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Una infamia legalmente consentida

Cristina Motta, investigadora de DJS, denuncia la indolencia de los jueces frente al abuso infantil.

Semana
14 de noviembre de 2004

Uno de los problemas más perturbadores que debe enfrentar la justicia en cualquier lugar del mundo es el tema del abuso infantil. Si bien el espectro de este mal es universal, en Colombia y en Latinoamérica tiene una cierta especificidad: la equívoca respuesta de la justicia ante las evidencias de su ocurrencia. Así lo demuestra la reciente, y valiente, denuncia de una periodista colombiana que, a pesar de haber descubierto que su marido había abusado de su hija de 3 años, no logró siquiera que la justicia restringiera el contacto del padre abusador con la menor.

La incapacidad o la debilidad de jueces y fiscales en este tipo de hechos ha sido interpretada de diversas maneras. Una mirada muy común que, a pesar de ser muy esbozada, es poco elaborada, apunta al carácter patriarcal de las sociedades y aduce una pretendida y oscura solidaridad de género que llevaría a los jueces -hombres- a justificar las experiencias sexuales, cualquiera que ellas sean, de sus congéneres.

Otra causa más difícil de combatir es la que asume el tratamiento benigno que dan los jueces y fiscales a los abusos en la familia como una respuesta lógica de una filosofía penal que busca moderar el poder disciplinario del Estado. Un elocuente ejemplo de esta actitud se dio en Argentina, en 1997, cuando un respetado penalista (años después, designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el intento del Presidente actual por tener una corte idónea y digna) avaló una decisión que, entre otras razones, aducía: "Resulta excesivo aplicar el máximo de la pena por el delito de abuso deshonesto en perjuicio de una menor de 8 años, si se trata de un hombre joven y padre de familia que sufrirá graves consecuencias en el plano familiar y laboral, además de social, si no causó daños físicos a la menor y el único hecho imputado -introducción del miembro viril en la boca- se consumó a oscuras, lo que reduce el contenido traumático de la desfavorable vivencia para la menor, no cabiendo dudas de que la penetración bucal no es dolorosa". En el momento de enfrentarse a las audiencias para su nombramiento en la Corte, el penalista explicaba su apoyo a esta decisión en su lucha por un derecho penal mínimo.

También es común encontrar en muchos argumentos de jueces conservadores de Latinoamérica la explicación de sus decisiones a partir del privilegio que les estarían dando a ciertos valores e instituciones sobre otros. La idea de familia, por ejemplo, es con frecuencia amparada como un valor superior, incluso sobre la integridad física y sexual de mujeres y niños. Frente a los delitos cometidos por padres de familia se equilibrarían los costos de la pena privilegiando la unión familiar sobre los intereses de sus miembros.

Sin embargo, el argumento más extendido para justificar la falta de acción en el ámbito familiar es de origen liberal y propugna por la abstención estatal de los asuntos privados. Los conflictos familiares resultan así reducidos a la categoría de conflictos triviales, íntimos, sexuales y, por lo tanto, de menor categoría que los asuntos urgentes y públicos. Son pequeñas causas. No importa que esta caracterización choque con los alarmantes niveles de violencia en el espacio privado, con las no menos inquietantes cifras de agresión y abuso sexual, y con la profunda e incuestionada relación que existe entre la violencia privada y la convivencia social.

Más allá del machismo, el abolicionismo, el conservadurismo, el liberalismo o de cualquier idea o prejuicio que trate de explicar la exigua acción de la justicia en estos casos, es indudable que las prácticas jurídicas en la región son débiles e inconsistentes cuando se trata de comportamientos lesivos en el espacio familiar. Casos como el recientemente denunciado demuestran la lamentable vigencia de convicciones como el carácter secreto de lo privado o la poca atención y severidad que merecen este tipo de delitos.

Parece no importar el que con esta reiterada y deliberada imprudencia se esté engendrando la más temible de todas las formas de impunidad.

* Investigadora asociada DJS

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