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Opinión

  • | 2017/01/20 10:26

    ¿Delitos menores?

    Está comprobado que la infraestructura y la pedagogía son necesarias pero no suficientes. Lo que se requiere es una justicia que garantice que los delincuentes no salgan de la cárcel.

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Lo sucedido con Leonardo Licht Hoyos, funcionario de Recaudo Bogotá asesinado por llamar la atención a un colado sobre la obligación de pagar su pasaje, es indignante e inaceptable. Más aún sabiendo que el homicida estaba en libertad a pesar de haber cometido varios delitos como porte ilegal de armas, hurto calificado y agravado, y tentativa de homicidio.

En este caso se hace evidente la conjunción nefasta de dos realidades: la falta de justicia en los llamados delitos menores, que permite que muchos delincuentes terminen libres sin pagar un día de cárcel, y la falta de conciencia de los ciudadanos sobre la necesidad de respetar las normas.

Sobre el primer punto debemos preguntarnos: ¿Qué sistema de justicia deja excarcelar un delincuente que ha cometido tantos delitos? Lamentablemente uno en el que la pena no está concebida para prevenir. A buena hora el presidente Santos sancionó la Ley de Procedimiento Especial Abreviado, mejor conocida como Ley de Pequeñas Causas, que introduce dos grandes reformas al procedimiento penal colombiano. 

Por un lado, se reduce de siete a dos audiencias el proceso penal, lo que acelera el juzgamiento de las pequeñas causas, que son los delitos como hurto calificado y agravado, lesiones personales transitorias sin secuelas o culposas, estafa, abuso de confianza, protección de datos, protección a los derechos de autor, inasistencia alimentaria y uso ilegítimo de patentes, entre otros.

También crea la figura del “Acusador privado”, que permite que además de la Fiscalía, los ciudadanos tengan la oportunidad de acusar por un delito. Por ejemplo, un policía que captura en flagrancia o cualquier víctima directa o indirecta podría -sin tener que poner el delito en conocimiento de un fiscal- acusar directamente ante la justicia, allegando la pruebas, a través de un abogado. Con esto esperaríamos que se logre por fin evitar que los delincuentes salgan al día siguiente de la cárcel.

Por otro lado, al hablar de la falta de conciencia ciudadana sobre el respeto de las normas, vemos que hay una cultura de la ilegalidad, que está claramente representada por los colados de Transmilenio. Solucionar esto requiere de una serie de acciones, que van desde la pedagogía hasta la sanción, sea penal o pecuniaria. Pero la cosa no para ahí. El año pasado se registraron más de 1.092 agresiones en todo el sistema de movilidad contra las personas que a diario prestan el servicio en el sistema masivo de transporte, incluidos los conductores. Estamos ante una situación más que grave.

Según un informe de la Alcaldía, durante el 2016 en estaciones se instalaron 4.000 metros lineales de cerramientos tubulares, se recuperaron fachadas y se instalaron marcos más robustos y nuevas películas de seguridad en las puertas. Además, la Policía impuso más de 6.000 comparendos a personas que trataron de ingresar de manera irregular. Pero sigue habiendo colados, y muertos por colarse. Lamentablemente ninguna medida parece ser suficiente.

La última esperanza está en la entrada en vigencia y aplicación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, el cual define una multa de 196.724 pesos por “evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades” y 98.360 pesos adicionales por “ingresar y salir de las estaciones de transporte público masivo por sitios distintos a las puertas destinadas para el efecto”; y que en caso de no pago, no podrán ser nombrados o ascendidos en cargos públicos, ni contratar o renovar contrato con cualquiera del estado u obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio. Es decir que existirán sanciones reales a quienes se cuelan, robando a la ciudad y a todos los bogotanos.


Está comprobado que la infraestructura y la pedagogía son necesarias pero no suficientes. Lo que se requiere es una justicia que garantice que los delincuentes no salgan de la cárce; sanciones efectivas de las autoridades para demostrar que colarse en Transmilenio sale caro, acompañada de un rechazo contundente y unánime de todos los ciudadanos, porque la indiferencia se está convirtiendo en cómplice de estos delitos.

*Presidente Pro Bogotá Región.

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