos en AIS. (Vea el documento)
 
El señor Correa no se explica por qué su aporte fue enviado a la campaña de Arias por Mayagüez: "Presumo que se nos dijo: 'Esas contribuciones se envían a la oficina de Mayagüez S. A'". El agudo investigador del CNE no preguntó de dónde presume el testigo que salió esa instrucción. (Vea el documento)

Tanto él como Roberto Hurtado, el firmante del otro cheque, aseguran que no conocen a Claudia Martínez, la directora jurídica de Mayagüez, que envió sus aportes a la campaña. Pero al investigador no lo sorprendió que ella respondiera que los había hecho "por solicitud que algunos accionistas personas naturales me hacen" (Vea el documento)

O la solicitud se la hicieron unos desconocidos o la jefe jurídica cumplía instrucciones de sus jefes cuando enviaba cheques a la campaña de Arias. Pero el que no quiere averiguar simplemente no pregunta.
 
El señor Roberto Hurtado acepta, además, que su cheque fue girado en realidad de una cuenta que pertenece a su hijo Juan Rafael Hurtado Yoda, representante de una empresa accionista de Mayagüez, registrado como el verdadero aportante de la campaña. El investigador del CNE no citó al donante real, se conformó con la versión del firmante del cheque.
 
Tampoco encontró nada que decir sobre otros aportantes que entregaron dineros para financiar a Arias a través de una fundación constituida por directivos de la campaña y que, según su propia contabilidad, movió más de quinientos ochenta millones de pesos, pero el CNE solo encontró 360. (Vea el documento)

La relación entre campaña y fundación fue tan evidente que en el acta de MAC donde autorizan la donación quedó establecido: "Por unanimidad la Junta Directiva de MAC (…) aprueba conceder autorización al Presidente y Representante Legal (…) para que en nombre y representación de la sociedad efectúe donación a favor de la CORPORACION COLOMBIA CAMBIÓ destinada a apoyar al Candidato a la Presidencia de la República de Colombia DR. ANDRES FELIPE ARIAS en la consulta popular interna del Partido Conservador Colombiano". (Vea el documento)
 
Sin embargo, el CNE, en una nueva jurisprudencia, si así puede llamarse, consagró que estos no eran aportes de campaña porque fueron recaudados por la fundación cuando la consulta popular conservadora estaba suspendida.

La nueva interpretación abre un interesante boquete jurídico para Luis Guillermo Giraldo, quien ha argumentado siempre que no hubo irregularidad en la financiación de la recolección de firmas del referendo reeleccionista porque las normas solo rigen para la campaña y esa campaña no había empezado oficialmente.
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